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Villamandos: “Esperábamos que la modificación de la Ley de Ciencia fuera un poco más disruptiva”

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, reclama una mayor homogeneidad, respetando la autonomía universitaria, y que no trate de generarse un falso enfrentamiento entre FP y universidad ni entre universidades públicas y privadas.
Saray MarquésMartes, 20 de julio de 2021
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El presidente de CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, la semana pasada en la sede de la Conferencia de Rectores en Madrid. JORGE ZORRILLA

La LOSU, la modificación de la Ley de Ciencia, el RD de de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, ya publicado en el BOE… Diversos cambios legislativos se ciernen sobre las universidades españolas en los últimos tiempos. Estas, lejos del anquilosamiento o de la escasa conexión con la realidad que algunos les atribuyen, se encuentran dispuestas a asumir los diversos retos que enfrenta la sociedad, de la empleabilidad al despoblamiento.

Así lo transmite el presidente de CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, en esta entrevista sobre el presente y futuro del sistema universitario en España.

¿Cómo es la relación entre FP y universidad? De un lado, parece que se pretende enfrentarlas. De otro, la nueva ley de FP aspira a una mayor conexión entre ellas.
–Creo que la Educación se tiene que ver como un conjunto que aspira a una sociedad lo mejor formada posible, con distintos niveles de formación según los intereses y capacidades de cada persona. Son formaciones distintas, van a tener desarrollos profesionales diferentes, pero intentar enfrentarlas me parece propio del maniqueísmo en el que solemos movernos en España. Para nosotros son claves la comunicación y la colaboración entre ambas, manteniendo su distintivo de formación universitaria, por un lado, y Formación Profesional, por otro. Nunca debemos confundirlas.

Un problema de las reformas educativas en este país es que no se han hecho con una visión global. En este sentido, lo que siempre hemos pedido es que haya pasarelas en los dos sentidos. Ya las había de la FP a las universidades, pero no de universidades a FP. Ahora mismo tenemos muchos estudiantes universitarios que vienen de una FP Superior –hay titulaciones donde prácticamente son el 50%– pero también tenemos universitarios que abandonan sus estudios y quieren ir a una FP, y allí no hay ningún reconocimiento de todo lo que han podido hacer. Por eso abogamos por sistemas permeables, que permitan que no dependa todo de tu decisión con 14 o 15 años.

¿Hay demasiados grados?
–Partimos de que no hay demasiados universitarios. Estamos en la media de la UE y la OCDE, pero es cierto que a esos universitarios que se forman en nuestro país quizá no se les están generando las mismas oportunidades de empleabilidad que en otros países, lo que lleva a la desmotivación, la frustración y a que muchos egresados se vayan al extranjero. Está bien que se vayan, que se terminen de formar, que vean otras formas de actuar, pero el retorno tendríamos que tenerlo asegurado. Por ello CRUE reclama que se cambie la estructura económica y se incentive desde el Gobierno el empleo de calidad, basado fundamentalmente en profesionales de alto nivel, como los universitarios, y en el desarrollo de sus capacidades.

Las universidades llevamos años trabajando en emprendimiento, aportando valor añadido a nuestros parques tecnológicos, pero muchas veces faltan incentivos o una estrategia para que realmente se consolide ese emprendimiento, para apostar por las startups, empresas basadas en el conocimiento con un empleo de alta calidad.

Pero hay muchas nuevas titulaciones que en 1º no llegan a los 25 alumnos.
–No es mi experiencia. En cualquier caso, las universidades han de arriesgar y a veces apuestas por un título, justificas su existencia, pero no atrae como esperabas. Entonces lo intentas modificar… puede haber incluso una modificación íntegra o una eliminación. Querer ir con un 100% de seguridad es uno de los grandes problemas que tenemos en los diferentes sectores: Hace falta asumir riesgos.

La universidad no solo forma para el empleo, como la FP. Muchas veces hay una demanda de formación por el simple hecho de aumentar la cultura, el conocimiento. Hay algunos sectores que lo que buscan es la empleabilidad pura y dura, que quieren titulados universitarios con una formación que cubra solo sus necesidades.

Y es peligroso que se plantee “Esta titulación no funciona, vamos a eliminarla”. Hace unos años habríamos eliminado Filosofía y Matemáticas, que hoy son dos de las carreras con mayor nota de acceso y empleabilidad. No podemos pensar en una planificación universitaria para el momento.

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Es peligroso que se plantee "Esta titulación no funciona, vamos a eliminarla". Hace unos años habríamos eliminado Filosofía y Matemáticas, que hoy son dos de las carreras con mayor nota de acceso y empleabilidad

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¿Les preocupa el abandono universitario?
–Tanto en abandono como en rendimiento académico estamos en línea con Europa, donde destacan el Reino Unido e Irlanda. Además, nuestra tasa de rendimiento ha mejorado considerablemente desde Bolonia, más de un 22% en la universidad pública y un 5% en la Privada.

