Evaluación de competencias docentes

Con un plazo corto, tras acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación –vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ante la Comisión Europea–, las distintas Administraciones educativas organizarán la evaluación de la competencia digital del profesorado, con un marco común de referencia, idénticos instrumentos y mutuo reconocimiento de las correspondientes certificaciones. Estas serán similares a las establecidas para las enseñanzas de Idiomas y la competencia lingüística, en seis niveles correspondientes a tres estadios: inicial (A1, A2), medio (B1, B2) y avanzado (C1, C2). El propósito es certificar tal nivel de competencia, en 2024, para el 80% los más de 700 000 docentes no universitarios.

Asimismo, la reforma de la Lomloe (2020) también establece, en una de sus disposiciones adicionales, la sexta, referida a la Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, que, en 2025, todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030.

Bienvenidas sean, por tanto, iniciativas que redundan en la formación docente, pero merecen todavía mayor interés ámbitos del ejercicio profesional del todo relevantes para los logros educativos del alumnado, así como los consiguientes procesos de evaluación de tan decisivas cualificaciones.

Con una añosa y continua demora, justificada o debida a circunstancias de distinta naturaleza, la evaluación de la función pública docente es una asignatura pendiente –comparación aparte–. La LOE, sin cambios en su formulación desde 2006 –más allá de sustituirse “carrera docente” por “desarrollo profesional docente·, con la Lomloe (2020)–, establece, en su artículo 106, que, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las Administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente, con la participación del profesorado; además de fomentarse la evaluación voluntaria de los docentes. Tales planes han de ser públicos, con indicación de los fines, de los criterios de valoración y de la forma de participación del profesorado, de la comunidad educativa y de la propia Administración. Y los resultados de la valoración de la función docente se tendrán en cuenta, con preferencia, en los concursos de traslados y en el desarrollo profesional docente, junto con las actividades de formación, investigación e innovación.

Importa la competencia digital de los docentes, interesa su cualificación para el desarrollo de los aspectos educativos de la Agenda 2030, y reclaman todavía más atención, tan postergada como perentoria, los procesos de evaluación aplicados a competencias del profesorado, relevantes y decisivas, que inciden en los logros educativos de los estudiantes.