Los rectores valoran que la nueva ley mejore la financiación de las universidades
En un comunicado, precisan que por primera vez en su articulado contempla el incremento de la financiación pública hasta, al menos, el 1% del PIB, aunque «debería precisarse mejor en su origen y calendario de ejecución». A su juicio, es importante que se preste una mayor atención a la I+D en todo el sistema universitario, en conectar las universidades con otros centros educativos, culturales y científicos para incentivar la investigación y reforzar las actividades educativas científicas y las vocaciones científicas.
Estiman que se incluya la propuesta de que el mandato de rector sea único y de seis años improrrogables y que se plantee una nueva carrera académica, así como que contenga apartados sobre formación permanente, ciencia abierta y ciencia ciudadana. «Además –añaden–, es muy positivo el refuerzo de la autonomía universitaria, al incorporar una mayor capacidad de desarrollo de algunos artículos por parte de las universidades a través de sus estatutos». No obstante, aprecia que en la elección de los órganos unipersonales, debería concederse a las universidades más libertad para decidir sobre su proceso, procedimiento y requisitos.
La CRUE considera que la ley debería contemplar que el rector debe contar con méritos científicos y académicos relevantes que aseguren capacidad y protejan la responsabilidad del cargo del conflicto de intereses. El procedimiento de selección de miembros externos a la comunidad universitaria en el órgano de gobierno y, en especial, en el consejo social, debería producirse en términos similares a los de buena parte de las universidades de la UE, donde las propias universidades proponen una parte relevante de los mismos.
Por lo que respecta al profesorado, CRUE valora la apuesta por la reducción de la temporalidad y precariedad, pero plantea que el máximo del 8 % de temporalidad no debe afectar al profesorado asociado. Además, la reducción del encargo docente en ciertas figuras debe ir acompañada de una fórmula de financiación que compense la necesidad de una mayor contratación, indica el comunicado.
Los rectores consideran que queda «espacio de mejora» en la tramitación del anteproyecto, al que presentará propuestas para las enmiendas.