Los centros de FP: no queremos una formación de juguete, hace falta inversión

Así lo explica en una entrevista con la agencia Efe el presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional, Luis García Domínguez, antes de intervenir en la Comisión de Educación y FP del Congreso de los Diputados para dar su visión sobre el anteproyecto de la ley de Formación Profesional.

Aunque la ley incluye elementos «muy positivos», el presidente de esta organización –formada por más de 300 centros públicos, privados y concertados donde estudian 280.000 de los 934.000 matriculados en FP del país–, cree esencial que la norma se apruebe con una memoria económica que garantice los adecuados recursos materiales y de personal. «Una de las piezas básicas es que no queremos una FP de juguete. Los chicos tienen que trabajar con herramientas profesionales, materias primas y maquinaria reales, eso vale dinero, y estamos en un mundo con una aceleración tecnológica brutal».

En segundo lugar, explica García, el anteproyecto no menciona las ratios del número de profesores por alumno, por lo que pide establecer, al menos, un tope de 25 estudiantes en Grado Superior, 20 en Grado Medio y 15 en Grado Básico, y así frenar la alta tasa de abandono existente. «El 75 % de nuestras horas totales tienen un componente práctico y se trabaja en los talleres, laboratorios, en procesos tecnológicos complejos, con herramientas, con máquinas, algunas veces en talleres con un nivel de peligrosidad importante, por eso proponemos que se baje la actual ratio», añade García. A esto último se suma que muchos de los chicos que llegan a los niveles de FP Básica y Media vienen «rebotados» del sistema educativo y arrastran problemas que van desde dificultades de aprendizaje a otros de tipo familiar y que desertan con frecuencia en el primer año. «Pero nosotros queremos que no se vayan, por eso necesitamos que el profesor le pueda prestar más atención».

En cuanto a la ambiciosa intención de esta ley de que toda la Formación Profesional sea dual (enseñanza combinada con prácticas en empresas), García Domínguez abraza la idea pese a la dificultad que entraña a muchos niveles. «Es complejo», entre otras razones, porque una empresa solo dedica una parte de sus recursos a formación si necesita trabajadores.

En anteproyecto distingue entre la FP Dual General –con un periodo de estancia en empresa de entre el 25% y el 35% de su duración total– y la FP Dual Avanzada: con una formación en empresa entre el 35% y el 50%, que se establece a través de una relación contractual entre el estudiante y la entidad. Otra dificultad que plantea la Dual Avanzada es que fija que el alumno debe recibir el Salario Mínimo (SMI) y darse de alta en Seguridad Social. De hecho, patronales como la CEOE ya han pedido un periodo de transición para su aplicación. Según el presidente de FPEmpresa, «si hay un problema económico veamos qué sectores o territorios pueden hacer desgravaciones o ayudar directamente a las empresas».

Por último, García echa en falta que la ley no se detenga en el capítulo de la formación o selección de personal. «Nos gustaría que hubiera una formación específica en el propio centro, y un sistema de selección que premie las competencias técnicas y metodológicas» del futuro profesorado.