FSIE pide mantener 1,5 metro de distancia y ratios bajas
Para el sindicato FSIE, el nuevo curso no es un curso normal y, por tanto, no puede empezar con «normalidad». En este sentido, llama a mantener las medidas que durante el curso 2020-21 resultaron efectivas.
Ante la reunión del Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas, mañana miércoles, ha reclamado a las autoridades educativas medidas que garanticen que la presencialidad total, de la que el sindicato se muestra partidario, es segura.
Reconoce que la vacunación es un avance y pide que se acelere para tener cuanto antes a toda la comunidad educativa vacunada, pero al tiempo apunta a la alta incidencia en algunos territorios y a la irrupción de la variante delta como motivos para la preocupación. Entre las medidas que a su juicio convendría que permanecieran en el tiempo menciona:
- Mantenimiento de la distancia a 1,5m, ratios bajas en las aulas y mantenimiento del profesorado de refuerzo Covid
- Grupos burbuja en determinadas edades
- Uso de mascarilla y gel, limpieza, ventilación y desinfección de los edificios
- Evitar reuniones numerosas de profesorado o actos multitudinarios
- Regulación adaptada y seguridad en el servicio de comedor y actividades extraescolares
- Mantener la jornada continua establecida con carácter excepcional hasta que la incidencia baje
- Mantener las medidas relacionadas con los trabajadores de riesgo y embarazadas
- Sustitución desde el primer día del personal con baja laboral
La misma llamada al consenso que FSIE hace para evitar que ante un mismo problema se adopten soluciones distintas la reclama frente al desarrollo curricular de la Lomloe.
«Las declaraciones que ya se han vertido hasta ahora aseguran un nuevo enfrentamiento que viene siendo la tónica en todo lo que tiene que ver con la ley Celaá», lamenta el sindicato, que reclama, en su lugar, «un debate abierto y sosegado con todos los representantes de la comunidad educativa en el marco de las mesas sectoriales de la enseñanza concertada y pública y en el Consejo Escolar del Estado». Solo así se logrará un currículo básico y obligatorio que «evite incrementar las diferencias territoriales, aporte estabilidad al sistema educativo y consiga implicar al profesorado» en su aplicación.