Cambray acusa a los sindicatos de quererlo "todo y nada" y de rehuir un acuerdo

El conseller, en una entrevista este jueves en la emisora RAC1, se ha referido a la última propuesta presentada por Educación, que los sindicatos han rechazado, y que consiste en disminuir en una hora las horas lectivas en Infantil y Primaria desde el próximo curso y hacerlo en Secundaria a partir del curso 2023-24. Los sindicatos han exigido que la reducción se lleve a cabo en escuelas e institutos desde el próximo curso y han acusado a la consellería de «querer dividir al profesorado».

Según Gonzàlez Cambray, la propuesta suponía aumentar el próximo curso en otros 1.400 la plantilla de maestros, lo que es una mejora para el sistema educativo y para los profesores. «A ver cómo les explicarán los sindicatos que la han rechazado», ha dicho. De hecho, el conseller ha incidido en que «no tenemos que confundir a los sindicatos con la comunidad educativa».

Al respecto, ha indicado que «hay imágenes violentas» protagonizadas por los sindicatos educativos al boicotear actos que «son de la comunidad educativa» que «no representan a nuestros maestros». En este sentido, el conseller se ha referido al acto que se debía celebrar el pasado lunes en el paraninfo de la Universidad de Barcelona para presentar la guía de diseño de los nuevos espacios educativos y que se tuvo que suspender por la irrupción, con gritos y pitidos, de los sindicatos de profesores, que exigíanla dimisión del conseller.

Sobre ello, Gonzàlez Cambray ha dicho que los miembros sindicales, al ocupar los espacios y boicotear actos «que no son del conseller, sino que son de la comunidad educativa», lo que hace en «utilizar la violencia», por lo que estos comportamientos «no se corresponden con la actitud de lo que significa ser maestro».

En el acto de este pasado lunes «había más maestros sentados que los que estaban chillando», ha señalado Cambray, para quien, con estas actuaciones, los sindicatos «demuestran falta de respeto» y son «un mal ejemplo como maestros y para los alumnos». Con todo, Gonzàlez Cambray ha afirmado que «los boicots no pararán mi determinación», por lo que la Consellería seguirá llevando a cabo los cambios con el fin de «seguir mejorando el sistema educativo» en «beneficio educativo del alumnado y con el horizonte 2030».

Gonzàlez Cambray ha reiterado que el próximo curso se avanzará una semana, por lo que empezará el 5 de septiembre y el 7 en institutos y que la medida, que «no afecta a derechos laborales», se ha tomado «con toda la información posible» para «mejorar los derechos educativos de los niños».

Por otro lado, el Govern ha pedido al TSJC que no admita la petición de ejecución del fallo que obliga a impartir el 25% de las clases en catalán instada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) porque niega la legitimidad de ésta para pedirlo y porque necesita tiempo para reformar la Ley de política lingüística y el decreto de uso de las dos lenguas en el sistema educativo. Según el escrito de alegaciones presentado por el letrado de la Generalitat, al que ha tenido acceso Efe, el gobierno catalán entiende que la AEB no puede atribuirse la condición de persona afectada por la sentencia y por lo tanto no puede promover la ejecución forzosa de la sentencia.

Aunque la AEB argumentó que la sentencia perjudica a la asociación dados sus fines estatutarios y que 1.643 de sus asociados son alumnos mayores de edad o padres de alumnos afectados por la sentencia, la Generalitat alega que el Tribunal Supremo ha establecido que persona afectada es aquella que puede resultar perjudicada o dañada «y no es suficiente justificar una determinada atribución estaturaria». «Hay que acreditar de manera específica en qué puede verse afectado el interés que invoca y una determinada relación con el objeto del litigio, que es lo que la AEB no hace. La asamblea, en definitiva, no obtendría ningún beneficio o utilidad jurídica por el hecho que la sentencia se ejecute de una y otra manera», argumenta la Generalitat.

Las alegaciones del gobierno catalán también desmienten la «inactividad» de que le acusa la AEB y recuerda al TSJC que el pasado 25 de marzo la Generalitat ya informó al tribunal «sobre las iniciativas iniciadas para regular la materia, en concreto la tramitación de dos normas, una de rango legal y una de rango reglamentario, que se habían iniciado durante el periodo de ejecución de sentencia». En este sentido, el Govern explica que la modificación de la ley de política lingüística se registró en el Parlament el 24 de marzo y «persigue actualizar la garantía de conseguir las competencias lingüísticas de acuerdo con el nuevo enfoque competencial del currículum y la aplicación de instrumentos de control, evaluación y mejora del sistema educativo». «En particular –añade– para conseguir la finalidad estatutaria y legalmente establecida de garantizar el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales por parte del alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria».

Tras señalar que estas modificación legales «cuentan con un amplio consenso inicial de los grupos parlamentarios (ERC, PSC, JxC y ECP), la Generalitat especifica que la iniciativa «se ha registrado para ser tramitada por el procedimiento de lectura única y por urgencia extraordinaria». En paralelo, el Govern también informa al TSJC que ha iniciado los trámites para aprobar un decreto del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña para desplegar el título II de la ley 12/2009 de 10 de julio, de Educación. Para aprobarlo, el Departamento de Educación prevé hacer una consulta pública previa a su elaboración durante un mes para conocer la opinión de la comunidad educativa, un «trámite preceptivo» en los procedimientos de las administraciones públicas.

El objetivo de este decreto es, según la Generalitat, «dar cumplimiento, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, a la obligación que corresponde a la Administración educativa de regular el uso vehicular de las lenguas del sistema educativo», por lo que dice que es «incuestionable que la norma pretende afrontar el tema del uso de las diferentes lenguas en la escuela».

El Departamento de Educación también ha encargado al Centro de Investigación Sociolingüística y Comunicación de la Universidad de Barcelona una encuesta sobre la realidad sociolingüística en las escuelas «para conocer con profundidad la realidad que se quiere regular».

«No es lícito afirmar que el Departamento de Educación no ha hecho ninguna actividad normativa, como indica la AEB», afirma el letrado de la Generalitat, que subraya que «la tramitación de las normas tiene unos trámites y plazos que hay que respetar, sin que se pueda exigir su aprobación en un plazo de un mes como pretende la AEB». «Lo que es realmente relevante es que, por seguridad jurídica, la problemática quede resuelta en el plano normativo y esto es lo que ha hecho la Generalitat con las dos iniciativas normativas comentadas» que se están tramitando, añade.

Por todo ello, la Generalitat pide a la sección quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC que «inadmita o desestime el incidente de ejecución promovido por la AEB y se le impongan las costas procesales, reconociendo que (la Generalitat) está llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar normativamente el uso de las dos lenguas oficiales en las enseñanzas en Cataluña».