Vox, Cs y PP obligan a posponer la ley del catalán y trastocan su efectividad

PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem alcanzaron ayer martes un acuerdo para impulsar una nueva ley que prevé reafirmar el catalán como «lengua vehicular» en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de «uso curricular», sin fijar porcentajes y dejando margen de decisión a los centros educativos. El acuerdo llegó justo una semana antes de que expire el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fijó el 31 de mayo como fecha límite para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer el 25% de clases en castellano.

Sin embargo, no está garantizado que la ley pueda ser aprobada antes de que venza el plazo del 31 de mayo, ya que Vox, Cs y el PP han anunciado que pedirán dictamen sobre la propuesta al Consejo de Garantías Estatutarias, que dispondrá de siete días hábiles para dictaminar si se ajusta al Estatuto y la Constitución a partir del día siguiente del registro de la solicitud. Si Vox, Cs y PP esperan hasta el viernes, será muy difícil que el pleno pueda votar la ley antes de que expire el plazo del TSJC.

En el inicio del pleno de este miércoles, los 105 votos de PSC-Units, ERC, JxCat y los comunes -frente a los 28 votos en contra de Vox, CUP, Cs y PPC- han permitido aprobar la tramitación en lectura única de la propuesta, para hacer posible su aprobación el viernes. Vox, Ciudadanos y el PPC han presentado enmiendas a la totalidad a la proposición de ley antes de que finalizase el plazo al mediodía.

Cs ha sido el único grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo, en el que plantea que el catalán, el castellano y el inglés sean «las lenguas normalmente utilizadas como lenguas vehiculares y de aprendizaje» en la escuela catalana.

En la sesión de control en el Parlament, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha negado que la nueva ley represente «un ataque al poder judicial», sino que responde al principio de «separación de poderes». «Las leyes las hacen los parlamentos, no los tribunales. Los tribunales aplican las leyes que aprueban los parlamentos», ha argumentado.

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, no ve ningún problema en el acuerdo alcanzado en el Parlament, en el que se dice «claramente que tanto el castellano como el catalán van a ser lenguas curriculares». En el PSOE ven compatible el pacto alcanzado entre el PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem con cumplir la sentencia que obliga a un 25 % de clases en castellano y fuentes socialistas insisten en que no puede haber problema entre el fallo judicial y la nueva ley.

En cambio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE de dar su «beneplácito» a la vulneración del Estado de Derecho al pactar con el independentismo una nueva ley que no fija porcentajes al uso del castellano en las aulas.

Por su parte, la Plataforma per la Llengua no ha logrado convencer ni a ERC y JxCat ni a la CUP para introducir una enmienda a la nueva ley, que pretendía evitar que el castellano sea reconocido también como lengua de «uso curricular» en Cataluña, ya que ve «riesgo» de que, «en una interpretación extrema» de la normativa vigente, el Estado pueda imponer el 50% de horas lectivas en castellano.

Desde la CUP –que también se opone a la nueva ley– alegan que no han hecho suya esta enmienda porque lo que exigen es la «retirada total de la propuesta», que a su entender «abre la puerta a la vehicularidad del castellano en las escuelas».

Por su parte, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha asegurado que su departamento asumirá la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos que elaboren los centros escolares para fijar el porcentaje de horas lectivas a impartir en catalán o castellano en base a criterios pedagógicos.

En paralelo a la ley que tramita el Parlament, el Govern tiene previsto aprobar en los próximos días un decreto ley que abordará justamente la cuestión de los proyectos lingüísticos.