María José González-Mayo: "Europa quiere que los fondos ayuden a las pymes y este proyecto no ayuda a ninguna"

María José González-Mayo es la presidenta de Fenacein, federación empresarial que representa a 1.500 centros de Educación Infantil de iniciativa social en España y engloba a las asociaciones de centros infantiles de primer ciclo autorizado en todas las comunidades autónomas.

Abordamos con ella el destino de los fondos europeos en esta etapa, con 670,1 millones de euros en exclusiva para sufragar nuevas plazas públicas gratuitas.

Desde el Ministerio se ha anunciado con triunfalismo la creación de 65.000 nuevas plazas públicas y gratuitas en Educación Infantil 0-3, aprobada ayer en Consejo de Ministros, pero para la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil la noticia ha sido un jarro de agua fría. 
–Creo que no solo para Fenacein, sino para la sociedad en general. Estamos ante  unos fondos que ha creado Europa con gran esfuerzo para intentar ayudar a los países a salir de crisis del Covid. Que se vayan  670 millones euros a 65.000 plazas innecesarias cuando tenemos 135.000 plazas vacías no es una buena noticia. No es algo que vaya a beneficiar a las familias, cuando ahora ya hay plazas libres. No va a beneficiar a los niños tampoco, pues en muchos casos tendrán que ir a estructuras no creadas específicamente para ese tramo de edad [0-3]. Además, la oferta en centros públicos es infinitamente más limitada que en centros privados, por extensión horaria, por días de apertura… Yo creo que es una mala noticia para todos. Por eso hemos solicitado al Gobierno de España que se revise, que se realice previamente un mapa de necesidades y que se acredite que en este momento es necesario crear 65.000 plazas más.

Creemos que la prioridad a la hora de crear esas plazas debería estar en zonas rurales donde no haya oferta ni pública ni privada, en zonas de exclusión social y en cualquier lugar donde los niños en la actualidad no tienen un lugar donde acudir para empezar su formación en 0-3. Ahí sí se deberían destinar los fondos que fueran necesarios. El resto, deberían dedicarse a ayudas directas a las familias para lograr la gratuidad en 0-3 en la red pública y privada ya existente en España.

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha subrayado que en esta etapa la proporción de alumnado en plazas públicas es muy inferior a la que hay en otras etapas educativas en adelante, y que con estos fondos se pretende compensar esta carencia de plazas públicas frente a lo que ocurre en etapas posteriores. 
–Actualmente hay un equilibrio 50/50 entre la oferta pública y privada en España en 0-3. La Educación Infantil es un servicio público dentro de un modelo dual, que puede darse directamente por parte de la Administración o mediante inversión privada. ¿A qué equilibrio pretenden llegar cuando hay aulas vacías y una red ya creada en la que sobran plazas para cubrir las necesidades actuales? Nosotros lo que vemos es que se van a crear plazas públicas porque sí, aumentando el gasto público de manera innecesaria. Además, estamos ante una etapa no obligatoria, y si hay más centros de Educación Infantil privados que públicos es porque a la Administración durante muchos años no le ha interesado invertir en ellos, y este vacío lo ha tenido que cubrir el sector privado. Con menos niños, con una tasa de natalidad que desciende de año en año, ahora quieren buscar un mayor equilibrio entre las plazas públicas y privadas, como hay en otras etapas.

Habla usted desde la Comunidad Valenciana, una de las pioneras en llevar este ciclo (las aulas de 2 años) a los colegios, y que esta semana ha anunciado que todos los niños de dos años tendrán enseñanza gratuita el próximo curso. 
–En realidad, la pionera a la hora de implantar este modelo fue Cantabria, y esto supuso el cierre del 70% del sector de las escuelas infantiles privadas. En la Comunidad Valenciana, tras 2015, con el cambio de Gobierno, se implanta también este sistema de un modo precipitado. Nosotros nos enteramos en verano, e incluso hubo que retrasar la entrada de esos niños en el colegio, empezaron a incorporarse en octubre. Esas aulas están en estructuras de colegios de Primaria, en aulas de segundo ciclo que se estaban quedando vacías. Y muchas no cumplían con los requisitos que se nos piden al resto para tener niños de ese tramo de edad.

0-3 es una etapa muy especial por la edad de los alumnos, y el dónde es vital. Se deben planificar las estructuras teniendo en cuenta la edad y las necesidades de los niños, y los centros de Educación Infantil están pensados específicamente para ellos: Les abruman los espacios grandes, los patios grandes, requieren de una flexibilidad absoluta en la forma de aprender. Se deben respetar sus horarios de sueño, de comida. Y en las aulas de 2-3 empiezan en septiembre, al principio solo con clase por la mañana, deben comer en el horario que les marca el colegio… Para nosotros es primarizar Infantil. Los niños no tienen cubiertas sus necesidades básicas de forma que emocionalmente estén bien y se potencie su capacidad de aprender, de trabajar la base de su aprendizaje. Son necesarios centros específicos con un profesorado muy concreto que no tenga tanto en cuenta su edad cronológica, sino su edad neurológica, pues es un trabajo no tan cuadriculado como en otras etapas, sino en función de las necesidades de cada niño.

