Nama, el joven saharaui que no puede ser profesor por no tener pasaporte

A punto de finalizar sus estudios de Magisterio en la Universidad de Almería con un 8 de media, Nama se siente desolado porque la única forma de poder hacer realidad su sueño y ser profesor en la enseñanza pública es tener la nacionalidad española, un proceso que le tomaría entre 10 y 15 años en conseguir. «Me parece totalmente injusto y discriminatorio que un europeo pueda opositar en España sin tener la nacionalidad y yo, que resido aquí desde hace siete años, como no soy europeo, no tenga las mismas oportunidades», lamenta el joven en una entrevista a Efe después de que su historia se hiciera viral en Twitter. A su juicio, este sistema «no hace más que aumentar las desigualdades entre los países pobres y los países ricos», pues niega a personas que, como él, proceden del Sahara la posibilidad de acceder a ciertos trabajos.

Nama, que reside con la familia de acogida que conoció gracias al programa «Vacaciones en paz» y que le dio la oportunidad de trasladarse aquí a vivir y estudiar cuando tenía 14 años, comenzó su vida en Almería con una tarjeta de residencia de estudiante, que no cuenta como residente español.

Cuando cumplió 18 años solicitó el estatuto de apátrida en España, un documento que no obtuvo hasta el año pasado, con 21, denuncia el joven, quien cree esta burocracia es «una forma indirecta de decirte: no tienes futuro en España». Después de estar tres años aguardando por esta gestión, ahora tendría que esperar entre 10 años y 15 años para poder tener la nacionalidad española y así presentarse a las oposiciones de magisterio en educación infantil.

El joven pide que se cambie la ley de extranjería o el registro civil para que este proceso se agilice y demanda al Gobierno alternativas para que los saharauis apátridas que viven en España desde hace años sin la nacionalidad puedan optar a oposiciones o procesos similares.

Muchas de estas personas, denuncia, viven con la condición de refugiados cuando sus padres y abuelos tenían documento de nacionalidad española, como es su caso, pues su progenitor, ya fallecido, trabajó en el Ejército español en el Sahara. Sin embargo, él siente que no tiene derecho a trabajar y salir adelante en un país en el que se ha esforzado por aprender y tener un futuro desde que empezó en el Instituto de Educación Secundaria Los Ángeles, en Almería, y después en la Universidad. Además, cree que este «trato discriminatorio» es una decepción para él y para su familia de acogida, pues sus padres «adoptivos», como los llama, han invertido mucho tiempo y dinero en su formación y ahora ven como se le cierran puertas.

Por todo ello, Nama no solo ha hecho viral su reclamación a través de las redes sociales, lo que le ha permitido comprobar que no está solo ni es el único que «es víctima del sistema», sino que ha lanzado una campaña en la plataforma osoigo con el fin de recoger miles de firmas que le permitan llevar su «injusticia» al Congreso de los Diputados.

También ha contactado a través de las redes sociales con la abogada especializada en extranjería Loueila Mint El Mamy, quien se ha comprometido a tratar de «cambiar esta injusticia» que no solo afecta a Nama sino que «discrimina» a muchos saharauis y personas que no son europeas. Loueila, que tiene su despacho en Tenerife, desde donde lucha por hacer valer los derechos fundamentales de las personas migrantes que llegan en cayuco a Canarias, asegura que la ley que regula el empleo público deja una puerta abierta a que las Cortes y la comunidades autónomas puedan eximir del requisito de tener que disponer de pasaporte español o ser europeo para presentarse a las pruebas.

La abogada ha aludido al principio de igualdad que establece la Constitución y ha avanzado que va a trabajar porque Nama pueda presentarse a las oposiciones a través de varias vías, entre ellas la judicial, lo que supondrá «poner patas arriba el Estatuto de Empleado Público». Esta letrada quiere que se replantee «esta discriminación» que establece la norma y visibilizar que «no todos son iguales ante la ley» y que ésta no puede discriminar y no dar seguridad jurídica a los ciudadanos extranjeros.

«Todos nosotros queremos estudiar para sacar a nuestras familias adelante. Venimos de un campamento de refugiados y no tenemos las cosas fáciles, y al venir a España, aunque para muchos signifique que nos regalan las cosas, no encontramos más que dificultades», agrega el joven saharaui.