El gasto educativo sube durante la pandemia, pero se "descuidan" los derechos de la infancia

Esta es una de las conclusiones del informe Un curso escolar atravesado por la pandemia, de Political Watch y de la Plataforma de la Infancia, que analiza la inversión pública extraordinaria destinada para garantizar el derecho a la Educación en el curso 2020-21 y que recoge datos de encuestas demoscópicas de la percepción de las familias sobre las medidas en centros educativos. Según el estudio, basado en la consulta a 65 plataformas públicas de acceso a información y en el análisis de más de 18.000 contratos, los fondos se han concentrado en la adaptación a los protocolos Covid (72,2% del total y 206 euros de media por alumno), por delante de la inversión en Educación digital (16,1% y 45,9 euros) y del gasto en equidad (11,6% y 33 euros).

A nivel regional, el esfuerzo adicional propio de las comunidades autónomas representa de media el 30,6% de los fondos extraordinarios y ha supuesto un aumento promedio del 2,9% del presupuesto de Educación respecto al año anterior. Castilla-La Mancha (49,8%), Galicia (47,6%), Madrid (47,5%), Navarra (45,2%), Murcia (45,1%) y Cantabria (45,1%) son las comunidades que mayor inversión propia han aportado sobre el total de fondos extraordinarios disponibles en su territorio, según el informe.

Bienestar en la infancia

El estudio señala también que la mitad de las familias (54%) estiman que reducir el número de alumnos por aula ha mejorado la calidad de la Educación, aunque uno de cada tres señala que el aprovechamiento educativo durante este curso ha sido inferior a los anteriores. No obstante, a pesar de que el gasto adicional garantice la presencialidad segura, las administraciones han descuidado el bienestar de los alumnos, según añade el documento.

Según el informe, cuatro de cada cinco familias (el 82%) opina que las medidas adoptadas pueden impactar negativamente en la salud mental y en el bienestar emocional de los niños. «La planificación de medidas no ha priorizado de forma suficiente el bienestar de la infancia y el cumplimiento integral de sus derechos. Su derecho al descanso y al esparcimiento se han visto muy limitados por las medidas, afectando directamente a sus relaciones sociales», advierte la especialista en educación de la Plataforma de Infancia María Rodríguez.

En este sentido, la mitad de los alumnos han visto alterado su derecho al descanso en el centro escolar: el 3% de los niños no han podido salir al patio durante la hora del recreo y el 47% solo ha podido hacerlo algunos días a la semana. Igualmente, para el 35% de los niños no ha sido posible relacionarse con personas más allá de sus «grupos burbuja» y un 5% no ha podido utilizar el espacio de juego en el patio escolar.

En relación a las actividades extraescolares, han sido reducidas o completamente eliminadas en el 81% de los centros educativos en España; concretamente, han sido canceladas en uno de cada dos centros. A este respecto, se han suprimido en el 54% de los centros de titularidad pública, en el 41% de los concertados y en el 31% de los privados.

«No hemos encontrado ninguna evidencia de ejecución presupuestaria relativa a programas de atención psicológica desde los centros educativos durante el curso 2020-21. La planificación del próximo curso debe incluir partidas específicas», apostilla Rodríguez.

Protocolos Covid en las aulas

Según el estudio, tres de cada cuatro familias considera que en sus centros educativos se han respetado los protocolos sanitarios hasta el final del curso e incluso un 16% destaca que éstas han aumentado en los últimos meses, mientras que un 9% indica que se han relajado.

En materia de equidad educativa, el 87% de las familias opina que en los centros se están tomando medidas para que se cumpla durante la pandemia, aunque una de cada tres opina que son insuficientes. Las familias con rentas más bajas sostienen, en una mayor proporción que las de rentas más altas, que no se han adoptado medidas para garantizar que todos los niños puedan continuar con su Educación (15% frente a 8%).

«El grueso de las medidas desarrolladas y financiadas con fondos públicos ha tenido un componente más organizativo que pedagógico o educativo. No sorprende, por tanto, la percepción de las familias sobre el escaso aprovechamiento educativo durante este curso», subraya el director de Political Watch, Javier Pérez.