Junto con las aulas de 2-3 surgen también otras competidoras, como, por ejemplo, las madres de día. 
–Nosotros queremos que se cumpla la ley, y las únicas estructuras actuales que pueden tener la guarda y custodia de los niños sin la presencia de sus padres durante el horario escolar son los centros de Educación Infantil. Todo lo demás para nosotros son centros ilegales. Hay que cumplir unos requisitos para atender a esos niños, estar sometidos a inspección educativa y sanitaria. Por ejemplo, nosotros seguimos con aulas burbuja, porque la higiene y la seguridad de los niños es nuestra prioridad. No entendemos cómo se puede permitir que cualquier persona pueda atender a niños sin ningún requisito cuando a nosotros se nos piden unos requisitos muy exigentes, lo cual entendemos por el tramo de edad de los niños a los que atendemos.

Sostienen que el curso después de la pandemia hubo unos 79.000 alumnos menos y que unos 1.000 centros han cerrado, como mínimo.
–Sí, esos datos proceden del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de la Mesa del Convenio, en la que participa Fenacein a través de Salvem 0-3, pero hay muchos más centros que han cerrado y no han solicitado el cese de actividad, hay muchos en que ese trámite administrativo no se ha producido, o en que ha habido un traspaso, pero según nuestros cálculos los traspasos no llegan a cumplir ni un curso, porque si el centro no ha funcionado con la titularidad anterior no ha sido por un problema de gestión o por la forma de hacer las cosas, sino por la falta de alumnado, en centros que viven de la cuota. Creemos que muchos no están contabilizados en ese millar de centros.

¿Es para ustedes una buena noticia que por fin vaya a haber un currículo para Infantil?
–Ni buena ni mala. El currículo se impone sin haber tenido en cuenta a la comunidad educativa. Lo que esperamos es que, ya que la ley subraya el carácter educativo de la etapa, en cumplimiento de la Lomloe se evite que haya niños de 0-3 años en estructuras no autorizadas. Esperamos que la inspección actúe y se cierren los centros que no cumplen con la normativa de la correspondiente Administración, que se deje de mirar para otro lado y se compruebe si los centros donde se imparte Educación Infantil realmente cumplen los requisitos y son centros educativos.

¿Pondría a alguna comunidad como modelo en 0-3?
–Quizá a Andalucía. Tiene un problema de precio-plaza, pero garantiza que la Educación Infantil 0-3 se imparte solo en centros exclusivos para esta etapa. Sean públicos, privados o concertados deben impartir en una estructura para primer ciclo, con los requisitos que fija la ley, en un edificio independiente… De hecho, se nos ha dicho que Andalucía rechazará los fondos europeos si solo sirven para crear plazas públicas, pues querrían poder complementar con ellos las ayudas en su comunidad para llegar a la gratuidad con las plazas existentes; saben que hay un exceso de plazas e incluso centros que ni se han llegado a abrir. En ese sentido es muy coherente y de verdad se preocupa por el bienestar de los niños desde edades muy tempranas.

También el País Vasco, que siempre ha apostado mucho por la Educación en general y por el primer ciclo en particular, con ayudas directas a centros y una fuerte inversión sin tener en cuenta si el centro es público o privado.

¿Tienen esperanzas de que su reclamación prospere?
–Sabemos que España debe cumplir unos requisitos y que existen una serie de mecanismos de control por parte de la UE para que los fondos cumplan con la finalidad de los mismos. Nos entristece haber escuchado a la ministra de Educación [Pilar Alegría] decir que estos fondos podían destinarse solo a plazas públicas porque así lo exige Europa, porque no es verdad. El reglamento determina que cada país tiene libertad para invertir donde considere que hay necesidad de invertir, y si se hubiese dicho que España tiene un porcentaje de desocupación alto en la red ya existente, pero voluntad de aumentar la escolarización en 0-3 porque diversos informes consideran que esta etapa es fundamental, podría haber invertido en plazas públicas donde hace falta y destinar el resto a ayudas directas a las familias sin ningún problema con Europa. Además, desde Europa se ha subrayado la necesidad de que el plan de recuperación genere consensos en la sociedad, que sea visto como un plan de Estado, y que las pymes no resulten excluidas, sino que sean beneficiarias directas. Europa quiere que los fondos ayuden a las pymes, y entendemos que este proyecto no ayuda a ninguna pyme sino a la Administración a cumplir su propia política educativa.