El estatus laboral del tutor de empresa, un reto sin resolver de la Ley de FP

Los secretarios generales de USO y de la Federación de Enseñanza de USO, Joaquín Pérez y Antonio Amate, presentaron en el Congreso las propuestas de enmienda elaboradas por el sindicato a la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, de cara a su tramitación parlamentaria.

Ambos dirigentes coinciden en que se trata de «una legislación con objetivos y contenidos positivos en su conjunto, que trascienden el ámbito meramente educativo, y que buscan aumentar el número de jóvenes que optan por la Formación Profesional para acercarnos a la media de los países de nuestro entorno».

Joaquín Pérez señala que “este planteamiento exige rediseñar por completo la Formación Profesional, con base en tres pilares». El primero, una nueva estructura de la oferta integrada, flexible, accesible, acreditable y acumulable». En segundo lugar, «un sistema más ágil de acreditación de competencias profesionales; y el tercero, un eficaz servicio de orientación y acompañamiento profesional”.

Además de este necesario rediseño, el texto inicial que llega al Parlamento cuenta con otras lagunas. La Federación de Enseñanza de USO destaca “la apuesta arriesgada de darle a toda la FP el carácter de dual». «Creemos que no es nada fácil poder garantizarle a todo el alumnado un puesto de formación en las empresas, especialmente al de los ciclos de grado básico», señala Amate. Además, esto abre otros «desafíos» en cuanto al personal docente: «no puede poner en riesgo los puestos de trabajo en los centros educativos». Además, «debe mantenerse la posibilidad de contar con profesorado técnico en todas las familias profesionales”, señala el secretario general de FE-USO.

Esto se une a “la necesidad de definir el estatus laboral del tutor de empresa. ¿Quién puede serlo? ¿Va a necesitar estar acreditado? ¿Cómo se va a resolver su capacitación y dedicación en horas, salario, incentivos…?”, plantea Amate.

Joaquín Pérez añade que otras enmiendas están relacionadas “con la falta de pluralidad, tanto en el tipo de centros de FP como en la participación sindical en el sector. El Proyecto no refleja la existencia de centros sostenidos con fondos públicos.