Madrid pide la retirada del currículo de Bachillerato, Cantabria lo ve "adecuado" y Castilla y León pide aplazarlo

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, lo ha planteado en la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que ha tenido lugar esta tarde, de manera telemática, y en la que han estado representadas todas las comunidades autónomas.

El responsable de la Educación madrileña ha señalado que en la materia Historia de España, el Gobierno de la nación incorpora aspectos “fuertemente ideologizados desde el preámbulo y en el desarrollo, con continuas alusiones al movimiento feminista, el compromiso social y el desarrollo sostenible”, según un comunicado de su departamento. Para Ossorio, el texto del Ministerio “confunde España con el nacionalismo español, lo sitúa a la misma altura que otros nacionalismos del XIX, no reconoce una identidad española, sino que ésta es múltiple e identifica a la Segunda República como una democracia plena, destacando únicamente sus logros”, entre otros aspectos.

Por otra parte, el consejero considera que, aunque en esta etapa se quiera centrar en la contemporánea, es “absolutamente necesario que, para poder tener una comprensión global de la historia de España se incorporen contenidos”, como la Península Ibérica en la Edad Antigua, los visigodos, la Edad Media, la formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) o el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788). “El estudio de Historia de España, así como otras materias, se aborda desde un prisma muy politizado y se olvidan conocimientos esenciales», en opinión de Ossorio, quien ha lamentado que se ponga el énfasis «en los postulados ideológicos de determinados partidos políticos y se olvida la labor de investigación, estudio y análisis de los historiadores”.

El consejero también ha criticado la modalidad “General” de Bachillerato, por considerar que es “un error y una apuesta clara por desdibujar el verdadero sentido que debe tener esta etapa”. “En primer curso, el alumnado cursará ‘Matemáticas Generales’ y en segundo ‘Ciencias Generales’, es decir, un baño superficial de ambas, que no le preparará seriamente para nada”, ha añadido Ossorio, quien ha manifestado que así se “traslada al alumno la sensación de un Bachillerato sin exigencias, cuya única finalidad es la obtención sin más y por sí misma del título”.

El consejero ha destacado que “transmitir a los alumnos esto es plantear que el título de Bachiller se puede obtener con suspensos y que, por tanto, el esfuerzo y el aprecio del trabajo bien hecho no se encuentran entre los valores de estas enseñanzas”.

Cantabria, por su parte, ve “adecuado” el nuevo decreto de enseñanzas mínimas de Bachillerato, que ha aprobado este miércoles la Conferencia Sectorial de Educación y que comenzará a implantarse el curso 2021-22 en primero y el siguiente, 2022-23, en segundo.

La consejera de Educación, Marina Lombó, ha afirmado que esta norma que apuesta por una enseñanza “más competencial” y permite a los centros establecer sus propias situaciones de aprendizaje “ajustándolas a cada contexto educativo”, además de crear una nueva modalidad, el Bachillerato general. Lombó ha hecho estas declaraciones tras participar en la Conferencia Sectorial presidida por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en la que ha quedado aprobado este decreto, el último de los desarrollados en aplicación de la nueva Ley de Educación.

Según ha explicado la consejera, el Bachillerato está enfocado hacia una enseñanza más competencial, a través de las competencias específicas que establece por materia y curso y de los criterios de evaluación que enlazan aquellas con los saberes básicos. Un enfoque, ha dicho, que es “acertado y que sigue las indicaciones de los organismos internacionales y preparará mejor al alumnado para el mundo actual”.

En cuanto a los requisitos de titulación –la norma permite hacerlo con una asignatura suspensa-, Lombó considera que se establecen los suficientes requisitos y exigencias para garantizar que el perfil de salida se ha alcanzado y que el alumno puede proseguir estudios posteriores con garantías de superación. En este punto, ha asegurado que “confía plenamente en los docentes”, que son quienes mejor conocen a los alumnos y quienes, por lo tanto, tienen “los conocimientos, la experiencia y la capacidad para tomar la mejor decisión en cada caso”.

Durante el encuentro, se ha abordado también los cambios que se efectuarán en el decreto de ingreso a la docencia, en el que trabajan las comunidades y el Ministerio para adecuarlo a los procesos de estabilización previstos para los tres próximos años.

La consejera ha valorado el trabajo que están realizando los directores generales de las comunidades para abordar un texto “muy complejo” que ha de dar respuesta a situaciones “dispares” en cada autonomía. Marina Lombó ha hecho alusión al incremento del impacto de la covid en los centros educativos, especialmente en las etapas de Infantil y Primaria, en las que el alumnado de entre 5 y 12 años acaba de incorporarse a la estrategia de vacunación.

