El TSJC ordena ofrecer la selectividad en castellano también en septiembre

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que el alto tribunal catalán acuerda mantener cautelarmente la obligación de repartir los exámenes en las tres lenguas, una medida que ya ordenó de forma cautelarísima el pasado mes de junio, a raíz de una demanda presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB). Pese a ello, la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, acusó al TSJC de «interferir» en la selectividad y estableció que las pruebas se desarrollarían igual que en los últimos años: los exámenes se repartieron en catalán y se entregaron en castellano solo a los alumnos que así lo solicitaron.

El TSJC ha ratificado ahora su decisión cautelarísima, que cree «no ha pedido virtualidad y eficacia», teniendo en cuenta que el próximo mes de septiembre tendrá lugar la convocatoria extraordinaria de las pruebas de la selectividad. Así lo ha decidido tras recabar la postura de la Generalitat, que se ha opuesto a las medidas cautelares del TSJC, y de la Fiscalía, que en su informe se pronuncia a favor de mantenerlas y recuerda que otorgar al castellano y el aranés un carácter residual en relación con el catalán vulnera el Estatut y la doctrina constitucional.

El TSJC añade en su auto que solicitará un informe sobre «el cumplimiento e instrucciones impartidas para la ejecución de lo establecido en el auto de medidas cautelares». De hecho, después de que en las pruebas de junio se mantuviera el formato de años anteriores, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denunció al Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) ante el propio TSJC por incumplir las medidas cautelares dictadas.

La sala contenciosa del TSJC constata que en los exámenes de acceso a la universidad «sigue vigente» la preferencia del catalán, puesto que primero se reparten los enunciados en esta lengua y se obliga al alumno que lo desee a solicitar específicamente una copia de la prueba en castellano o aranés. Para el TSJC, ello supone, «por un lado, que quien está ejerciendo con este modo de proceder el derecho de opción es la propia administración, no el alumno y, por el otro lado, le lleva a significarse respecto de los demás examinados». «Por supuesto que la corrección de las pruebas es anónima, pero no el ejercicio de la opción tal y como está regulado en las instrucciones», añade la sala.

El tribunal añade que «labor de la Administración educativa es ofrecer de forma imparcial e igual, sin preferencia entre lenguas, los enunciados al comienzo de los ejercicios», por lo que mantiene sus medidas cautelares con el fin de «facilitar la opción lingüística a los alumnos».