La ministra abre la puerta a una bajada de ratios por parte de las comunidades
En un encuentro informativo, la ministra ha recordado que durante la pandemia se desdoblaron las clases y se bajaron ratios gracias al impulso del Gobierno mediante transferencias económicas a las comunidades (solo en 2020 más de 2.500 millones de euros). Ahora, y en coincidencia con la reforma de la carrera docente, ha dicho, habrá que plantear la mejora de las ratios, pero no como establece la ley vigente de número de alumnos por aula, sino de número de estudiantes por profesor «que me parece más efectivo».
Respecto a la propuesta de 24 puntos para renovar la carrera docente, que el Gobierno está discutiendo con las comunidades, Alegría ha subrayado su propósito de alcanzar un «amplio consenso», lo que significará más recursos «y hablar de ratios».
Alegría ha anunciado también que el Gobierno bonificará en más de un 90% los contratos en prácticas con cotización a la Seguridad Social de los alumnos que cursan una FP Dual, la que combina la enseñanza en el aula con la formación en empresas. Según ha explicado, los alumnos de FP Dual, que representan solo el 4% de todo el estudiantado de estas enseñanzas, tendrán un contrato laboral remunerado y cotizarán en la Seguridad Social.
Tras señalar que esta medida ha sido negociada con los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Alegría ha señalado que la intención es que este contrato entre en vigor el próximo curso académico. Ha señalado asimismo que estos contratos tendrán que ser flexibles ya que dependerán de las distintas características de las comunidades autónomas.
Durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press, al que han asistido los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la ministra de Educación ha subrayado que la actualización de la FP que está llevando a cabo el Gobierno es un proyecto de país «que justificaría solo una legislatura».
La ministra ha subrayado por otra parte que en la cuestión de la sentencia que obliga a implantar un 25% de enseñanza en castellano en Cataluña «no hay debate que valga», ya que es de obligado cumplimiento. Alegría ha subrayado que en un Estado de derecho las sentencias son de «obligado cumplimiento para cualquier administración y ciudadano de a pie». Si dicha sentencia «se cumple o no se cumple no le corresponde a esta ministra», sino al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El gobierno catalán tiene previsto aprobar este lunes el nuevo decreto ley sobre el modelo de uso lingüístico en las escuelas, un día antes de que expire el plazo que le dio el TSJC para implantar un 25% de enseñanza en castellano. Según han informado a Efe fuentes del Govern, con el decreto, que se aprobará en paralelo a la nueva ley sobre el uso de las lenguas oficiales que tramite el Parlament, se pretende dar amparo a los directores y docentes de los centros educativos en la aplicación del modelo lingüístico ante dicha resolución judicial.
«En esta cuestión no hay debate que valga, no hay debate», ha insistido la ministra. Alegría ha señalado que no conoce el decreto que aprobará el Govern en una reunión extraordinaria este lunes y ha reiterado que es el TSJC quien debe determinar si la respuesta de la Generalitat a la sentencia es «acertada, oportuna y correcta». A su juicio, los importante es que los niños que viven en una comunidad autónoma con lengua cooficial sepan desenvolverse con fluidez en castellano y la lengua autóctona al término de la Educación obligatoria. Además ha reiterado que usar este tema como «arma arrojadiza no nos hace ningún favor».
Alegría ha recordado asimismo que su Ministerio ya ha pedido información a la Generalitat para que le traslade su respuesta para dar cumplimiento de la sentencia del 25% y, de momento, no ha contestado.