José Luján: “Estaremos muy pendientes de los debates y modificaciones de la Ley de Convivencia”

La Comisión Sectorial de Asuntos Estudiantiles de Crue Universidades Españolas está muy pendiente del devenir de la Ley de Convivencia Universitaria. De la mano de su presidente, el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, indagamos en los cambios que esta norma introduce, pero también en otras reformas por delante, como la LOSU o la ley de FP.

¿Cómo valoran la Ley de Convivencia?
—Tras el anuncio del ministro Castells de derogar el decreto de 1954, Crue advirtió al Ministerio de Universidades de que debía ser sustituido por una nueva ley sobre convivencia académica en la enseñanza universitaria porque, si no, empujaría al Sistema Universitario Español a un limbo jurídico en el que quedaría desprotegido la mayoría del estudiantado. El Ministerio escuchó a Crue y el Consejo de Ministros aprobó un texto con el que estamos de acuerdo, pues coloca la mediación como instrumento fundamental en la vida de las universidades y método principal en la resolución de conflictos intersubjetivos. Incluso en el tema de las sanciones, propone su sustitución –salvo casos muy graves– por procedimientos alternativos de reeducación o servicio a la comunidad universitaria.

¿Qué pasos faltan para su aprobación definitiva?
—No soy quien debería responder una pregunta sobre un procedimiento parlamentario, pero entiendo que después de que el Pleno del Congreso rechazara el pasado 21 de octubre la enmienda de devolución al Gobierno por parte del Grupo Popular, la futura normativa pasará a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de la Cámara baja, donde previsiblemente se debatirán y votarán las enmiendas parciales que hayan registrado los grupos parlamentarios al texto del Gobierno. Desde Crue estaremos muy pendientes de los debates y de las posibles modificaciones del texto normativo, como hacemos siempre. Una vez pasado el trámite en el Congreso, parece poco probable que en el Senado se introduzcan cambios relevantes. En todo caso, y como respecto de cualquier norma, convendría alcanzar el máximo consenso en su apoyo parlamentario.

¿Marca un antes y un después?
—Para algunos temas, como el de las novatadas, lo que más se ha destacado en los medios, no hay tanta novedad. No es correcto, por ejemplo, decir que a partir de ahora se perseguirán las novatadas. Hasta ahora, todas las universidades, en aplicación del decreto aun en vigor, podían sancionar todo tipo de conductas vejatorias o vulneradoras de la dignidad y de los derechos fundamentales del estudiantado; aparte, obviamente, de su eventual calificación penal.

Dicho esto, sí es importante destacar que el futuro marco legal por fin pasará a ser una norma con rango de ley, con una tipificación clara de todas las conductas (tanto del estudiantado como del personal de las universidades). Pero además va más allá y dedica un título a la convivencia de la Universidad, algo que consideramos la aportación más novedosa del texto.

¿Es esta ley más «la ley de los rectores» que la LOSU?
—Ninguna ley es de los rectores y las rectoras. Es cierto que el proyecto de la Ley de Convivencia responde a la demanda de Crue de un marco normativo que sustituyera al actual y situara a la mediación como la principal herramienta. Nuestra tarea es valorar y proponer medidas para la mejora de la calidad del Sistema Universitario Español cuando nos pregunta el Ministerio, como hace con el resto de sectores y colectivos universitarios. Crue no dicta al Gobierno lo que debe hacer y tampoco el Gobierno hace solo lo que Crue propone.

Y aprovecho para aclarar que la LOSU tampoco lo es, faltaría incorporar muchas de las propuestas de nuestro documento Universidad 2030, claves para que las universidades españolas puedan competir en igualdad de condiciones con la mayoría de las universidades europeas.

¿Qué pasará con la LOSU?
—Todavía es pronto para saberlo. No sería prudente aventurarnos a hacer valoraciones sin tener suficiente información acerca de los plazos y otras cuestiones también relevantes. De momento, seguimos manteniendo un contacto constante con el Ministerio de Universidades para que se escuchen nuestras propuestas. No podemos perder, como país, la oportunidad que nos brinda la LOSU de acometer una reforma que nos permita a las universidades contribuir con todo nuestro potencial a la recuperación económica y social del país.

¿Qué se debería modificar?
—Debe quedar bien estructurada y definida la cuestión presupuestaria; es necesario dar soporte para permitir su aplicación, y las medidas económicas son un requisito imprescindible. Sin una estimación del presupuesto difícilmente podemos prever las implicaciones. Es necesario que venga acompañada de un incremento significativo de gasto público específico para la Educación y la investigación universitarias. Si queremos internacionalizar, modernizar y hacer más competitivas a nuestras universidades debemos aumentar su autonomía y financiación. Somos uno de los sistemas universitarios más equitativos del mundo –en el que más de un 90% de nuestros estudiantes que van a universidades de titularidad pública lo hacen en instituciones en el 10% de las mejores del mundo– y, además, ocupamos en los rankings internacionales las mismas posiciones que universidades europeas con el doble y el triple de presupuesto. Más eficientes no podemos ser, pero si lo que se nos pide es más eficacia, entrar en el top 100 de las universidades, habrá que adecuar la financiación que se nos da con los resultados que se nos exigen.

¿Cómo ve que cada vez más universidades privadas ofrezcan Formación Profesional? ¿Y que la ley de FP apueste por las pasarelas?
—Es cierto que está siendo una tendencia en las universidades privadas porque es una forma de ampliar la oferta formativa y para ellas la aprobación de estos títulos es más ágil que para las universidades públicas por una cuestión de funcionamiento interno, fundamentalmente.

La propuesta de impulsar en una doble dirección las pasarelas educativas entre la Formación Profesional y la Universidad es una medida que desde Crue se venía reclamando desde hace años. Y es igualmente necesario hacerlo en el trayecto de las Universidades hacia la Formación Profesional, donde se requiere con urgencia un marco legal adecuado a las necesidades de un mercado laboral en el que las competencias y habilidades transversales cada vez cobran más importancia. Pero es importante hacerlo manteniendo la esencia de dos tipos de enseñanza que, si bien comparten el objetivo común de facilitar la empleabilidad con una formación de calidad, son diferentes en su estudiantado, metodologías docentes y objetivos finales.

Hace ya una década que el Consejo de Universidades aprobó la posibilidad de que las universidades emitiesen certificados de estudios universitarios iniciales (120 créditos) para que los alumnos que abandonaban el Grado tuvieran algún documento acreditativo de su nivel formativo. Esperamos que el anteproyecto de ley de FP facilite ese reconocimiento de los créditos aprobados en el marco de la Formación Profesional Superior y ayude a reducir las cifras de jóvenes españoles que salen del sistema educativo sin acreditar una cualificación y, por tanto, con unas posibilidades muy reducidas de incorporarse al actual tejido productivo.

• Evau. «No son solo las posibles diferencias entre CCAA. Son muchos más relevantes las derivadas de la condición socioeconómica y educativa de las familias. Se debe garantizar el acceso en igualdad de oportunidades y el más amplio consenso».
• Empleabilidad. «Es una condición de la calidad del título. Las universidades deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizarla, desde la definición de los títulos hasta los procesos de búsqueda de empleo».
• Programa Sicue. «Es necesario reforzarlo mediante un sistema de becas que en lo esencial recupere las características de las Séneca».