Madrid amenaza con llevar a los tribunales el decreto de evaluación educativa
El cosnejero Ossorio visita el IES "Cardenal Cisneros", donde los alumnos ofrecieron un concierto.
En declaraciones a los medios en una visita al IES «Cardenal Cisneros» de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha explicado que el texto tendría que haber estado vigente al inicio del curso escolar 2022-23, pero se ha aprobado ahora en noviembre «dificultando la labor de los docentes y las administraciones educativas».
El real decreto, que desarrolla la ley Celaá, aprobada en diciembre pasado, establece que el número de suspensos no sea el único criterio para que un estudiante promocione de curso, sino que será una decisión colegiada del equipo docente del centro. La repetición de curso será un medida muy excepcional para pasar de curso en las distintas etapas de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP y la decisión dejará de estar condicionada por el número de materias superadas y recaerá enteramente sobre el equipo docente.
Según el consejero de Educación madrileño, el nuevo decreto «tiene un incumplimiento legal de una ley orgánica, por lo que si no opta por retirarlo, «tomaremos las medidas oportunas», ha expresado Ossorio. Frente a este nuevo decreto, la Comunidad de Madrid ha decidido «homogeneizar» los criterios de evaluación enviando una guía a todos los centros educativos de la región, regresando a «los límites que había actualmente que ya eran muy generosos para que los alumnos pudieran promocionar», frente a la Lomloe que permite «aprobar a un alumno con ocho suspensos».
Madrid recomendará a los centros educativos que no se titule con suspensos y reforzará «las mayorías» dentro de los equipos docentes para adoptar estas decisiones. Así, Ossorio ha avanzado que se ha decidido que sean dos tercios del claustro quienes decidan que un alumno pase de curso en Secundaria «con innumerables suspensos», frente al criterio actual de que tenía que ser acordado por mayoría simple.
En el caso de Bachillerato, esa decisión tendrá que ser acordada por cuatro quintos del equipo docente «para tomar decisiones de forma homogénea», ha señalado Ossorio, que ha precisado que hablará con otras comunidades autónomas para estudiar recurrir a instancias judiciales.