El secretario de Estado ha anunciado a las comunidades la convocatoria de un encuentro específico para tratar ese asunto, según informa en nota de prensa el Gobierno cántabro.

Lombó ha solicitado que se informe a las comunidades autónomas de “forma inmediata” de cualquier indicación que pudiera hacer el Ministerio de Sanidad y que afecte al ámbito escolar. “El objetivo es, y sigue siendo, garantizar la docencia presencial en las máximas condiciones de seguridad”, ha afirmado Lombó y ha mostrado “su total confianza” en que el avance de vacunación en el tramo de edad de 5 a 12 años tenga un “efecto similar” al que ha tenido en el resto de etapas.

Lombó ha reconocido que Cantabria vive el incremento de la incidencia con “gran preocupación” y ha vuelto a reconocer el trabajo y la responsabilidad de toda la comunidad educativa para hacer frente a una situación “complicada”.

La Junta de Castilla y León, en cambio, ha pedido al Gobierno el aplazamiento hasta el curso 2023-24 de la entrada en vigor de los currículos que regulan las enseñanzas mínimas de Bachillerato, por entender que existen deficiencias relativas a la calidad educativa y al esfuerzo del alumnado.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha pedido este aplazamiento durante la celebración, este miércoles y de forma telemática, de la Conferencia Sectorial de Educación, han informado fuentes de la administración autonómica a través de una nota. Durante su intervención, Lucas ha criticado la posibilidad de obtener el título de Bachillerato, y por lo tanto acceder a la EBAU, con una asignatura suspensa, ya que de esta forma el alumnado puede reducir sus esfuerzos y verse resentida su preparación académica.

Por otra parte, la consejera de Educación también ha mostrado su desacuerdo con la rebaja de contenidos que han sufrido algunas materias como la Historia y con la falta de una asignatura análoga a la de Religión para favorecer la libre elección.

Finalmente, Rocío Lucas ha expresado su desacuerdo con la nueva vía del Bachillerato General, ya que al no disponer de un referente claro de salida, puede dificultar enormemente el acceso a la universidad en algunas titulaciones, según las mismas fuentes.

El conselleiro de Cultura, Educación y Universidad de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, ha criticado una vez más la nueva ley educativa, «una mala ley con una peor aplicación», debido a que modifica «las reglas del juego a mitad de partido». Así lo ha expresado Rodríguez en la Conferencia Sectorial de Educación con la ministra Pilar Alegría y los representantes de Educación de las comunidades autónomas.

En un comunicado, el conselleiro ha condenado que el Gobierno central no tenga aún publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el diseño de los contenidos y los currículos del próximo curso. En el caso de Galicia, el Gobierno central elabora el 50% de estos planes de estudio y el Gobierno autonómico el 50% restante. Al respecto, el conselleiro ha recordado que Galicia «lleva meses trabajando por su parte», pero que no podrá completar los currículos e iniciar la tramitación administrativa del documento –que debe ser aprobado por decreto– hasta que el Gobierno central publique los planes de estudio en el BOE. «A partir de esa fecha, los tiempos legales está tasados, por lo que no llegan a tiempo para septiembre de 2022», afirman desde la Xunta.

Al retraso administrativo generado por el retraso del Ministerio se sumará también el problema que supondrá para las editoriales tener que renovar materiales y contenidos, así como la formación del profesorado, que debe adaptarse a los nuevos planes de estudio, consideran desde la Consellería de Educación. «Estamos asistiendo a constantes improvisaciones, a grandes retrasos y a la generación de un auténtico caos en el desarrollo de esta ley», ha declarado Rodríguez, que ha asegurado que el retraso en la publicación de los planes de estudio en el BOE evidencia «una falta de respeto al funcionamiento del sistema educativo» y a las comunidades autónomas. «Estamos constantemente cambiando las reglas de juego a mitad de partido», ha añadido Rodríguez, que ha aludido a los cambios en la evaluación y promoción de curso, a las modificaciones en los currículos y al cambio que se está planteando en el Ministerio en relación con el sistema de oposiciones.

El conselleiro ha censurado que en plena Navidad se anuncien cambios en los procesos de oposición para 2022, «creando incertidumbres en los opositores y sin tener en cuenta que comunidades como Galicia ya tienen en marcha sus convocatorias». Por ello, Rodríguez le ha pedido a la ministra Pilar Alegría que «reflexione» sobre el proceso de aplicación y desarrollo de la ley, que está siendo «un ataque constante a la estabilidad del sistema».

«No hay ningún tipo de diálogo por parte del Ministerio. Se está constantemente improvisando, no vemos líneas claras y se está generando un gran caos y no hay ningún mínimo respeto a los profesores, a los alumnos y a las familias», ha concluido el conselleiro.