Las universidades catalanas se oponen al fin de la inmersión en la escuela

Las universidades públicas catalanas han rechazado los «porcentajes arbitrarios desconectados de la realidad territorial» que a su juicio marca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a realizar un 25 % de asignaturas en castellano. A través de un comunicado conjunto, las ocho instituciones de Educación superior que forman parte de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) han defendido que la inmersión es un «modelo de éxito que garantiza las competencias lingüísticas de su alumnado».

«Los profesionales del mundo educativo, atendiendo el contexto social, tienen que ser las personas que determinen qué modelo lingüístico es el más adecuado para garantizar la competencia lingüística del alumnado», han expresado.
Según han destacado las universidades, «los resultados de la inmersión lingüística han evidenciado su beneficio, tanto para el alumnado como para el seno de la sociedad, contribuyendo así a la cohesión social, a la igualdad de oportunidades y a la normalización del uso de la lengua catalana».

«Es necesario que se garantice un modelo lingüístico de escuela catalana estable que favorezca la inclusión, la cohesión y la progresión social del país», han defendido los ocho miembros de la ACUP.  También, han destacado la petición de los rectores para que «las bases lingüísticas del futuro de Cataluña y de toda la comunidad lingüística» tengan un amplio consenso, con el apoyo de partidos, organizaciones, entidades y de la población en general.

El TSJC ha ordenado a la Generalitat que cumpla de «inmediato» la sentencia que obliga a que un 25 % de la enseñanza en Cataluña sea en castellano, lo que se traduce en otra asignatura troncal en español además de la materia lingüística de este idioma.

La sección 5ª de la sala contencioso-administrativo del TSJC ha dado un plazo máximo a la Generalitat de 15 días para que todos los alumnos «reciban de manera efectiva e inmediata» la educación mediante la utilización vehicular «normal» de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que «no pueden ser inferiores al 25 % en uno y otro caso».