Subirats: "La inmersión lingüística ha funcionado perfectamente en Cataluña"

«Lo que tiene que hacer la Generalitat es cumplir la sentencia (del TSJC) y buscar las fórmulas para que eso se cumpla. No tengo los datos suficientes para saber si se está cumpliendo, pero imagino que en eso están», explica el ministro en una entrevista con Efe.

En la práctica, continúa, la inmersión lingüística «ha funcionado perfectamente y ha sido un instrumento de cohesión social de valor incalculable». «Ha evitado –añade Subirats– que se generara la lógica de dos comunidades lingüísticas y, por tanto, ha permitido evitar cosas que para mí habrían sido terribles, como que en el patio jugaran al fútbol los del catalán contra los del castellano. Esto no ha pasado».

A su juicio, se trata de una «ventaja indudable del sistema, otra cosa es que pueda haber lugares o sitios en los que se necesite más presencia del catalán o del castellano». La capacidad de adaptación del sistema ha ido funcionando y, «si uno ve el nivel de denuncias que ha habido, en comparación con el número de alumnos que hay –no es que haya que pasarlas por alto–, el nivel de ruido habría sido mucho más alto» del que existe, concluye.

Por otra parte, Subirats ha subrayado que la inversión pública en las universidades deberá llegar «como mínimo» al 1% del PIB de aquí a 2030, una exigencia que se incorporará al nuevo texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. El ministro de Universidades sugiere la vía del Tribunal Constitucional si se incumple este compromiso financiero. «No me veo capacitado de presentar un proyecto de ley que pretenda ser novedoso y que sitúe a la Universidad española en el escenario de un cambio de época si al menos no viene acompañado de un 1% de inversión pública», afirma Subirats, que sustituyó a Manuel Castells hace dos meses tras su renuncia al cargo por cuestiones de salud. Actualmente, este porcentaje se sitúa en torno al 0,7% del PIB, que en conjunto del año 2021 ascendió a 1.202 millones de euros, un 7,2% superior al de 2020.

El 77% de la financiación para las universidades procede de las administraciones autonómicas, el 6% del Estado y el resto de la captación de fondos que hacen las propias instituciones de Educación Superior. Subirats opina que hay un problema de transparencia con el dinero que asigna la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, competentes en la materia y libres de decidir el destino de las cuantías económicas, ya que no son partidas presupuestarias con carácter finalista.

Sin embargo, «hay datos, evidentemente, de lo que se transfiere a las comunidades y lo que invierten en las universidades, por tanto puedes hacer un seguimiento» y comprobar quién está cumpliendo. En caso de incumplimiento del 1% del PIB, las universidades –a título individual o agrupándose– «pueden acudir al Tribunal Constitucional. El sistema normativo tiene sus elementos de protección y la idea de transparencia ayuda a que las universidades tengan una capacidad de exigencia en relación a su comunidad autónoma mayor que si no existiera esa capacidad», explica.

Según el catedrático de Ciencias Políticas, que se jubiló en agosto pasado tras medio siglo de docencia e investigación en la Universidad, lo primero es que el Estado cumpla con ese compromiso del 1% y, a partir de ahí, trasladarlo al resto.