Julián Garde: “Necesitamos que la reforma laboral, la Ley de Ciencia y la LOSU se coordinen entre sí”

Crue universidades españolas ha mostrado su preocupación por la aprobación de la reforma laboral, debido a que esta elimina los contratos de obra y servicio, los habituales para los investigadores universitarios. Por ello, el presidente de la Comisión Sectorial de Investigación de Crue cree que la solución está en aprobar la Ley de Ciencia [la cual el martes 15 de febrero se aprobará el anteproyecto en el Congreso de los Diputados]. Piensa que, sin esta ley, no hay una solución clara para seguir vinculando a los investigadores a los proyectos.

¿Por qué consideran desde CRUE Universidades que la desaparición del contrato de obra y servicio por la reforma laboral puede tener un impacto negativo en la investigación universitaria? ¿Puede existir una alternativa que contemple la futura Ley de Ciencia?

–En primer lugar, quiero dejar claro que desde la Crue no estamos en contra de la reforma laboral. El contrato de obra y servicio era el más utilizado para contratar a personas vinculadas a proyectos de investigación, y con su eliminación esta posibilidad desaparece. Lo que nos preocupa es el orden de aprobación de las leyes, ya que no hay nada que permita desarrollar una modalidad contractual para vincular personas a proyectos de investigación debido a su especificidad. La solución es el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, que permite una contratación indefinida vinculada a líneas de investigación. Cuando esté en marcha, pensamos que este problema desaparecerá. Ahora mismo, la preocupación  de todo el sistema universitario se debe al desajuste en el tiempo de la aprobación de la reforma laboral –ya aprobada– y la Ley de Ciencia, que presumiblemente no se aprobará hasta otoño. Mientras, necesitamos una solución con urgencia.

Y en esos cinco o seis meses que estima que pueden pasar hasta la modificación de la Ley de Ciencia para sustituir los contratos de obra y servicio ¿qué va a ocurrir?

–Nosotros lo que hemos pedido al Gobierno de España es que, en la medida de sus posibilidades, antes de que acabe marzo, intente, por la vía reglamentaria que sea, aprobar esa modalidad contractual regulada por el anteproyecto de Ley de la Ciencia, pero sin esperar a que esta se apruebe. Es decir, una medida urgente. Si eso no ocurre, no podemos decir cómo vamos a seguir vinculando a las personas contratadas con cargo a los proyectos.

Y aquellos investigadores que ahora mismo estén involucrados en una investigación ¿qué va a pasar con ellos hasta que se apruebe la Ley de Ciencia?

–Las personas que estuvieran contratadas con cargo a proyectos de investigación antes de publicarse en el BOE la reforma laboral sí que pueden mantener sus contratos de obra y servicio hasta finales de 2024. Sin embargo, las personas a las que se les haga un contrato de obra y servicio ahora, lo tendrán como máximo seis meses.

Ya que apuestan por la aprobación de la Ley de Ciencia para solucionar este problema de la reforma laboral ¿cree que esta ley es una oportunidad para cambiar las cosas?

–El texto al que hemos tenido acceso nos parece que tiene muchas ventajas. Había un aspecto que nos preocupaba, que era el desarrollo de la actividad investigadora y la estabilización laboral de esas personas. Y ese factor sí que se ha recogido en este anteproyecto de ley. Además, hemos hecho alguna alegación en este sentido desde las universidades para intentar implementarlo y adaptarlo en base a cada una. Pero, en general, esta ley nos parece positiva, y con estas alegaciones, mejorará aún más.

¿Qué cambios estructurales son urgentes abordar en nuestro sistema de I+D+i para que España avance hacia una sociedad y economía del conocimiento?

–Consideramos que hacen falta cambios a tres niveles estructurales, que se llevan reclamando desde hace muchos años. En primer lugar, un incremento de la financiación pública, ya sea del Estado o de las comunidades autónomas. En segundo lugar, un desarrollo de carrera investigadora y de estabilización de estas personas, el cual está recogido en la modificación de la Ley de la Ciencia. Y el tercero, la disminución de todas las tareas y trabas burocráticas que hacen mucho menos eficiente la actividad investigadora de los profesores.

