Ossorio echa de menos los 2.000 millones con Celaá para adaptar la Educación al Covid

El consejero madrileño de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, ha pedido al Gobierno recursos específicos para afrontar gastos extraordinarios en un curso escolar que será presencial en todas las etapas educativas en la región manteniendo las principales medidas de prevención frente al Covid.

Hacen falta recursos para «limpieza de centros, mascarillas y geles» a lo largo del curso 2021-22 y, al contrario de lo que sucedió hace un año, no hay una partida ad hoc. «El año 2020 funcionó muy bien porque hubo unos fondos del Estado, eran 2.000 millones, dedicados exclusivamente a Educación (…) Gracias a eso, en aquel momento tan complicado, en el inicio del curso pudimos hacer muchas cosas en favor de la seguridad y de la calidad de la Educación. Yo lo que le he pedido a la ministra [Pilar Alegría] es que se reproduzca eso», ha declarado al finalizar el encuentro.

El dinero de Europa, que la ministra ha mencionado en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial, 2.000 millones procedentes de los fondos React-EU, no sirve, ha lamentado Ossorio, porque en este caso sí son fondos finalistas y se especifica que no se pueden dedicar a garantizar centros educativos seguros.

El curso será presencial y, salvo que la pandemia registre una «evolución desconocida» se recurrirá a la semipresencialidad, algo que según ha asegurado Ossorio será «absolutamente excepcional», sobre todo con los alumnos de Secundaria ya vacunados. Para el consejero los semáforos que se emplean para medir el nivel de riesgo y definir los diferentes escenarios han dejado de tener sentido, puesto que no tienen en cuenta este avance de la vacunación. «Creemos sinceramente que esos semáforos están totalmente desfasados», ha expuesto, en una reivindicación que ha sido compartida por Galicia, y que la ministra ha derivado a Sanidad.

Por lo demás, los centros, que conservarán sus mamparas y paneles de metacrilatos, seguirán recibiendo a alumnos con mascarilla obligatoria desde los seis años, en entradas y salidas escalonadas, la limpieza y desinfección se reforzará, seguirá poniéndose el énfasis en la ventilación y en la realización de actividades al aire libre siempre que se pueda y seguirá existiendo la figura del coordinador Covid. Pero las ratios no serán las del curso pasado, sino que volverán a ser las marcadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional antes de la pandemia: 25 alumnos por aula en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.

En cuanto a las plantillas, se contratará a 2.932 profesionales de refuerzo (700 maestros de Educación Infantil, Primaria y Especial, 365 maestros especialistas en PT y AL, 134 orientadores, 200 maestros de Lengua y Matemáticas en 1º y 2º de Primaria, 300 profesores de Secundaria, 630 profesores de apoyo y refuerzo en ESO y Bachillerato, 91 orientadores y 100 profesores de PT y AL en estas etapas, así como 411 docentes y orientadores en centros concertados en Primaria) que sumados a los 3.700 que han logrado plaza en las oposiciones de Secundaria sumarán una plantilla de 55.000 profesores.

Aunque no estuviera en el orden del día, el consejero no ha querido desaprovechar la ocasión para criticar los currículos de la Lomloe. En sus palabras, esta ley «persigue una devaluación del esfuerzo y el mérito, así como un empobrecimiento de los contenidos”. En concreto, ha aludido al «aspecto socio-emocional en las matemáticas, la perspectiva de género en todas y cada una de las asignaturas o la felicidad de los alumnos», mientras se olvida «la regla de tres, los números romanos, los diptongos o el máximo común denominador”. “Sabemos que las comunidades autónomas podemos ampliar el currículo en un 40%, pero consideramos que hay materias que deben considerarse esenciales mínimas en toda España”, ha zanjado.

También ha arremetido contra el decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, que conlleva, también, “la desaparición del mérito y el esfuerzo del sistema educativo español” al permitir “obtener el título de Bachillerato con un suspenso, superar la ESO sin límite de estos y arrebatar competencias a las Administraciones educativas para que no puedan poner coto a esta sinrazón”.