Universalizar el ciclo 0-3, tan deseable como factible

La Lomloe establece un plazo a ocho años para extender la Educación Infantil 0-3. Un estudio de la UNED, sin embargo, ve este objetivo poco ambicioso. “Si la Lomloe estableciera un plazo de ocho años para conseguir la universalización del primer ciclo de Educación Infantil sería un objetivo claro, medible y en el buen camino. Sin embargo, no es lo que establece. Mientras que para el segundo ciclo queda claro que “será gratuito”, cuestión que ya es una realidad en el sistema español, no se determina nada sobre el precio para el primer ciclo. Hablan de incrementar “progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años”, pero si no hay solicitudes porque las familias estiman que no pueden pagar los precios que se les pide, estaremos en una situación muy lejos de la de la óptima y con poco avance desde la actual. Se calcula según estadísticas oficiales que la mitad de las familias no usan el primer ciclo de Educación de 0 a 3 porque no pueden pagarlo. Extender es distinto de universalizar”, exponen sus autoras, Cristina Castellanos y Ana Carolina Perondi, encargadas también del informe para el Instituto de Estudios Fiscales en 2018 en el que se basa el estudio de la UNED. 

Que el 0-3 no sea universal genera problemas, exponen. Por ejemplo, cuando se crean criterios para priorizar quiénes tienen más necesidad de una plaza, pues “siempre existen muchas necesidades y demandas que pueden parecer contradictorias»: «En una familia en que la madre y el padre trabajan se necesita claramente una plaza, pero también la necesita una familia monoparental o una persona que esté buscando trabajo o formándose para poder encontrarlo. Con un sistema universal de calidad no habría que plantear criterios que puedan resultar perniciosos o discriminatorios, pues todas las criaturas podrían estar escolarizadas».

Las investigadoras proponen un plan a cinco años con cuatro fases, “factible y costoeficiente”. En él, la primera fase sería de transición, manteniendo la cobertura actual. La segunda extendería el derecho universal de a los 2-3 años. La tercera, a 1-2 y la cuarta, a menos de 12 meses. En total, supondría la creación de más de 100.000 puestos de trabajo, como mínimo, de los que más de 40.000 serían para maestras y maestros (Castellanos y Perondi apuestan asimismo por mejores condiciones laborales y estatus y unas ratios adecuadas para garantizar un sistema de buena calidad).

Aunque hay que contemplar otros costes (infraestructuras, mantenimiento, etc.) el incremento del gasto en plantillas (en un 12,5%) sería el más importante y responsable, en buena medida, de que el PIB para 0-3 ascendiera del 0,25% actual al 0,5%.

Los beneficios directos procederían tanto de la creación directa de empleo (3.900 millones) como del menor gasto de las familias en Educación, un gasto de unos 1.600 millones de euros que podrían derivar a otros sectores. A esto habría que añadir los beneficios indirectos procedentes de la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo (entre 1.800 y 6.200 millones), por lo que los beneficios totales (entre 5.700 y 10.100 millones de euros) superarían a los costes (un incremento de entre 2.900 y 4.900 millones del gasto actual, que hoy es de 2.500 millones de euros).

Según el CIS, el 20% de las madres reduce su actividad laboral cuando nacen sus hijos, el 18,4% asegura que ser madres limitó sus posibilidades de promoción y el 16,4% interrumpió su actividad al menos un año. Además, según el INE, al 31% de las familias les habría gustado que sus hijos hubieran estado en la escuela infantil o que hubieran empezado más pequeños. La principal razón por la que no lo hicieron fue que no se lo podían permitir.

Cuando se reduce el precio de estos servicios, más madres jóvenes pueden acceder al mercado del trabajo, prosiguen las investigadoras, que aseguran que una mayor igualdad en el acceso al mercado laboral, además de la justicia social que supone, tiene importantes repercusiones en el PIB, como el Instituto Europeo de la Igualdad de Género defiende. 

El mantra de que “la Educación no es un coste, sino una inversión», es más palpable si cabe en el caso de la Educación Infantil, como subrayan Castellanos y Perondi: “La evidencia muestra que cuanto antes se haga esta inversión en Educación, mayores son los retornos, tanto en términos económicos como sociales. La prevención de la desigualdad de oportunidades y de la falta de cohesión social es más económica que intentar paliar los costes económicos y sociales de la desigualdad en el acceso a la Educación”. El coste de no invertir en 0-3, advierten, impacta especialmente en las oportunidades e ingresos de las mujeres y en los niños más vulnerables.

Para ellas, el hecho de que las plazas sean públicas es relevante para lograr llegar a espectros más amplios de la sociedad: “Un metanálisis de 30 estudios realizados entre 2005 y 2017 confirma que los programas públicos causan efectos más favorables que los servicios privados o mixtos”. 

Cristina Castellanos es, junto con Vicenç Navarro o María Pazos Morán, una de las impulsoras de Cuarto Pilar, la iniciativa surgida hace más de un año para reivindicar una mayor atención al pilar del estado de bienestar que cubre los servicios de cuidado, y reclamar su desarrollo y dotación económica.

En su manifiesto se resume el informe que presentaron al Congreso explicando cómo se peden universalizar tanto los servicios de atención a la dependencia (domiciliarios o residenciales) como la Educación 0-3.

