La igualdad y el sexo del conocimiento

El lema señorial de la izquierda es la búsqueda de la igualdad entre los individuos y las comunidades, pero, de tanto exhibirlo y adoptar políticas sociales y educativas en su consecución, termina por ahogar el principio y crear en su contra el del igualitarismo, que no es exactamente el mismo concepto. La igualdad, como bien dice la propia palabra, da consistencia al valor de la persona en el grupo, alejándola de cualquier discriminación por mínima que sea, mientras que el igualitarismo asfixia y consume tanto la identidad del individuo como su posible talento natural. Lo que se sabe del anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), del mismo modo que de la “ley Celaá” ya vigente, es que va en esa dirección, y en ningún momento lo niega, más bien todo lo contrario. Los perjudicados, y hasta sobra decirlo, son los mismos protagonistas que se desea salvaguardar, aquellos estudiantes que, mediante el forzamiento de las pruebas y trámites de acceso o acreditación, ven mermados sus derechos fundamentales.

Para la ideología socialista, el conocimiento es fuente de discriminación y de ahí que con la Lomloe se haya vuelto a los principios consagrados por la aciaga Logse. Bajo ninguna circunstancia, el alumno ha de sentir esta merma en su desarrollo y progreso académico, ni siquiera por el rendimiento objetivo mostrado a lo largo de un período lectivo. Por eso, no extraña que en situaciones de aparente simpleza, como la ausencia de un muchacho durante un curso completo, con el consecuente abandono de las materias, y tras la oportuna reclamación por parte de los progenitores, culmine con el aprobado de despacho y la posterior promoción de nivel, como lo ocurrido recientemente en un instituto de Sevilla. A todas luces, choca con el sentido común, pero no con la ideología. Y este es el problema, cuando se posterga lo académico por el credo partidista. En realidad, esta es la razón de fondo por la que el sector educativo necesita de un pacto institucional entre las principales fuerzas del arco parlamentario y, hasta que no se consiga, las cosas seguirán como hasta ahora.

La “ley Castells”, como no podía ser de otra forma, camina en la estela dejada por la “ley Celaá”. Aunque se trate del tercer peldaño de la Educación, el universitario, el criterio de partida no se aparta ni un ápice de lo fijado en el ideario izquierdista: antes que el talento o el propio mérito, la supuesta igualdad; antes que el reconocimiento de la identidad o el valor de la persona, la igualdad de grupo. Y, en aras a esta igualdad mal entendida, se sacrifica cualquier principio, no vaya a ser que el individuo sienta que el progreso personal del que tiene a su lado, impida o invalide el suyo. Como dije con anterioridad, este igualitarismo es el que está desquiciando, desde hace décadas, la enseñanza, pero también ha ido socavando, en idéntica medida, la igualdad como fundamento social y educativo entre los españoles.

Lo último que se conoce de la LOSU, el proyecto formativo de Castells, es que emplea la discriminación positiva en el acceso y reconocimiento de los aspirantes a las plazas de docencia universitaria. En concreto, las mujeres, y sólo por serlo, estarán por delante de los varones en los procedimientos convocados, hablándose de “idoneidad” antes que del imprescindible “mérito” de los candidatos, un artefacto conceptual que nos sitúa de nuevo en la casilla del igualitarismo. Así, el talento se excluye de las pruebas en pos de una igualdad que estoy seguro que las féminas serían las primeras en rechazar, porque, en lugar de fortalecer su condición y valor, las convierte en el privilegiado objeto del paternalismo estatal o, para el caso, funcionarial. De tal manera que la lucha secular de las mujeres por su completa autonomía, por la independencia intelectual y social, queda a expensas de un sistema viciado en origen, creyendo que, con el falso premio al sexo, se obtiene la ansiada igualdad de género. Por ello, asociar el conocimiento a un determinado factor de nacimiento, como lo es el sexo, acaba también con el mismo valor y entidad social del conocimiento. Y todo por obra y gracia de esa igualdad mal entendida.

En resumen, la enésima muestra de que la izquierda sigue en sus trece de desprestigiar el talento natural de los individuos, así como dificultando el libre acceso al conocimiento y, en su consecuencia, el reconocimiento objetivo y paritario de los méritos acreditados, al margen de la orientación ideológica. Una pena y un castigo más para la Educación y los derechos fundamentales de las personas, con especial señalamiento del artículo catorce de la Constitución Española.