El Defensor del Pueblo investiga la falta de plazas públicas para estudiar FP en Madrid y Cataluña
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado actuaciones de oficio con las consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Cataluña para obtener datos oficiales sobre el número de plazas ofertadas para cursar estudios de Formación Profesional y las previsiones para adecuar la actual oferta a la creciente demanda.
El Defensor del Pueblo lleva años recibiendo quejas de personas que muestran su preocupación por las dificultades para acceder a estos estudios. En este sentido, ha podido comprobar que se ha producido un ligero aumento en la oferta de plazas, pero este no ha sido suficiente para atender la demanda en algunas comunidades autónomas.
Falsas expectativas
En opinión del Defensor, «las campañas promovidas para fomentar estas enseñanzas han generado falsas expectativas al no ir acompañadas de un incremento notable del número de grupos y de los cupos de profesorado para incrementar la oferta». En las últimas décadas, miles de jóvenes «no han podido formarse en la enseñanza profesional pública y la falta de becas o ayudas tampoco les ha permitido hacerlo en el sector privado lo que ha derivado en que muchos abandonen el sistema educativo y queden en riesgo de exclusión social», añade.
Las campañas promovidas para fomentar estas enseñanzas han generado falsas expectativas al no ir acompañadas de un incremento notable del número de grupos y de los cupos de profesorado para incrementar la oferta
Fernández Marugán considera que los «desajustes» entre los ciclos formativos ofertados, las necesidades del mercado laboral y las plazas disponibles para realizar estos estudios “son un problema estructural”. Para solucionarlo, el Defensor aboga por “una adecuada” planificación de la oferta pública que permita dar respuesta al aumento de demanda que se ha producido, entre otras razones, por la alta tasa de paro juvenil que hace que muchos jóvenes vuelvan al sistema educativo para lograr una formación postobligatoria que permita su inserción laboral.
Este organismo considera que la Formación Profesional es «clave para reducir el abandono escolar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes al ofrecer opciones más variadas tanto de formación como de empleo».
Según datos oficiales, en los últimos años el porcentaje de ofertas de empleo que solicitan titulados en FP sigue aumentado de manera imparable. La tasa de empleabilidad se sitúa en el 42,2%, superando incluso a la tasa de los estudios universitarios, que se encuentra en el 38,5%.
A juicio del Defensor, estas cifras «deberían llevar a las administraciones educativas a reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de FP, y aumentar la oferta, tanto de ciclos formativos como del número de plazas en aquellas opciones profesionales con mayor demanda y proyección laboral». En este sentido, el Defensor valora positivamente el proyecto de ley de la Formación Profesional aprobado esta semana por el Consejo de Ministros.