María R. Alcázar: "¿Dónde está la eficiencia de la Administración si se necesita una respuesta rápida?"

El último estudio hasta la fecha de la Fundación Cotec para la Innovación sobre Covid y Educación muestra las diferencias entre las prioridades por comunidades al invertir el Fondo Covid y entre lo que plasmaron en su normativa y lo que recogieron en sus presupuestos. Hablamos con María Rodríguez Alcázar, coordinadora de la investigación y técnica de Educación de la Plataforma de Infancia.

¿Qué ofrece este cuarto y último estudio?
–El contraste entre normativa e inversión muestra una falta de convergencia muy clara en algunos campos. Por ejemplo, según la encuesta de Cole Seguro, el 82% de la población consideraba que la pandemia y las medidas implantadas tendrían consecuencias sobre la salud mental y el bienestar de los niños y niñas. Las comunidades recogen en su normativa planes de atención socioemocional y acciones formativas para el apoyo psicosocial, pero no se refuerza ni un ápice la inversión en salud mental. También sorprende el grado de ejecución sobre lo presupuestado en dispositivos y formación en competencia digital del profesorado, que no llegaba al 60% en diciembre, cuando se supone que debería haberse ejecutado al inicio de curso. En comunidades como Cataluña se había gastado menos del 2%.

Teniendo en cuenta que los ordenadores de Educa en Digital han llegado en el tercer trimestre…
–Este es un programa que no analizamos en el estudio, pero es un tema preocupante. Respecto a los dispositivos sufragados con los fondos Covid, alguna comunidad nos ha llegado a decir que se tarda tanto en gestionar un contrato público para entregar ordenadores que podían aportar muchos más a través de colaboraciones con entidades privadas que a través de la gestión pública, lo que nos lleva a preguntarnos dónde está la eficiencia de la Administración cuando se necesita una respuesta rápida. Además es llamativo que la formación docente para la adaptación digital, clave este curso, con mucha clase semipresencial, sí se recoja en la normativa de muchas comunidades pero no se refleje en los presupuestos.

¿Cree que con la pandemia han crecido las diferencias entre comunidades?
–Lo que vemos es que en algunas se han puesto en marcha programas particulares dignos de replicarse, sobre todo en la partida de igualdad en el acceso a la Educación, que no se ven en otras. Por ejemplo, Galicia aportó mascarillas a los alumnos que recibían ayudas para material escolar, lo que es una buena práctica en términos de equidad. Y Baleares invirtió mucho en su programa de refuerzo y ayudas al alumnado vulnerable a través de los fondos Covid y es también es una de las comunidades que dedicó una partida importante a becas de comedor. Solo otras seis comunidades (Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Región de Murcia y el País Vasco) invirtieron parte del fondo Covid en comedor, bien para becas o bien para reforzar el servicio.

Recabar esta información no habrá sido fácil.
–No, la transparencia es mejorable. Accedimos a los contratos públicos en los servicios de contratación, pero allí no está toda la información de estas partidas, y hay que recurrir a más fuentes (comparecencias en sedes parlamentarias, etc.). Al final le trasladamos el análisis a las comunidades y a día de hoy solo seis nos han corroborado los datos y añadido nuevos. Algunas nos dijeron que ni ellas tenían superclara esta información.

¿Qué hemos aprendido este curso?
–Hemos tenido la oportunidad de reducir el número de alumnos, de reducir la ratio, algo que llevan mucho tiempo pidiendo los docentes y organizaciones como la nuestra, y de ver cómo funciona. Los resultados han sido positivos y, por nuestra parte, no querríamos que aumentaran las ratios el curso que viene, que esperamos que sea de cierta normalidad. En cuanto a la presencialidad, España ha realizado un esfuerzo bastante importante por mantenerla y lo valoramos muy positivamente.