En cuanto al abandono, muchas veces es un falso abandono, personas que han entrado en un grado para no perder el año, porque no les ha dado la nota. Y puede que haya una distorsión de la realidad, aunque las universidades intentamos a través de las campañas de información con los responsables autonómicos de Educación que eso no suceda, que, por ejemplo, al ser la última nota baja no crean que eso es fácil… Algunos estudiantes abandonan y generalmente se van a otras titulaciones. La menor parte se va a Formación Profesional. A eso se suma que en casi todas las titulaciones 1º es un curso un poco árido.

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Nuestra tasa de rendimiento ha mejorado considerablemente desde Bolonia, más de un 22% en la Pública y un 5% en la Privada

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¿No pensaron el curso pasado en hacer una especie de cuatrimestre cero, dado de dónde venían los estudiantes?
–Lo que pensamos es que los estudiantes no podían acabar el Bachiller delante de una pantalla y empezar la universidad delante de una pantalla. Eso era lo primordial, e intentamos un 1º de carrera con toda la presencialidad posible.

En cuanto al conocimiento, los estudiantes de dos años de Bachillerato tuvieron clase online un par de meses.

Es verdad que ante una situación tan complicada se adaptaron las condiciones de examen para que fueran más asumibles por todos, y por eso el número total de aprobados en selectividad fue igual que otros años entre las dos convocatorias, pero hubo más en la primera, igual que había habido más aprobados en Bachillerato. Al final, en la EvAU, como todos estaban en las mismas condiciones, se terminó ordenado igual: El estudiante que antes hubiera sacado un 13,5 ahora sacaba un 14 y el estudiante que hubiera sacado un 6 ahora sacaba un 6,5, pero el orden no cambiaba.

Y este curso ¿qué harán ante estudiantes que parten de distintas condiciones de presencialidad en Bachillerato?
–Casi todos han tenido una parte de presencialidad importante, se ha intentado llegar a la máxima según las circunstancias, como en la universidad. Los resultados de la EvAU de este año han sido un poquito mejores que el año anterior, y no se nos olvide que cuando un estudiante entra en la universidad tiene cuatro, cinco, seis años, según la titulación, para ir desarrollando toda su capacidad. Cuando yo entré en 1º de carrera creo que tuve cuatro o cinco meses de huelga de los PNN (profesores no numerarios) y no nos pasó nada. Si contamos todos los meses de huelga en esos años son muchos más de los que estos estudiantes han tenido, que además no han estado en blanco, han tenido enseñanza online. Pongamos las cosas en su contexto.

¿En qué punto está la comisión para homogeneizar la EvAU? ¿Ve posible una prueba única?
–La realidad de nuestro país es la que es, e intentar hablar de una EvAU única sin tener un Bachillerato único no es que sea ni bueno ni malo, es que me parece prácticamente imposible.

Cuando miras la nota de Bachillerato por comunidades, de selectividad y de ingreso en la universidad, te das cuenta de que la selectividad modula las diferencias que sí se producen en el Bachillerato, que cuenta el 60%.

La comisión iba a arrancar justo antes de la pandemia… Está arrancando, estamos manteniendo conversaciones, y lo primero que tanto CRUE como el Ministerio de Universidades y el de Educación creemos que hay que hacer es un informe técnico para ver si existen las diferencias que algunos dicen que existen… Posiblemente no haya tanta diferencia, pero no pasa nada por intentar profundizar en eso. Y todos estamos convencidos de la necesidad de una mayor supervisión y coordinación de los contenidos y los niveles de exigencia. Ahí la Alta Inspección Educativa podría ayudar. Pero partimos de que a veces cuando una comunidad se queja de que en su universidad estudian más estudiantes de otra hay que ver también la población de una y otra, y tener en cuenta que muchos estudiantes prefieren ir a una comunidad al norte o al sur, que los chicos hoy se quieren mover.

¿Para qué servirá la nueva ley de universidades (LOSU)?
–Estamos expectantes, ya hemos transmitido un documento de posicionamiento al Ministerio, además de otro que veníamos elaborando desde hace un par de años sobre lo que esperamos que sea la universidad del futuro, la universidad 2030, y la ley debería permitirnos alcanzar ese fin.

Venimos solicitando una financiación estable, plurianual y suficiente, unas bases homogéneas dentro del Estado que cada comunidad pueda incrementar, unos mínimos para poder abrir todos los días y pagar las nóminas.

