¿Quién dicta en realidad la política educativa?

En los últimos meses ha surgido la duda acerca de quién dicta en realidad la política educativa en nuestro país y las bases sobre las que se construyen las reformas. Muchos docentes se temen que, a la vista de los resultados, se inspiran en instancias externas y en organismos internacionales (OCDE, think tanks...) que son las fuentes en las que beben en último término los asesores ministeriales. Dichas instancias no siempre coinciden, en sus planteamientos ideológicos, con los que sostienen al Gobierno de turno, pero se alinean con las normas que rigen en los demás países de nuestro entorno. El resultado es que se agrava la brecha (otra brecha educativa más y nada desdeñable) entre el docente, que es quien tiene que aplicar esas directrices, y el legislador. Muchos profesores se han instalado en la «objeción educativa» de facto y piensan seguir aplicando sus metodologías como hasta ahora, ajenos a las corrientes políticas en boga. Después de todo, nadie les ha consultado (o sí lo han hecho, pero sin resultado) acerca de cuáles han de ser las prácticas que ellos aplican en el aula en función del perfil de alumnos que reciben.

En definitiva, si hasta ahora un profesor de Historia (pongamos por caso) ha enseñado la materia desde el punto de vista cronológico y desde el momento en que estima oportuno, lo seguirá haciendo, más allá de que los nuevos currículos obliguen a enseñar solo desde 1812. Y si ha decidido que sus alumnos aprendan los contenidos y no solo las competencias (¿qué significa ser competente en Historia?) seguirá haciéndolo así, etc.

Por tanto, estamos agravando la desafección de los docentes hacia las administraciones educativas –veamos si no lo que está pasando en Cataluña, País Vasco y otras comunidades– y el consiguiente deterioro de los sistemas educativos, especialmente los públicos, pues los privados no admiten pérdidas de tiempo en cuestiones políticas, diatribas lingüísticas o legales…

Son varias las fundaciones e instituciones que están bajo sospecha de los educadores, aquellas que están inspirando las políticas y el día a día en las aulas, y a las que se acusa de recibir fondos de los gobiernos centrales o autonómicos para financiar estudios e investigaciones que respalden una u otra tendencia en el «mercado» educativo. Y mientras, el daño se hace palpable. Frente a ello, no se pone remedio a los problemas reales: la reducción de ratios, el enfoque en el conocimiento, el mantenimiento de la disciplina, el examen y el diagnóstico de la situación.