Para Castellanos, “los cuidados eran, son y serán esenciales para nuestro bienestar”, por lo que se impone “gestionarlos desde lo colectivo, con políticas públicas adecuadasy la igualdad de género como elemento clave en el diseño y ejecución de estas políticas” si no se quiere “aumentar la insostenibilidad del actual sistema y las desigualdades, con el riesgo que esto conlleva de una ruptura social brusca”.

• Uno de los modelos de referencia es el de los países nórdicos. Desde mediados de los setenta, el sistema sueco (universal, de alta calidad) ha demostrado que su diseño es eficiente a la hora de garantizar tanto el bienestar de los niños como la igualdad de género. Ahora, el estudio de la UNED analiza si sería transplantable a los países mediterráneos, y lo hace disipando la primera duda razonable que surge: «¿No será muy caro?» para demostrar que el coste (4.400 millones de euros) es inferior al beneficio (7.200 millones).
• «Como siempre que se habla de política pública, no se trata de importar un modelo tal cual, sino de adaptarlo teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas, políticas, laborales y culturales. Se aprende de las políticas que funcionan y se conservan los elementos clave.  Las partes del modelo que se plantea incorporar para universalizar la Educación Infantil son perfectamente asumibles en el contexto español, solo hay que plantear los mecanismos para ponerlo en marcha a través del modelo competencial que existe en nuestro país. La reforma educativa podría darle cabida si se quisiera. Los costes son asumibles, y la posibilidad de llevarlo a la práctica es solo cuestión de darle prioridad política real. En el discurso, parecería que la gran mayoría de partidos están por la universalización de la Educación Infantil de primer ciclo. Se trataría de crear acuerdos y plantear una estrategia de implantación en el tiempo que se considera oportuno, sean cinco u ocho años», zanjan.

Para Castellanos y Perondi, no hay “una política pública que pueda resolver todos los problemas”. Por ello, proponen un mix de medidas “que vayan en la dirección correcta, y que se puedan evaluar y ajustar si es necesario”. Al tiempo, creen que la universalización de la Educación de calidad de 0 a 3 es una de las políticas clave para llegar al objetivo de la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades. Sobre todo si se ensambla con un sistema de permisos parentales igualitario, en el que mujeres y hombres puedan turnarse para cuidar de forma efectiva y con la extensión del cuidado de la criatura en el hogar durante el primer año, así como con una regulación para reducir los horarios laborales, de forma  que sea compatible trabajar de forma remunerada a tiempo completo con los cuidados.

“Con esto y un sistema universal de atención a la dependencia de calidad se estaría en el camino de solventar uno de los mayores escollos de la desigualdad de género, la división sexual del trabajo, además de reducir enormemente la desigualdad social tanto de las criaturas escolarizadas y cuidadas por sus progenitores como de las posibilidades de sus progenitores de compatibilizar cuidados y empleo remunerado más allá de sus condiciones socioeconómicas”, proclaman.

En lo relativo a los permisos parentales en España, regulados por el RD 6/2019, los modificarían para no obligar a las familias a que las seis primeras semanas de permiso sean simultáneas: “Habría familias que preferirían tener un mes más para cuidar del bebé en su hogar si pudieran turnarse ambos progenitores”. También ven necesario aclarar que es el trabajador quien elige las fechas y el uso a tiempo completo del permiso, que solo el permiso a tiempo parcial necesita el acuerdo de la empresa, pues el actual redactado es confuso.

Esto, sumado al procedimiento de la seguridad social, la falta de sensibilización y la costumbre de que los hombres en su mayoría no salgan del mercado de trabajo para cuidar de sus hijos sin la presencia de la madre, “forma un conjunto de incentivos que reducen enormemente el poder transformador de la ley”. “Los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% necesitan formularse de una manera en la que más del 75% de los hombres usen sus permisos de forma independiente a las mujeres”, aseveran.

Durante la Comisión de Educación y Formación Profesional celebrada el pasado 15 de septiembre en el Congreso, la primera para la ministra Pilar Alegría, la nueva titular de Educación aprovechó para hablar del Plan 0-3, con más de 670 millones de euros para crear 65.000 plazas en el primer ciclo, y con la vista puesta especialmente en las poblaciones con mayor vulnerabilidad educativa.

Por el grupo Ciudadanos, Sara Giménez respaldó esta prioridad, sobre todo porque estudios como el de Save the Children en 2019 revelaron que el 62,5 % de los niños y las niñas más ricos acceden a la escuela infantil, mientras que solo el 26% de los más pobres acuden a ella.

Sin embargo, por el grupo parlamentario plural, Illamola Dausá mostró su preocupación por el hecho de que en esta medida, recogida también en el programa España Puede, solo se contemplen plazas públicas, olvidándose de los centros de iniciativa social, que podrían ayudar a optimizar recursos, evitándose de paso el cierre de empresas.

Además de la posibilidad del cierre de más empresas, que se sumarían a las 947 que se vieron obligadas a cerrar el curso pasado, preocupa que se perpetúe el descenso en la escolarización en 0-3 que provocó a la pandemia. Así, esta pasó del 41% en 2019 al 36% en 2020 (80.000 alumnos menos), lo que según Save the Children supone un retroceso de cuatro años, que la ONG atribuye no solo al miedo al contagio sino a la caída del empleo y de la renta de las familias y la percepción de este ciclo como una medida exclusivamente de conciliación. 

Esta tendencia parece haberse revertido, en parte, este curso, en el que los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil se han incrementado en un 4,3% hasta los 407.182 escolares (frente a los 390.425 del curso pasado), según el último Datos y Cifras.