El Ministerio quiere evaluar tres competencias básicas de los aspirantes a maestro

DOCUMENTO: 24 propuestas para la mejora de la profesión docente (PDF)

Con el objetivo de mejorar las condiciones del profesorado y contar con los mejores profesionales en la formación inicial, el Ministerio de Educación ha propuesto que se establezca una prueba de admisión para la carrera universitaria de Infantil y Primaria. Este examen evaluaría las competencias comunicativas, el razonamiento crítico y las habilidades lógico-matemáticas, señala Educación.

“Hemos de replantearnos los procesos de selección buscando la identificación de quienes son más idóneos”, señala el documento, asegurando que los docentes que acceden a la función pública demuestren no solo sus competencias, sino también los conocimientos, destrezas y actitudes referidos a la función que van a desempeñar. Además, esta selección en la admisión de los estudiantes serviría para mejorar la situación de empleabilidad de los docentes recién titulados. Según datos del Ministerio, en el curso 2019-20 terminaron el grado 29.499 maestros, frente a las casi 12.000 plazas vacantes por jubilación.

El documento también recoge la modificación del acceso al máster en Formación del Profesorado, incluyendo la posibilidad de otro examen previo para la admisión de los estudiantes y el establecimiento de una serie de requisitos básicos. En el caso de estudiantes de máster, hubo 37.262 egresados frente a las casi 10.000 libres por jubilación.

El Ministerio también ha propuesto implantar un nuevo modelo de iniciación a la docencia (PID) que se oriente hacia la práctica y la experiencia. Plantea una revisión y un aumento en el número de créditos de las prácticas curriculares de los grados y el máster con el objetivo de que los futuros docentes reciban la formación necesaria para poder ejercer la profesión y se incorporen a la vida laboral.

Ante este documento, CSIF ha pedido al Ministerio que el futuro Estatuto docente contemple también mejoras en las condiciones laborales y retributivas del profesorado. Así lo asegura en un comunicado tras conocer las propuestas para la mejora de la profesión docente, entre las que destaca el establecimiento de un examen para acceder al grado universitario en Educación Infantil y Primaria.

A juicio de CSIF, el Ministerio debe «centrar el debate en la necesidad de potenciar el sistema educativo en su conjunto, reforzar las plantillas y, en definitiva, revertir los recortes de 2012, aún vigentes». CSIF entiende que el futuro Estatuto docente, una deuda histórica con el profesorado español, «debe enfocarse como una ley básica que regule toda la profesión docente, desde sus inicios hasta la jubilación». Además, pide que se mejoren las condiciones laborales y retributivas, así como el conjunto de la carrera profesional para dignificar el trabajo de los docentes e igualar las condiciones en el conjunto de las comunidades autónomas.

Para CSIF, el Estatuto docente debe marcar el inicio de un cambio en el sistema para que el personal docente lidere, desde su experiencia, las mejoras en la labor educativa.

Por su parte, STEs considera «un buen punto de partida la formación inicial y permanente como fundamentales para la mejora de la labor docente». Así como que se considere necesaria la inclusión de asignaturas didácticas para acceder a la docencia. Por otro lado, les genera «inquietud» la fase de prácticas centrada en la formación dual, ya que STEs siempre ha estado en contra de la FP Dual, «si lo van a plantear en esa línea será difícil llegar a acuerdos», aseguran en un comunicado. Respecto al acceso a la profesión docente, STEs asegura que «no habla en ningún caso de cómo será ese acceso», pero ya adelantan que están «totalmente en contra de pruebas eliminatorias».

En cuanto al desarrollo profesional docente, este sindicato está también «totalmente en contra de la jerarquización y división del profesorado», «creemos –dice el comunicado– en la importancia de la labor en equipo y de forma colaborativa». Y señalan que «la evaluación no debe servir par dividir ni para individualizar el trabajo de las y los docentes».

Por último, muestra su «preocupación por la falta propuestas sobre los derechos de las y los docentes, dignificación de su labor y no solo con aportaciones económicas, si no con reconocimiento y puesta en valor de su trabajo». Desde STEs aseguran estar dispuestos a negociar con el MEFP y esperan que sea «una auténtica negociación y que realmente se intente llegar a acuerdos y consensos de mínimos con las organizaciones sindicales».

Por su parte, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha reclamado al Ministerio que abra un espacio de negociación y diálogo con los representantes de la enseñanza concertada tras la reunión que la ministra, Pilar Alegría, ha mantenido con las comunidades y los sindicatos de la pública.

FSIE solicita al Ministerio que este documento sea debatido y negociado con los representantes sindicales de los docentes de la enseñanza concertada y privada ya que “cerca del 30%  de los docentes que ejercen la profesión lo hacen en estos centros y no pueden ser excluidos del debate  de una regulación tan importante y largamente reivindicada por nuestro sector” ha señalado su secretario general, Jesús Pueyo.

Cuestiones como el acceso a la formación inicial, la formación permanente, el acceso a centros privados o la carrera profesional son asuntos que conciernen directamente a los docentes de centros concertados y privados y FSIE, como sindicato mayoritario del sector, reclama al Ministerio participar en el debate de estos y otros asuntos de suma relevancia que figuran en el documento de propuestas. “Estamos de acuerdo en modificar el acceso a la formación inicial, para que el sistema tenga calidad hay que atraer a los mejores profesionales y adecuar la oferta de formación universitaria a las necesidades reales del sistema educativo”, ha recalcado Pueyo.

En la reunión del pasado mes de noviembre, FSIE ya expuso a la ministra la importancia de regular la profesión docente y desarrollar el marco de una carrera profesional que, en el caso de los docentes de centros concertados, ha de ser «análoga a sus homólogos de la función pública ya que ambos colectivos ejercen en centros sostenidos con fondos públicos».