El Consejo Escolar quiere una oferta suficiente de FP en la "España vaciada"

DOCUMENTOS: Enmiendas a la Ley de FP del Consejo Escolar (PDF)

Tras aprobar el dictamen del anteproyecto de ley por 71 votos a favor y cinco en contra, el Consejo Escolar, cuyas decisiones no son vinculantes, ha aprobado que en cada curso de FP haya un mínimo de horas del currículum en lengua extranjera técnica (inglés, alemán, francés o italiano) que vendrá determinado por el proyecto educativo del centro y la familia profesional. Además, las administraciones deberán garantizar la oferta de estas enseñanzas en las zonas del mundo rural y la «España vaciada», según el contenido de varias de las enmiendas que han salido adelante, muchas de las cuales han sido de adición, supresión o modificación de naturaleza técnica.

A instancias de CCOO, se aconseja incluir un nuevo principio “p”, que consiste en la corresponsabilidad territorial en la oferta de FP, con la creación de un “distrito único” de esta enseñanza y con el consiguiente programa de becas. Ello permite «la movilidad del alumnado por toda la oferta de formación profesional del sistema educativo en toda España y que posibilite que ningún alumno» se quede sin poder cursar por razones geográficas o de oferta las enseñanzas de formación profesional que desee.

El Pleno del Consejo Escolar, que ha presidido la ministra de Educación, Pilar Alegría, también reclama en una de sus enmiendas la supresión de cualquier tasa de matriculación en estas enseñanzas y la ampliación de la oferta en todos los centros educativos, especialmente los del ámbito rural.

Por último se ha acordado excluir la formación dual obligatoria en la Formación Profesional Básica teniendo en cuenta, entre otras cosas, la edad de los alumnos, así como aumentar las plantillas docentes para extender el sistema dual con garantías suficientes para la formación del estudiante.

Al informe, el sindicato STES ha presentado un voto particular por considerar que del texto se deduce que «el eje vertebrador del sistema de la FP es la empresa en términos abstractos sin tener en cuenta el alumnado, el profesorado y la sociedad en general». La nueva ley, considera, «crea nuevas situaciones que aún estigmatizarán más la FP como es el caso de impedir el acceso directo de los titulados superiores de FP a la Universidad, derecho este hasta ahora inherente a la titulación superior de FP».

Previamente, el Consejo Escolar aprobó por 71 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones el informe de la ponencia sobre la nueva ley, que aboga por un aumento inversor «significativo» y un mayor número de docentes. Durante su intervención, la ministra Alegría defendió el diálogo y la colaboración como herramientas para consolidar el nuevo modelo de la Formación Profesional.

En la ponencia de la futura ley, una de las apuestas del Gobierno en esta legislatura, el Consejo Escolar aboga por dotar a esta norma de un aumento inversor «significativo» y advierte de que la estancia de los alumnos en las empresas no debe suponer «en ningún caso» una reducción de sus horas lectivas en los centros docentes. La modificación de la FP tiene que «venir acompañada de un incremento de la financiación destinada a estas enseñanzas», comportar «el aumento numérico del sector docente y formador y propiciar la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas», así como la extensión de la red de centros» en todo el país.

Por otro lado, el Consejo Escolar pide incorporar a la redacción de la ley que las administraciones promuevan el acceso de los chicos a los ciclos relacionados con los cuidados de las personas, los servicios a la comunidad y todos aquellos de mayoritaria composición femenina en la actualidad, y el de las alumnas a los ciclos formativos que conducen a trabajos del sector industrial y, en general, los considerados trabajos masculinos. «En ambos casos se desarrollarán campañas de sensibilización y podrán establecerse incentivos económicos y/o educativos que ayuden al objetivo”, afirma.

También pide que las universidades diseñen itinerarios para docentes de FP y del reconocimiento mutuo, en calidad de créditos de educación superior, de la Formación Profesional de grado superior y las enseñanzas universitarias para facilitar itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambos sentidos.