El 87% de concertados cobra cuotas a los padres, según un informe de Cicae y Ceapa

En una rueda de prensa conjunta, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) han presentado el VI Estudio de Precios de Colegios Concertados, que analiza el caso de 338 de estos centros de siete comunidades autónomas. Del total, en el 77% de los casos, los promotores del estudio consideran que es obligatorio el pago (226 centros).

Su conclusión principal, con cifras muy similares a las de años anteriores y que según ellos serían extrapolables a todo el territorio nacional, solo el 13% de los colegios con los que se contactó no exige ningún pago, ha explicado Amparo Núnez, directora de proyectos de la consultora responsable de estudio. En consecuencia, el 87% de los colegios analizados cobra una cuota base, siendo «obligatoria» –dice la empresa encargada de la encuesta– en el 77% de los casos, en contra por tanto de la gratuidad de la enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.

Según Núñez, la fotografía que arroja el estudio es muy dispar en función de la comunidad autónoma, de manera que los precios medios más elevados se pagan en Cataluña (202 euros), en la Comunidad de Madrid (133 euros) y en el País Vasco (84 euros). En Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón las tarifas están por debajo de los 80 euros de media. En su opinión, el caso «más alarmante» es Euskadi donde el 100% de los concertados «obliga» al pago de una cuota.

A estos costes hay que añadir el desembolso de otros servicios y actividades, llegando incluso a superar los 3.000 euros anuales, dice la consultora. Además, en el 77% de los centros que cobra cuota «no existe voluntariedad, pues de ese porcentaje un 62% la exige obligatoriamente y se detecta discriminación de los alumnos en el 15% de los casos, cuando el impago implica que el estudiante no asista a las actividades». Estas «prácticas de exclusión son más elevadas» en la Comunidad de Madrid (33%) y en la Comunidad Valenciana (28%), casos en los que las familias tendrían que hacerse cargo del niño en las horas en las que se organizan las actividades o quedan en otros espacios del colegio con o sin supervisión.

La directora general de Cicae, Elena Cid, ha subrayado que un año más se constata que «una parte importante de los concertados cobra por las materias, que van de los 200 a los 900 euros mensuales», y ha calificado de «sorprendente» esta disparidad de rangos entre los colegios que reciben una misma financiación pública. A juicio de Cid, tras «la excusa» de la infrafinanciación que alegan estos centros se oculta una gran variedad de «prácticas irregulares», con lo que no solo se está incumpliendo el acuerdo de concertación.

La presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal, por su parte ha dicho no entender cómo las administraciones siguen «cerrando los ojos».

Para Luis Centeno, scretario general adjunto de Escuelas Católicas (que aglutina a buena parte de la Concertada), es «muy curioso que Cicae (los centros privados de élite) y Ceapa (las AMPA de la Pública) se unan, pues sus objetivos, valores y destinatarios son muy diferentes. Si se unen es para acabar con lo que consideran un ‘enemigo común’: la Concertada», señala este abogado. «El estudio se ha hecho de forma dirigida, no aleatoria; por la misma empresa que en ocasiones anteriores; y quien encarga un informe, suele influir en el resultado o el sesgo del mismo», añade Centeno.

Para Centeno, mientras Ceapa «criminaliza» a toda la Concertada, Cicae distingue entre la Concertada que cumple y la que no»; Y añade: «No es cierto que sea un problema generalizado: hay más de 3.000 colegios concertados y el informe se hace sobre 300 y elegidos por la empresa; para nosotros, no es un informe veraz del que se puedan sacar conclusiones generales y está dirigido desde el inicio a obtener el resultado deseado», señala Centeno, quien añade que «en los 2.000 centros de Escuelas Católicas, la aportación siempre es voluntaria y puede oscilar entre los 20-30 euros/mes de media; el módulo de conciertos no cubre los gastos mínimos de funcionamiento de un centro, como lo demuestran los informes de Auditoría de diferentes instituciones».

Centeno recuerda que el último informe, elaborado por el Departamento vasco de Educación, reveló que la Administración gasta 9.000 euros/año en cada puesto escolar de la enseñanza pública, y 3.700 en cada puesto de la Concertada. Es decir, «o la Pública derrocha o la Concertada tiene un déficit de financiación evidente», señala. En resumen, Centeno concluye que «si Ceapa o Cicae tienen pruebas de incumplimiento por parte de determinados centros, que lo denuncien a las autoridades educativas». «Todo lo demás es desprestigiar a la Concertada sin distinción, porque funciona bien y su desaparición beneficiaría a la enseñanza pública y a la privada sin concierto», añade.