Abusos en la infancia: ¿Cómo parar la violencia hacia los niños?
La pandemia ha hecho que aumente de forma significativa la violencia a menores tanto en la familia como en el medio digital. Una nueva ley trata de frenarla y prevenirla.
Por Olga Fernández
La pandemia ha sacado a la luz muchas sombras. Durante el confinamiento, la violencia a menores se disparó. La Fundación ANAR, a través de sus líneas de ayuda a niños y adolescentes (especialmente el Chat ANAR), atendió un total de 3.803 peticiones de ayuda, de las cuales, la mitad (50%) fueron por violencia. Durante los meses que duró el confinamiento, los casos de maltrato intrafamiliar fueron los más frecuentes, sobre todo violencia doméstica (maltrato físico y psicológico), seguidos de violencia de género, abuso sexual y abandono. En cuanto a la violencia extra familiar, destacó el ciberbullying, el acoso escolar, el grooming o sexting. “Las situaciones de estrés que padecen las familias han aumentado durante la pandemia, bien por la pérdida de familiares, de trabajo o por el propio confinamiento, lo que dificulta la convivencia. A esto hay que añadir que no se han establecido canales de comunicación eficaces para que los niños puedan denunciar estas situaciones”, explica Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad de Comillas ICADE y coordinadora del libro “Abuso y sociedad contemporánea. Reflexiones multidisciplinares”.
Tras el confinamiento, en junio de 2020, se tramitó el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo texto deja claro que “la protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990”. El texto también aporta datos sobre los entornos donde con más frecuencia se produce este tipo de violencia: “Puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la intimidad de los ámbitos en los que tiene lugar, tal es el caso de las esferas familiar y escolar, entornos en los que suceden la mayor parte de los incidentes y que, en todo caso, debieran ser marcos de seguridad y desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes”. O sobre el perfil de menores más afectados: “Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son sujetos especialmente sensibles y vulnerables a esta tipología de violencia”. Algo que también confirma Clara Martínez: “Las niñas con discapacidad es el colectivo más agredido”.
Prevenir la violencia en la familia
La nueva ley se centra en la prevención de la violencia en distintos ámbitos. Un punto clave para conseguirlo reside en el “ejercicio positivo de la parentalidad”: un concepto que se refiere al comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño. “En la familia, es muy importante enseñar a los padres buen trato. Deben sensibilizarse y saber que los hijos son personas que tienen derechos y dignidad. La patria potestad que ejercen no es absoluta, tiene límites. El ejercicio positivo de la parentalidad se basa en dos principios básicos: el interés superior del niño (no se pueden tomar decisiones que vulneren sus derechos) y escuchar a los hijos (no se puede saber qué es lo mejor para él si no es escuchándolo)”, explica Clara Martínez. La experta apunta también a la “autonomía progresiva de la voluntad”, un concepto que se traduce en no imponer de manera unilateral las decisiones que afecten al niño sin tenerle en cuenta, “sobre todo si es un adolescente”, dice. “Se trata de erradicar la violencia pero sin renunciar a la disciplina, es decir, que haya formas de disciplina no violentas”, añade.
Recientemente, el Consejo de Europa ha publicado una nueva guía de orientación sobre «Crianza de los hijos en la era digital” que contiene «estrategias de crianza positiva para diferentes escenarios». La guía promueve la idea de que las prácticas parentales positivas, basadas en la comunicación abierta y la confianza, deben extenderse al mundo digital, y proporciona consejos prácticos sobre cómo reaccionar, como padre o cuidador, a situaciones críticas que enfrentan los niños. Del mismo modo, los padres y cuidadores deben vigilar de cerca sus propios comportamientos en el mundo digital (compartiendo imágenes, por ejemplo) o el tiempo de uso de las tecnologías digitales durante el día.
La organización Save the Children resume en 10 consejos lo que es la parentalidad positiva para una educación libre de castigo físico: 1. Los niños y niñas tienen derecho al cuidado y guía apropiados; 2. La parentalidad positiva se basa en : conocer, proteger y dialogar; 3. El vínculo afectivo es determinante; 4. El afecto debe demostrarse abiertamente para que los niños y las niñas se sientan queridos; 5. Las normas y límites son importantes: les dan seguridad; 6. Los niños y las niñas deben participar en el proceso de tomar decisiones y sentirse responsables; 7. Se les puede sancionar cuando se portan mal, pero no de cualquier forma; 8. El cachete, el insulto, la amenaza o los gritos no son eficaces ni adecuados para educar a los niños y las niñas; 9. Los conflictos pueden resolverse sin violencia; 10. Para que los niños y niñas estén bien, los padres tienen que estar bien.
Cómo ayudar desde la escuela
Entre las medidas de protección que propone ANAR, la educación es una de ellas. Pues no hay que perder de vista que la escuela viene siendo la institución protectora de la infancia por excelencia, al ser el lugar ideal para ello, así como para la detección. “Si el profesor es capaz de crear un clima de seguridad y confianza en el aula, donde las normas de convivencia están claramente establecidas y rige el respeto, será más fácil gestionar las situaciones de acoso y que la victima se sienta libre para hablar”, apunta Inmaculada Abad, psicóloga infantojuvenil del equipo de ISEP Clínic Barcelona.
El título II de la nueva ley está dedicado a regular el deber de comunicación de las situaciones de violencia. En este sentido, se establece un deber genérico, que afecta a toda la ciudadanía, de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. Este deber de comunicación se configura de una forma más exigente para aquellos colectivos que tienen encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de personas menores de edad: personal cualificado de los centros sanitarios, centros escolares, y centros de deporte y ocio y establecimientos en los que residan habitualmente niños, niñas o adolescentes. En estos supuestos, establece la obligación de las Administraciones Públicas competentes de facilitar mecanismos adecuados de comunicación e intercambio de información.
Y algo importante: la nueva ley también crea nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, de manera que castiga a quienes, a través de estos medios, promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como la comisión de delitos de naturaleza sexual contra estas.