Acuerdo para garantizar el castellano en Cataluña y dar margen a las escuelas

El acuerdo entre independentistas, socialistas y comunes, que modifica la Ley de Política Lingüística de 1998, ha llegado un día antes de que venza el plazo para cumplir la sentencia judicial que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano. De entrada, la propuesta –de la que de momento se queda fuera la CUP, además de Vox, Ciudadanos y el PPC– modifica el artículo 21 de la Ley de Política Lingüística: el catalán, como «lengua propia de Cataluña», se sigue considerando como «lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje» en el sistema educativo, pero también se establece que el castellano debe ser usado «en los términos que fijen los proyectos educativos de cada centro».

Para asegurar el «dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria», añade la propuesta de modificación legislativa, «la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales debe tener garantizada una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos de centro».

«La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas», plantea la propuesta, que los grupos impulsores quieren que sea tramitada en lectura única y por el procedimiento de «urgencia extraordinaria» en el Parlament.

Además, se establece que no es posible «expedir el título de graduado en Educación Secundaria a ningún alumno que no acredite que tiene los conocimientos orales y escritos de catalán y de castellano propios de esta etapa».

También hay una referencia a los alumnos en la comarca del Aran, que «tienen el derecho y el deber de conocer con suficiencia oral y escrita la lengua propia de este territorio al finalizar la educación obligatoria». La enseñanza de y en aranés, además del catalán y el castellano, «debe tener garantizada una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos de centro».

En un comunicado conjunto, PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem han destacado que su propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística debe permitir «garantizar el dominio de las lenguas oficiales, con el catalán como centro de gravedad del sistema educativo». Subrayan que esta nueva regulación «pone el énfasis en el hecho de que los proyectos lingüísticos se basarán en los resultados de las evaluaciones del alumnado en las lenguas oficiales, partiendo de la autonomía de los centros educativos y de su adaptación a la situación sociolingüística».

Asimismo, reconocen que «la escuela catalana se ha transformado desde muchos puntos de vista en una realidad socialmente plurilingüe, que ya no se basa únicamente en el modelo de clase magistral y libre de texto, sino que está en proceso de transformación hacia un modelo educativo mucho más participativo y abierto al mundo».