Lucas diagnostica una "buena salud" en la Educación de la 'era postpandemia'

«Va por buen camino con una política educativa basada en la valía, esfuerzo, mérito, capacidad y con principios como es la exigencia de una EBAU única y la investigación e innovación». ésta dentro del plano universitario, ha explicado este miércoles la consejera de Educación, Rocío Lucas, en una entrevista con la Agencia Efe.

La pandemia asomó durante el último trimestre del curso 2019-20, pero los dos cursos siguientes ya fueron presenciales: «la comunidad educativa reaccionó de forma conjunta y coordinada, no nos planteamos el cierre de las aulas y los alumnos fueron el principal valor a cuidar», ha explicado. No cerró ningún centro educativo durante ese periodo aunque numerosas aulas fueron sometidas a un proceso de cuarentena, ha añadido al volver la vista atrás sobre dos años «duros, complejos, pero positivos por los resultados de esa experiencia de gestión: han sido apenas dos años pero parece que ha pasado un mundo».

Dos de las patas de la trébede del sistema educativo se asientan sobre la enseñanza obligatoria (de Infantil a Bachillerato) y la universitaria, hace no tanto alejadas en competencias académicas, planes de estudio y objetivos laborales, y ahora comunicadas «por la pasarela de la Formación Profesional», que incluso convalida materias en determinados grados de los estudios superiores.

«Cada vez se van acoplando, se están dando pasos muy importantes pero aún queda mucho por hacer en la expectativa de que los alumnos (de FP) puedan encontrar trabajo. Los cuatro rectores de las universidades públicas (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) están muy comprometidos», ha reflexionado Lucas cuando apenas lleva dos meses de trabajo en esta nueva legislatura (2022-2026). Hace no tanto tiempo la FP «era un fin en sí mismo y ahora es una pasarela, un medio porque cuando titulan los alumnos prácticamente trabajan», ha comparado.

Un mapa de titulaciones universitarias

Hace una década Castilla y León afrontó la necesidad de un mapa universitario de titulaciones coordinado y acorde con el tejido empresarial, un empeño que Rocío Lucas y las universidades han recogido para «hacerlo crecer de forma ordenada y esa conciencia la tenemos todos, pero para ello se necesitan inversiones que hay que ir incrementando», ha apostillado. La consejera ha reiterado el compromiso de la Junta de reforzar la financiación de las universidades públicas, de forma paralela a la mejora de las retribuciones de los docentes.

El reto demográfico que ya interpela de forma dramática a las instituciones de Castilla y León también puede ser combatido desde el sistema educativo, porque éste «al fin y al cabo se trata de un servicio público fundamental» que puede aportar su «grano de arena» desde diversos frentes de su competencia, ha advertido. Se ha referido en este punto al mantenimiento de las unidades educativas en el medio rural con tres o cuatro alumnos en la Educación Infantil y Primaria, así como la inclusión en estos centros de clases de primer y segundo curso de ESO para que los estudiantes de estas etapas «no tengan que desplazarse a grandes distancias» hasta los institutos de grandes municipios o cabeceras.

La FP «también puede luchar contra la despoblación» a través de titulaciones específicamente enfocadas a la actividad de cada zona, con el resultado de «oportunidades de empleo para que los jóvenes tengan un proyecto de vida» en su entorno, ha apuntado Lucas no sin antes recordar que en todas las capitales de provincia «existe un campus universitario».

La consejera, por otra parte, ha invitado a las pequeñas y medianas empresas a conocer los centros I+D+i de los campus universitarios, «a aprovechar sus infraestructuras» y beneficiarse de proyectos de investigación pensados para «hacer más competitivo el tejido industrial».

La consejera ha repudiado la actual ley de educación (Lomloe) que el Gobierno de España elaboró «sin el consenso» de las comunidades autónomas, adoctrinadora a través de «omisiones interesadas» y aprobada hace seis meses «con el Congreso de los Diputados cerrado». «Cuando una ley se impone sin consenso, sin hablar con las comunidades autónomas, que son competentes en la materia, y tampoco con la comunidad educativa, es difícil que pueda pervivir en el tiempo porque hay una parte de la sociedad que ha sido excluida», ha analizado la consejera en declaraciones a la Agencia Efe.

La conocida popularmente como ley Celaá, no sólo no ha sido participada, sino que fue aprobada «con el Congreso de los Diputados cerrado», en plena pandemia y sin la posibilidad, por tanto, de recibir aportaciones mediante una tramitación ordinaria con su paso por comisiones, ha añadido.

Nueve leyes entre 1970 y 2021, casi a razón de una por quinquenio, demuestran en su opinión que la Educación «no puede estar al albur» de las distintas normas planteadas por el gobierno del momento, sino que requiere «de sosiego, de reflexión y de escuchar a las comunidades autónomas con competencias», ha planteado. La mejor fórmula para ello, ha propuesto, es la de un «pacto de Estado» o, en su defecto, la sustanciada desde «planteamientos y principios básicos, comunes e inamovibles» dentro del territorio autonómico competente. De esta forma, ha añadido la consejera, se evitarían «tantas diferencias entres las comunidades autónomas» como a su juicio demuestran los resultados de los Informes PISA que periódicamente elabora la OCDE para evaluar la aptitud de los estudiantes en los países de su ámbito de actuación.

«De eso tenemos que aprender, un camino que también nos marca la UE», ha apostillado Rocío Lucas (Soria, 1970), que cumple su segunda legislatura como consejera de Educación en Castilla y León, la primera con el reto de gestionar una pandemia «con dos cursos y medio afectados», pese a lo cual la formación fue presencial y no hubo que cerrar «ni un solo centro educativo», aunque sí aulas.

La aprobación de los currículos para el próximo curso 2022-23, el pasado abril en la parte correspondiente al Ministerio de Educación (60 por ciento), es la primera consecuencia de una Lomloe que la consejera de Castilla y León considera doctrinaria en algunos puntos, «sobre todo en ESO y Bachillerato» a través de «omisiones interesadas» que la Consejería de Educación «ha compensado» en el 40 por ciento del diseño que le corresponde.

Se ha referido en este punto a la impartición de la asignatura de Historia de España (segundo curso de Bachillerato) a partir desde 1812, «olvidando una parte muy importante de la misma», y a la de Filosofía (cuarto curso de ESO), optativa para el Ministerio de Educación y obligatoria para Castilla y León con el fin de procurar una formación con sentido crítico en el alumnado, ha explicado. «La parte curricular tiene que enseñar conocimientos y materias, no adoctrinar», ha resumido Rocío Lucas, que este 2022 cumple 25 años como funcionaria del Cuerpo Superior en la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de ellos más de una veintena como alto cargo en las consejerías de Hacienda, de Empleo, y de Educación.