Más de seis millones de personas no pueden acceder regularmente a alimentos en España

El informe de la Universidad de Barcelona (UB) y la Fundación Daniel y Nina Carrasso (FDNC) han presentado los datos sobre la inseguridad alimentaria en nuestro país. El estudio, pionero en España, revela la falta de acceso a alimentos y la dificultad de llevar una alimentación sana antes y durante la pandemia. La encuesta muestra como el paso del COVID-19 en España ha hecho que la inseguridad alimentaria grave –aquella en la que la persona está todo un día sin comer durante varias veces al año– sea más del doble. Desde marzo de 2019 a julio de 2021, de 375.000 personas que se encontraban en esta situación, han pasado a ser 890.000.

Estos datos van en consonancia con el aumento del umbral de pobreza en España, que alcanzó en 2020 el 21%, con un aumento del 0,3% respecto al año anterior. En la misma cantidad ascendió la pobreza extrema, que llegó al 9,5%, según el EAPN. Si agrupamos todos los tipos de inseguridad alimentaria –grave, moderada y leve– este problema afecta a 6.235.900 personas, un 13,3% de los hogares.

Ante las sospechas de los investigadores del aumento de personas con una mala o escasa alimentación y la poca profundidad de los medios en este asunto, se lanzaron a estudiarlo. “Este estudio nace de la frustración de observar cómo en los medios se hablaba del incremento de las colas del hambre durante la pandemia, pero sin profundizar sobre esta realidad y sus consecuencias en las vidas de las personas”, dice Ana Moragues Faus, de la Universidad de Barcelona.

De las 6.200.000 personas que están en situación de incertidumbre, de no saber si ese día van a poder comer o no, tan solo 1.500.000 se benefician de las ayudas de asociaciones o bancos de alimentos, según el FEGA. Por ello, Isabelle Le Galo, directora de la Fundación Daniel y Nina Carasso, reclama que este problema debe atajarse: “El acceso universal a una alimentación sostenible es urgente. Ahora es nuestro turno, el de las instituciones, la sociedad civil, las empresas y el tercer sector, es el momento de poner en marcha medidas y políticas que pongan fin al hambre”.

La burocracia es, por tanto, uno de los primeros problemas a la hora de recibir ayuda. Un informe de Cáritas detalla como el Ingreso Mínimo Vital tampoco está siendo capaz de atajar del todo la situación, en parte por la burocracia y también por culpa de la desinformación. Hasta un 57% de los hogares en riesgo de exclusión no ha recibido información sobre esta medida.

Pero otro factor que en ocasiones no se tiene en cuenta es la vergüenza de muchas personas para acudir a asociaciones o comedores sociales. Fundaciones y asociaciones intentan paliar esta cuestión con otros métodos, como por ejemplo la Fundación Humana Spes. Aquí no son ellos los que reparten alimentos, sino que son las personas quienes “hacen la compra”. Alimentos y más productos se organizan por un sistema de puntos, en el cual se reparten en función de las necesidades de cada uno.

Las repercusiones de una alimentación pobre o de escasa variedad pueden influir en la salud, pero también indirectamente en otros ámbitos, como en el rendimiento académico o laboral. Un estudio de la Universidad Jaume I indica como factores como si comemos comida casera o no, así como un seguimiento de la dieta mediterránea puede mejorar la productividad.

Esto puede provocar que las personas que estén en el eslabón más bajo de la sociedad les sea aún más difícil salir. Por ello, Claudia Rocío Magaña, de la Universidad de Barcelona, cree que esta inseguridad alimentaria se trata de “un problema estructural que puede agudizarse si no se ponen en marcha acciones políticas y sociales”.