Selectividad 2021: la evidencia de la brecha autonómica

Este mes de junio la Selectividad abre portadas, titulares y noticias de este tipo:

“Arranca la Selectividad más desigual: nueve autonomías permiten examinarse con suspensos y ocho exigen tenerlo todo aprobado.

Las preguntas y el temario serán distintos según las regiones, pese a que la nota que un alumno saca en su ciudad le abre la puerta a cualquier universidad de España”.

La denuncia y la queja es unánime: el nivel de exigencia no es el mismo en toda España. Es un hecho objetivo que todo el mundo suscribe menos el Gobierno. En este sentido, hace unos días la ministra Celáa ha afirmado que “es falso hablar de 17 modelos” porque “la prueba responde a la misma estructura”.

Ruego al lector que relea la anterior frase: lo que está diciendo la ministra de Educación es que como la estructura de la prueba de acceso a la universidad es la misma en todas las CCAA (cuestión que tampoco es estrictamente cierta) no se puede hablar de 17 “modelos”. Es decir, da una respuesta basándose en la estructura formal de la prueba, y no en su contenido, que es lo que supone el verdadero agravio comparativo: desde el tema lingüístico –que abarca algo tan básico como la dificultad de tener a disposición del alumno el examen en castellano en las CCAA donde hay lengua cooficial– hasta los contenidos de historia.

Luego se ha comprometido a hacer una prueba más “armonizada” y que sea “muy homologable”. Entre decir eso y nada hay poca diferencia. Celaá tiene la costumbre de hablar con palabras generalistas, pero vacías de contenido, a través de las cuales consigue, de forma engañosa, dar una impresión de equilibrio.

El Estado de las Autonomías está en crisis. En el ámbito educativo lo vemos día tras día: niños con autismo, con dislexia, o con cualquier otra necesidad educativa específica están desigualmente atendidos según sea la CCAA en la que nazcan y crezcan.

Lo mismo respecto de los resultados desiguales (PISA 2015) que mide el rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias de estudiantes de 15 años, y que refleja resultados muy desiguales entre las distintas CCAA.

Por no hablar de la atención temprana, la dependencia o algo que deberíamos dar por supuesto como es la posibilidad de ser escolarizados en español. Esto último se ha convertido en algo heroico en las CCAA donde hay lengua cooficial.

Mientras que velar por esta igualdad debería ser una prioridad del gobierno, lo que está ocurriendo es que hay cada vez más una dejación de funciones en favor de los gobiernos autonómicos, una especie de sálvese quien pueda, que deriva en una enorme insolidaridad entre las CCAA que representan a los distintos modos de ser español.

La ministra, como hemos visto, no da solución a este problema concreto del examen de Selectividad.

La realidad es que el alumnado está siendo discriminado por el lugar en el que se examine de la prueba de acceso a la universidad, desde el momento en que las pruebas que, en definitiva, van a determinar las clasificaciones son diferentes y de distinto nivel.

La sociedad, la comunidad educativa, lo denuncia año tras año. Pero detrás de la denuncia late un tono resignado, como si no pudiéramos hacer nada, como si “esta fuera nuestra suerte”. Sin embargo, con voluntad política las cosas podrían ser muy distintas y mejores.

La Educación, los jóvenes españoles –el futuro de España– no pueden ser las eternas víctimas de enfrentamientos ideológicos que en nada contribuyen a la construcción de una sociedad sana y próspera. Trascender la ideología no supone renunciar a lo que uno defiende, pero implica el esfuerzo por conectar con la realidad y así solucionar los problemas reales de los españoles, buscando soluciones a lo urgente, sí, al tiempo que se desarrolla una mirada de largo alcance.

Es lo que, día tras día –casi siempre ante el silencio de los medios– hacemos los cargos electos de Vox, respondiendo con nuestro trabajo a las necesidades de los distintos sectores de la sociedad española.

Lo que hace falta es voluntad política, pues cuando ha gobernado el PP esta cuestión tampoco ha mejorado.

Por eso en la PNL que presentamos desde Vox no nos conformamos con expresar el deseo de una Selectividad que garantizase la igualdad y equidad del alumnado en todo el territorio español, sino que especificamos y propusimos “promover las modificaciones legales oportunas con el fin de configurar una prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAu) que garantice la igualdad del alumnado en todo el territorio español y con independencia de la Comunidad Autónoma en que se realice la prueba”.

Es decir, legislar para que esto se haga efectivo. Y si para ello hay que unificar el currículo de Bachillerato en las distintas CCAA, que es el modo de lograr un examen en condiciones de igualdad, debería hacerse. ¿Acaso acabar con esta desigualdad y la falta de equidad, que son principios rectores del texto constituyente, no lo justifican? El artículo 38 LOE y el 149.1.1ª de la CE abundan en la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y entre españoles.

Esto es precisamente lo que puede y debe hacer el Gobierno, y no escudarse en que estamos ante un sistema autónomico, y que no hay nada que hacer… ¿nada que hacer? ¿Acaso no se acaba de redactar una ley?

La nota final de Bachillerato y Selectividad son las puertas de entrada a una titulación u otra, y al posterior desarrollo profesional de cada estudiante, en base a sus preferencias. Acertar desde el principio redunda en la construcción de un tejido social más sólido que contribuye a la prosperidad de una nación, que es lo que en última instancia busca el gobernante. Prosperidad social y económica.

Y ya por último, una nota acerca de la objetividad en la corrección de las pruebas. Resulta necesario que la corrección de las pruebas se realice por el mismo órgano, sin que quepan variedad de criterios a la hora de realizar las revisiones.

A mi modo de ver, no es muy halagüeño ver el examen de lengua de Selectividad de este mismo mes de junio de 2021 en Murcia, por ejemplo: el alumno tiene que elegir entre un artículo que critica la Ley Celaá, y otro que habla de la igualdad de género. ¿Tendrán criterio los alumnos para hacer un comentario de texto en asuntos tan políticos? ¿Serán objetivos los correctores? ¿No se podrían buscar textos menos ideologizados? Por no recordar los exámenes de historia de 2018 en Cataluña, que exhibe un cartel de las Juventudes Socialistas

Unificadas de 1937 en la convocatoria de junio en el que leemos: “Espanya és nostra. Fora d’Espanya l’invasor”, o ese mismo año, en la convocatoria de septiembre donde se pregunta:

“Explique la represión franquista en Catalunya” (nótese el detalle de la pregunta en español, pero Cataluña con “ny”).

Y en cada CCAA encontramos a lo largo de los años, textos de uno u otro signo político, que en nada contribuyen a ese Pacto Educativo que deberíamos lograr, por el bien de las generaciones actuales y de las venideras.