¿Y con respecto a la investigación?
–Hoy tenemos un mantra: “Una universidad investigadora es una universidad pobre”. ¿Cómo puede ser si llega un montón de dinero de proyectos de investigación? Pero la actividad investigadora implica mantener unos servicios centrales de investigación, dotarlos de personal, comprar equipamiento… Están las instalaciones singulares, sobre todo en el ámbito científico-técnico, y tienes unos gastos estructurales muy importantes.

Lo que pedimos es que haya una convocatoria estatal, o una financiación basal para el mantenimiento de la infraestructura científica, porque si no es inviable. El sistema está llegando al agotamiento financiero.

Piden financiación pero también flexibilidad.
–Sí, queremos un marco normativo que nos dé la suficiente flexibilidad para asumir riesgos, y todo esto asociado a rendición de cuentas. No es una cuestión de “Aquí está el dinero”. No, queremos el dinero, lo queremos para esto, y estos son nuestros resultados. También necesitamos una política de personal que nos permita captar talento. Ha habido investigadores que se han venido del extranjero encantados y se han ido al ver la complejidad del sistema. Conseguir un proyecto en España y luego ejecutarlo y justificarlo tiene una serie de problemáticas muy grandes. Por eso no solo hablamos de la LOSU sino también de la modificación de la Ley de Ciencia.

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Ha habido investigadores que se han venido del extranjero encantados y se han ido al ver la complejidad del sistema

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¿Es más importante para ustedes incluso que la LOSU?
–Nos condicionan las dos, porque se está llegando a una situación de hartazgo por toda la gestión que conlleva la tramitación, por el hecho de que todo sea por subvención y no por transferencia, de que te tengas que acoger a la ley de subvenciones, que es endiablada. Se deben buscar alternativas, sé que luego está la estructura del Estado, el Ministerio de Hacienda… pero creo que ahí cualquiera de los dos ministerios tiene unos aliados incondicionales para trabajar en esa línea en la universidad.

En su día ya le transmitimos al ministro Duque y se lo transmitiremos a la actual ministra [Diana Morant] que esperábamos que la modificación de la Ley de Ciencia fuera un poco más disruptiva. La ley de contratos del sector público no se puede aplicar a la ciencia, porque lleva al colapso del sistema. En otros países hay unas leyes diferentes para la ciencia. Por otro lado, la contratación de personal también está generando grandes problemas. De ahí nuestra petición de un suelo de financiación con un incremento asociado al PIB aprobado por el Congreso, de forma que en unas condiciones normales en lo primero que se recorte no sea en ciencia, donde las universidades representan el 70%.

En la LOSU figuran aspectos que ustedes no tocarían.
–Sí, y nos preocupa que se toquen porque pueden suponer una tensión innecesaria y no sé hasta qué punto incluso dificultar su aprobación en el Congreso. Por un lado, no se puede dejar todo abierto. Es necesaria cierta uniformidad para no desvertebrar el sistema. Se apela a la autonomía de universidades. Las universidades, en nuestra autonomía, ya hemos pedido lo que creemos que tiene que haber. A partir de ahí, es responsabilidad del Gobierno tomar decisiones y concretar. No se puede dejar todo a lo que diga la universidad, a lo que diga la comunidad autónoma. Nos preocupa que la ley vaya por ahí, para así no despertar recelos, cuando, al contrario, se nos daría a todos seguridad.

Hay otro tema que esperemos que no se incluya, porque no tiene mucho sentido en una ley de universidades: la mención al IVA, que debería ir en la ley del IVA, los Presupuestos Generales del Estado… pero en una ley de universidades no aporta nada y genera más ruido que otra cosa.

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Nos preocupa que la LOSU aborde aspectos que pueden suponer una tensión innecesaria y no sé hasta qué punto incluso dificultar su aprobación en el Congreso

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¿Y sobre la elección de rectores?
–El grupo socialista ha hecho una propuesta y nosotros estamos en las antípodas. Ellos piden rebajar los criterios para ser rector. Nosotros decimos: “No solo mantenerlos sino incrementarlos”. Que sean catedráticos y catedráticas y que cuenten con una serie de méritos reconocidos por su comunidad universitaria en el ámbito de la docencia, la investigación, la transferencia y la gestión. Ellos quieren que puedan ser los profesores titulares, y nosotros creemos que hay problemas, y no solo legales. Pero, además, el argumento de que es para conseguir que haya más mujeres rectoras me parece flojo, por no decir incluso un poco insultante, y en Europa no pasa.

