La Generalitat recurrirá el ultimátum del TSJC para cumplir el 25% del castellano
En su auto, el alto tribunal argumenta que la Generalitat no está cumpliendo con la sentencia dictada por esta misma instancia el 16 de diciembre de 2020 y que fue firme el pasado 20 de enero, por lo que requiere su ejecución «forzosa». «La elección del medio para garantizar el resultado» que establece la sentencia es «facultad» de la Generalitat, pero «lo que no está en su libertad es no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional», sostiene el auto.
El tribunal da este plazo máximo a la Generalitat de 15 días para que todos los alumnos «reciban de manera efectiva e inmediata» la educación mediante la utilización vehicular «normal» de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que «no pueden ser inferiores al 25% en uno y otro caso».
En una comparecencia convocada de urgencia, el conseller de Educación, Josep González Cambray, ha calificado de «aberrante» el auto, pues considera que el TSJC se «extralimita de sus funciones». El conseller ha anunciado que los servicios jurídicos van a presentar un recurso contra el auto y ha aprovechado para pedir «el máximo consenso político, social y pedagógico» para defender el modelo de escuela catalana, asegurando que el próximo curso «habrá más catalán en las escuelas del que hay ahora».
Cambray ha destacado que la resolución judicial ha contado con un voto particular de dos de los magistrados de la sala, lo que a su juicio refleja que la decisión «no tiene razón jurídica». El conseller también ha cuestionado la legitimidad de la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la asociación que ha impulsado los procesos judiciales contra la inmersión lingüística.
Sin embargo, la resolución judicial de la sección quinta de la sala contencioso-administrativo del TSJC deriva precisamente de un recurso de Asamblea por una Escuela Bilingüe, que acudió al tribunal a reclamar la ejecución forzosa de la sentencia del 25%. La presidenta de esta asociación, Ana Losada, ha aplaudido la decisión del TSJC, que ha calificado como «un paso de gigante» para «poner fin a la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes».
Desde los partidos políticos, ERC y PSC han reprochado a JxCat de nuevo que se descolgara del preacuerdo –del que también participaron los ‘comunes’– para reformar la ley de Política Lingüística, que estaba pensado para poder canalizar la sentencia del 25% de enseñanza en castellano sin desmontar el modelo de escuela catalana. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido a JxCat que sus «disputas internas» no «hipotequen» la defensa del catalán y la inmersión lingüística en la escuela, ya que ha advertido de que es «imprescindible y urgente» hacer frente a las «injerencias judiciales».
Por su parte, la diputada del PSC Esther Niubó ha acusado a JxCat de haber antepuesto sus intereses particulares al pacto para modificar la ley de Política Lingüística, unos cambios que desde el sindicato CC. OO. han pedido ahora acelerar. En cambio, el sindicato Ustec ha emplazado al Departamento de Educación a «no dejar que el 25% de castellano entre en las aulas».
Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha considerado «intolerable y antidemocrática» la «intromisión de las togas en el aula».