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Jesús Marrodán: "Existe el riesgo de que los alumnos catalanes no dominen bien el castellano"

Jesús Marrodán, presidente de USIE (Unión Sindical de Inspectores de Educación), nos habla de su preocupación por el retraso de los currículos, de su decepción con el decreto de evaluación y del papel que cumple y el que debería cumplir la inspección.
José Mª de MoyaViernes, 11 de febrero de 2022
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Jesús Marrodán, presidente de USIE.

USIE ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos diez años triplicando el número de inspectores. El secreto, según su presidente, es una sabia mezcla entre trabajo –en 2021 editaron tres publicaciones y no interrumpieron sus encuentros anuales– y mantenerse fieles a un modo de entender la inspección educativa: independiente, crítica y alejada de complacencias políticas.

Por eso, se queja de que los inspectores continúan sin tener los recursos necesarios para poder desarrollar bien su labor. Aunque algunas de estas carencias son materiales tecnológicos, el presidente de USIE recalca que lo más imprescindible es la ampliación de las plantillas, ya que aunque la plantilla de docente se ha incrementado notablemente, el número de inspectores está congelado desde hace años.

¿Cómo valora el preocupante retraso de los currículos?

–La inspección está ahora mismo muy preocupada por el retraso que lleva el Ministerio en la publicación. Esto supone graves dificultades para que las comunidades promuevan sus decretos y va a ser casi imposible que los centros educativos el 1 de septiembre puedan tener en condiciones sus programaciones didácticas, sus horarios y su organización.

Un centro, aunque empiece el 1 de septiembre, se organiza en julio, y para ello necesita tener en junio ideas claras del currículo, de la plantilla que necesita, de los horarios… y no está claro que con el escaso tiempo que queda, las comunidades puedan tener a tiempo los decretos.

El Ministerio dice que se puede ir trabajando con los borradores…

–Sí, pero no hay que olvidar que aunque se trabaje con los borradores las comunidades pueden añadir o quitar cosas porque deciden un porcentaje del currículo. De hecho, el propio Ministerio ha ido cambiando cosas a lo largo de este tiempo y que hay un conjunto de colectivos profesionales que aún siguen exigiendo su cuota de horario y enfoques.

Estamos muy preocupados por el retraso de los currículos

Se quejan los de Informática, Filosofía, Cultura Clásica… ¿Son quejas fundadas?

–Creo que sí. Estamos hablando de que la Lomloe hablaba de una estrategia digital. En un centro tiene que haber alguien que sirva de referencia. No basta con tener nivel de usuario, que lo tienen prácticamente todos los docentes. Por otra parte, la filosofía es fundamental. Las ciencias son importantes, pero la filosofía tiene un peso cultural y educativo que no hay que olvidar.

Algunos sectores ven el currículum muy ideologizado, sobre todo en algunos aspectos controvertidos. ¿Cómo valoráis esto?

–Lo primero que nos ha llamado la atención del currículo es cómo el Ministerio utiliza reales decretos para introducir terminología que no estaba introducida en la Ley Orgánica.

Este «neolenguaje» no sabemos hasta qué punto va a generar un cierto rechazo por parte del profesorado. Porque claro, si teníamos un currículo competencial desde 2006 y han pasado 15 años, lo que esperábamos era una reflexión de por qué las competencias no han sabido implantarse correctamente a las diferentes etapas educativas.

Este "neolenguaje" de la Lomloe puede generar rechazo del profesorado

¿No te gusta el enfoque competencial?

–Creo que tenemos que mantenerlo, pero hay que hacerlo práctico y sencillo, asimilable por los centros. Y sobre todo dando mucha formación al profesorado.

También habéis sido críticos con el decreto de evaluación porque os parece un coladero.

–Hay que limitarse a los hechos. Nosotros partimos de que todo alumno de España tiene que tener los mismos derechos educativos. Basta con comparar la normativa de evaluación que desarrolla ese decreto en Andalucía o en Madrid y compararla con la de Baleares o La Rioja. Se ven notables diferencias, tanto en las responsabilidades que se ceden a los centros o las que no se le ceden. Eso genera la sensación de que cada uno va a hacer lo que quiera y le venga bien.

¿Ha habido una intención detrás de este decreto?

–Un criterio de evaluación de este tipo puede tener varias finalidades. Uno es darle más poder y autonomía a los centros, que creo que ya la tenían. Otro puede ser el facilitar la promoción, es decir, tenemos unos resultados en PISA en titulaciones y a ver si poniendo la cosa un poco más flexible conseguimos mejores resultados.

En parte con la Lomloe se ha vuelto a recuperar el espíritu de la Logse

¿Te parece que se quieren mejorar las cifras?

–Maquillarlas un poco.

¿Volvemos al espíritu del «facilismo»?

–En parte con la Lomloe se ha vuelto a recuperar un poco el espíritu de la Logse. De hecho las personas que están por parte del Ministerio son las mismas que intervinieron en el periodo de la Logse.

Lo que pasa es que ahora estamos en un contexto totalmente distinto. En aquella época el contexto digital era otro, el papel de las familias ha cambiado, el mundo laboral no tiene nada que ver, hay una apuesta por la FP que no había… La ley se ha quedado corta.

Habéis sido muy críticos con el “no papel” de la Alta Inspección.

–El problema es que la Alta Inspección no tiene inspectores de Educación –tiene un nombre engañoso– y se le han reducido competencias. Debería existir para garantizar la normativa básica y los derechos educativos de cada ciudadano.