Cada día hay más mujeres rectoras, más mujeres candidatas. En catedráticos menores de 65 años ha habido un incremento del 12% en cinco años, mientras que en catedráticas ha sido del 40%. Si se trata de que haya más mujeres es cuestión de esperar tres o cuatro años y la situación se va a equilibrar. Pongamos otras medidas para facilitar su progresión académica, como estamos trabajando desde CRUE con el Ministerio y ANECA, busquemos la equidad, pero sin renunciar a que sean rectores las personas con mayor liderazgo y figura académica.

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El grupo socialista propone rebajar los criterios para ser rector y nosotros estamos en las antípodas

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¿Algún otro aspecto mejorable para ustedes?
–A los consejos sociales hay que darle una pensada. Las relaciones con el equipo de gobierno de la universidad en general no son malas, pero se producen en un terreno que se queda un poco en una nebulosa. Creemos que su función fundamental tiene que ser la interacción universidad-sociedad, y hay muchos consejos sociales que se están volcando y lo están haciendo muy bien, que son la puerta de entrada al sector empresarial o actividades sociales… Pedimos que no sean cuotas de partido o de Gobierno sino que representen ese interés de la sociedad e integren desde el empresario al artista o a la persona que representa a la mancomunidad.

¿En qué puntos demandan más homogeneidad?
–En los mínimos en financiación, en el ámbito de la gobernanza y en el de las agencias de calidad. Ahora mismo hay una agencia de calidad, ANECA, y luego están las agencias autonómicas, y creemos que es necesaria una mayor coordinación de criterios, una mayor estabilidad, pues el estar cambiando de criterio hace que a las personas pendientes del desarrollo de su carrera profesional se les altere completamente el ritmo. También, que sean realmente independientes, como exige su naturaleza. Hoy pueden estar muy sometidas al poder autonómico o central, y no se debería hacer política universitaria a través de la agencia.

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Hoy las agencias pueden estar muy sometidas al poder autonómico o central, y no se debería hacer política universitaria a través de la agencia

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Es llamativo el auge de las universidades privadas, que se han duplicado desde 2001.
–El que haya más o menos privadas no nos debería preocupar. Nos debería preocupar que todas cumplan unos estándares de calidad que les permitan llamarse universidad. Si en la puerta pone “universidad” y luego eso no es una universidad estás engañando a los que están dentro y al resto de la sociedad, y perjudicando al sistema. Para eso hemos trabajado, y no solo en el RD que regula la creación de centros. Cuando llegó Pedro Duque y se nos puso encima de la mesa, CRUE propuso una serie de indicadores que no aparecían en el borrador, relacionados sobre todo con la investigación, porque creemos que en cualquier parte del mundo universidad es docencia, investigación y transferencia. Y ahí están esos indicadores y criterios, aunque luego hayan sido modificados por el Ministerio (como en el caso de la correlación entre el número de estudiantes de grado y posgrado). Y ahí hemos estado de acuerdo las 76 universidades de CRUE, públicas y privadas, y cuando hicimos simulaciones la práctica totalidad del sistema universitario de CRUE entra, y al que no entra le falta muy poquito. Eso pone de manifiesto que el sistema universitario español dentro de CRUE tiene unas garantías de calidad. Respecto al que está fuera, no sabemos lo que habrá.

¿Cómo será la universidad en 2030?
–Muchas veces la gente que ha pasado por la universidad se acuerda de la universidad en que estudió, y esta no tiene nada que ver con la actual. La universidad de hoy es completamente distinta a la de hace 10 años. Todas las universidades hemos desarrollado una serie de estructuras y asumido una serie de responsabilidades que no figuran en ningún sitio pero hemos hecho nuestras. Todas tienen estructuras de emprendimiento u oficinas de prácticas en empresa, por ejemplo, cuestiones que hoy son elementos transversales dentro de las políticas de la universidad.

Supongo que en 2030 se habrán asumido muchísimas responsabilidades que todavía no me atrevo a aventurar. Ahora nos encontramos con que en muchas de las estrategias estatales que surgen (Emprendimiento y Empleo Joven, España Global, Reto Demográfico, Agenda 2030) las universidades llevan trabajando, y muy bien, desde hace décadas. Por ello me alegro de que se cuente con ellas.

A futuro me gustaría encontrarme con una universidad que siga afrontando nuevos retos, los de ese momento, y que la sociedad tenga la misma confianza que tiene ahora en ella, porque por mucho que se empeñen sigue siendo una de las instituciones más valoradas. Esto se percibe cuando vas a su territorio, y me gustaría que esa confianza que hay en la sociedad y en gran parte de las autoridades locales también fuera evidente en las autoridades autonómicas y estatales, sobre todo en las estatales. Y en el empresariado de alto nivel: que vea a la universidad como parte de la solución. Porque lo somos, lo estamos siendo ya, de hecho.

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