Ya que comenta el tema de la burocracia ¿cómo se podría revertir esa disfunción que tiene el sistema universitario español?

–Lo primero que habría que hacer es una revisión de las normas y un diagnostico transversal para identificar todas aquellas que, de alguna manera, inciden sobre esta burocratización. Una vez hecho este diagnostico, habría que ver cuáles pueden eliminarse y cuáles podemos aminorar, y hallar el porqué aquí la carga burocrática es mucho mayor que en el resto de la UE. Y esto no es un tema menor, ya que estamos hablando de la actividad investigadora, de lo que depende el futuro de un país, y por ello, tenemos que darle un trato diferencial.

Y en este contexto ¿cree que las universidades españolas compiten en igualdad de condiciones con otras universidades europeas?

–El sistema universitario español es muy potente, y con una gran capacidad investigadora. De hecho, ahora han llegado los primeros resultados de participación en el nuevo programa europeo de Horizonte Europa y ahí España ocupa un lugar principal en cuanto a resultados. Pero es cierto que, algunas cuestiones como la excesiva burocracia y el menor aporte al gasto de I+D, que tan solo es del 1,41% cuando la UE está en el 2%, nos hacen ser menos competitivos. No somos menos competitivos por la calidad de los investigadores, sino por una menor inversión y por un sistema mucho más burocratizado.

Desde la Crue han hablado de una posible “descapitalización de las instituciones ¿por qué ven ese riesgo? Y respecto a la LOSU y la Ley de Ciencia ¿qué pasará si no van de la mano?

–Lo primero que esperamos es que nuestras alegaciones se tengan en cuenta para hacer los cambios necesarios en la actividad investigadora. El primer cambio normativo reciente que afecta a la actividad investigadora ya está aprobado: la reforma laboral. Falta la modificación de la Ley de la Ciencia, y por último la LOSU. Necesitamos que la reforma laboral, la Ley de Ciencia y la LOSU se coordinen entre sí para evitar asincronías y esa descapitalización sobre la que me preguntaba.

Respecto a los fondos europeos de Next Generation EU, que suponen una parte importante en la financiación de la investigación universitaria ¿cree que pueden contribuir a paliar los años de recortes? 

–Sinceramente, tengo que decir que nos parece poco. Como ya he dicho, las universidades constituyen el 70% de la actividad investigadora del país, y podemos aportar mucho más para que esos fondos lleguen a todo el sistema.

¿Qué financiación per cápita de I+D+i sería deseable en 2030?

 –Lo ideal sería llegar a la media de la Unión Europea.

¿Consideran que la universidad está teniendo el papel que le corresponde en el plan de recuperación post-Covid del Gobierno?

–Nosotros, como Crue, creemos que no. Pensamos que podemos aportar mucho más, tener más participación en los distintos ejes de este plan de recuperación y resiliencia como consecuencia de la Covid.

Desde Crue también reclaman un “cambio cultural” ¿ustedes sienten que no han tenido la confianza que se merece el terreno de la investigación en España?

–Esto no es de ahora. Durante un tiempo no se ha hecho saber a la sociedad lo importante que es para un país lo que emana de una investigación y de los fondos públicos que se destinan. Por suerte, ahora no es así y la sociedad ha avanzado mucho, y casi todo el mundo asume la importancia de la investigación, por ejemplo, con el caso de las vacunas. Este es el cambio cultural que necesitamos, que los ciudadanos sean conscientes de la importancia de la investigación.

¿Tienen ustedes confianza en el actual ministro de Universidades, Joan Subirats, en que pueda culminar las reformas emprendidas por su predecesor, Manuel Castells?

–Por supuesto, sin ninguna duda. Eso sí, el tiempo dirá si esa confianza decae o crece. Y esto se evaluará mediante hechos.