¿Los que trabajan en la Alta Inspección no tienen que ser inspectores? No lo sabía…

No, no tienen por qué ser inspectores, puede ser cualquier funcionario, basta que sean personas de confianza. La alta inspección sigue siendo un organismo que cumple un papel en la convocatoria de becas, en los títulos… pero en muchas cuestiones se pone de perfil.

La alta inspección sigue siendo un organismo que en muchas cuestiones se pone de perfil

¿Qué debería hacer la Alta Inspección?

–Deberíamos tener un sistema más garantista: garantizar que las normas de cada comunidad autónoma respetan la normativa básica del Estado. Para que esa persona, ese alumno o familia tengan sus derechos a salvo.  Y, por supuesto, tener una plantilla de profesionales cualificados que conozcan las normas.

¿Debería ser distinto el acceso?

–Sí. Podemos entender que el director lo designe la Administración, pero el resto deberían acceder por concurso de méritos o de traslados.

¿Se ha echado de menos a la Alta Inspección en el tema de la lengua en Cataluña o es una simple rivalidad política?

–El tema de la lengua se ha politizado.

Lo que es evidente es que si tú a una lengua, no le dedicas un tiempo lectivo, es imposible aprenderla

¿Cuál es vuestra posición?

–Lo que es evidente es que si a una lengua no le dedicas un tiempo lectivo, es imposible aprenderla. Nos quejábamos hace 20 o 30 años de que el inglés no se aprendía porque solo se daba la clase de Inglés y se decidió en gran parte de este país crear un plurilingüismo de asignaturas no lingüísticas que se daban en inglés, para fomentar el aprendizaje de esta lengua.

La idea de que el aprendizaje de la lengua se hace en la calle no es correcta. Es una lengua muy estandarizada y a veces muy coloquial. Cualquier lengua que quieras que funcione y que los alumnos usen bien, necesitas usarla de forma vehicular también en asignaturas no lingüísticas.

¿Te parece que en el actual modelo lingüístico de Cataluña los alumnos corren el riesgo de no dominar bien el castellano?

–Yo creo que corren ese riesgo, sí. Una lengua que se limita a una asignatura, por mucho que el entorno pueda hablarla o no, no es suficiente para dominarla bien. Necesita más conocimientos de esa lengua y un tratamiento académico y riguroso.

Ha habido alguna crítica, no sé si con intencionalidad política o no, de que los alumnos catalanes no escriben igual de bien en castellano que los madrileños o los castellanoleoneses, ¿os consta a los inspectores?

–Es algo que se ha comentado sobre todo por parte de algunas universidades. Es cuando el alumno se desplaza a otra universidad del país y hace su carrera, cuando notas quién domina bien la lengua y quién tiene algunas dificultades.

El inspector tiene dos grandes papeles que cumplir. Uno es el de supervisión, porque para eso estamos, para vigilar que la norma se cumpla, que los derechos de los estudiantes se respeten y también para asesorar

¿Cuáles son las funciones que debe tener el inspector, entre el  «inspector burócrata» y el «inspector consultor»?

–El inspector tiene dos grandes papeles que cumplir. Uno es el de supervisión, porque para eso estamos, para vigilar que la norma se cumpla, que los derechos de los estudiantes se respeten… pero también para asesorar. Y estos papeles se desempeñan en función de las necesidades de cada centro y de cada momento.

Por ejemplo, ante un nuevo decreto de currículo la función de la inspección es asesorar a los centros. O al revés, cuando ya hay una norma que funciona bien tu papel es el de supervisar que se cumplan, por ejemplo, las normas de convivencia. Los centros necesitan un asesoramiento jurídico y un apoyo pedagógico y eso se lo da la inspección.

Por tanto, ¿asesoramiento pedagógico también?

–Lo estamos dando a menudo. No tan a fondo como los asesores de formación que para eso están. Todos somos funcionarios docentes, por tanto sigues manteniendo esos conocimientos. Lo más especializado corresponde al asesor del centro de formación, pero esa primera visión y sugerirles ciertas cosas, lo hacemos habitualmente.

 

Pediría que toda la ciudadanía, docentes y administración nos dieran los recursos que nos niegan

¿Ha pecado inspección de haber abandonado un poco esa labor de asesor por haberse centrado en la supervisión?

–Puede ser. El problema de la inspección es este país es más básico, yo veo que tiene tres patas. La primera es el número. Tenemos las mismas plantillas que hace 30 años y en este país hay 12.000 centros más que hace 30 años. Con lo cual pediría que toda la ciudadanía, docentes y administración nos dieran los recursos que nos niegan. Un inspector que tiene 20 centros, miles de alumnos y cientos de profesores, no puede cumplir con su tarea, y eso nadie lo quiere ver.

También nos faltan recursos tecnológicos, no podemos seguir yendo a los centros con el bolígrafo y la carpeta.

El tercer problema es la independencia de la administración. A veces chirría con el papel del político que te dice que hagas ciertas cosas. Al inspector le interesa cualquier cosa que pasa en el centro, pero a veces la política de las administraciones te dice esto, esto y esto. Nosotros hemos pedido al Ministerio que exista una carrera profesional con una apartado que sea el de la inspección educativa.

¿Cómo promociona un inspector?

–Un inspector promociona haciendo al menos dos oposiciones en su vida. Una de ingreso a la función docente, porque todos somos profesores de instituto, y luego haciendo una segunda oposición. Somos los únicos que hacemos dos oposiciones.

De esto de la carrera profesional se viene hablando desde hace muchos años…

–Estuvimos en el debate en 2007 y 2009, luego en 2010, lo hemos estado en 2021 pero no vemos que se avance. Y nos llama la atención que se sigue pensando que con modificar el currículo y cuatro recursos educativos ya estaría, cuando la clave son los recursos humanos, en cualquiera de sus perfiles.

 

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