El Congreso rechaza la enmienda a la totalidad del PP a la Ley de Convivencia

Durante el Pleno de la Cámara Baja, la diputada de ERC Marta Rosique ha anunciado que este acuerdo «cambia sustancialmente» el texto enviado por el Gobierno a las Cortes y «blinda» la autonomía universitaria y los derechos de movilización de los estudiantes.

Durante la defensa de su iniciativa, Castells ha explicado que la Ley de Convivencia Universitaria llega con cuatro décadas de retraso dado que el régimen disciplinario vigente es un decreto franquista de 1954 y, por tanto, es una norma «preconstitucional e inconstitucional». Sin embargo, ha añadido, «no basta con derogar» porque la Constitución obliga a regular por ley un régimen disciplinario, cuyo desarrollo corresponderá a las Universidades a través de reglamentos en el ejercicio de sus autonomía. «Esta ley es una norma necesaria para salvaguardar los derechos y deberes de los estudiantes», así como garantizar el ejercicio pleno de sus libertadas y garantías constitucionales, ha añadido Castells, quien ha dicho que el texto remitido a la Cámara está «plenamente» consensuado con la comunidad universitaria.

La diputada popular María Jesús Moro, quien ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo, ha dicho estar de acuerdo con la derogación de la norma de 1954, pero no con el planteamiento de la ley que se ha redactado con «precipitación» y «confusión». En su opinión que no es oportuno ni necesaria ni es el momento de tramitarla, ya que «aboca a la inseguridad jurídica» y, además, debe aprobarse después de la aprobación de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La iniciativa ‘Popular’ ha contado con 145 votos a favor, entre ellos los de Vox y Foro Asturias, y 202 en contra.

Durante su intervención, la diputada de Esquerra ha añadido que el acuerdo alcanzado por su grupo –que había presentado una enmienda a la totalidad acompañada de un texto alternativo–, blinda la autonomía de las universidades y los derechos de movilización estudiantil. Así, ha explicado, se establece que el derecho de reunión, asociación, manifestación y huelga se garantizarán «siempre» y «resuelve la persecución de los piquetes y los murales», según Rosique.

Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, ha acusado al PP de «contorsionismo político», empeñado en «obstaculizar y ralentizar todos los avances en derechos». Y Joaquín Robles, de Vox, ha considerado que los «cachorros» independentistas y nacionalistas «campan a sus anchas» en los campus y lo que la izquierda quiere no es la convivencia sino «la impunidad» de sus acciones violentas. El diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, ha compartido los argumentos del PP y se ha mostrado convencido de que la ministro «le han podido las ganas de dar sentido al escaño que ocupa».

Josune Gorospe, del PNV, se ha opuesto a la enmienda del PP por considerar que se ha planteado por una cuestión de «oportunidad» política con el único propósito de propinar un «revés» al Gobierno sin más. Y Juan Ignacio Lopez, de Cs, ha avanzado que su grupo presentará durante la tramitación de la ley enmiendas parciales y ha advertido a Castells que «se olvide» del apoyo de su grupo si pretende «satisfacer» las exigencias nacionalistas.