La Comunidad de Madrid rechaza la nueva Ley estatal de Universidades

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, lo ha expresado en la Conferencia de Política Universitaria, donde ha destacado que la actual redacción de la norma estatal «daña la calidad y la excelencia», según una nota de la Administración regional.

Ossorio ha advertido de las consecuencias negativas que acarreará dar los estudiantes una excesiva participación en decisiones que no tienen capacidad técnica para tratar; conceder créditos por pertenecer a alguna asociación estudiantil o por formar parte de comités de política universitaria; y otorgar una sobrerrepresentación (25%) a los alumnos en los claustros. Además, ha añadido el consejero, la LOSU defiende los paros cuando así lo decida el órgano de representación de los estudiantes. «¿Quién pagará las clases perdidas y los costes ocasionados?, ¿Quién defenderá los derechos de quienes no secunden estas huelgas?», se ha preguntado.

El texto del Gobierno central elimina el requisito de ser catedrático universitario para optar al cargo de rector, lo que, en opinión de Ossorio, «abre la puerta a una degradación y mayor politización» y se traduce en «un aumento de la militancia y la agitación para el control de los campus en detrimento de la excelencia académica».

El consejero madrileño también se ha mostrado en contra de la participación del alumnado en la elaboración e implantación de los planes de estudio y las guías docentes, porque, en su opinión, es «un atentado contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y cualquier tipo de lógica».

En cuanto a la financiación, Ossorio ha recordado que la LOSU cifra en un 1% del PIB de cada región el presupuesto para las universidades públicas, un aspecto que suscita serias dudas ya que el documento carece de memoria económica, y ha mostrado su temor de que «pase como en anteriores ocasiones, cuando el Gobierno ya anunció mejoras que terminaron pagando las comunidades autónomas». Asimismo, ha cuestionado este sistema, porque las autonomías con mayor PIB destinarán más dinero y las de menor PIB dedicarán menos, lo que creará «desigualdades entre regiones».

También se ha referido al artículo que señala que se tendrán en cuenta las necesidades singulares de comunidades con lengua cooficial. «No estamos conformes con que se generen créditos y prebendas a los que incumplen las leyes y las sentencias judiciales, mientras que se priva de ellas a los que cumplimos las normas», ha subrayado el consejero, quien ha apuntado que el proyecto de ley evita mencionar al español como lengua común, lo que «deja abierta la puerta a su exclusión en los campus de determinadas comunidades autónomas, perjudicando la formación y competitividad del alumnado».

Por otro lado, el portavoz del Gobierno regional ha denunciado los «complejos políticos anticuados» de la ley respecto a las universidades privadas, de las que se hacen juicios de valor sobre su número y una supuesta falta de calidad, «algo absolutamente falso».

Ossorio ha tendido la mano al Gobierno para seguir avanzando en aspectos positivos de la LOSU, como la posibilidad de que las universidades tengan campus fuera de España como parte de la internacionalización, el fomento de colaboración con las empresas o la potenciación de la formación continua del profesorado.