Educación respeta la sentencia del TS contra el proyecto lingüístico de dos escuelas catalanas, pero el Govern la ve "inaplicable"
La secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà; el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray; y la secretaria general de Transformación Educativa, Núria Mora.
Después de que el Tribunal Supremo tumbara ayer los proyectos lingüísticos de dos escuelas de Barcelona por incumplir el mínimo del 25 % de castellano en la enseñanza, el Ministerio de Educación insiste en «respetar y cumplir las sentencias» del alto tribunal, según informa EP. La Generalitat, por su parte, las considera «desfasadas» e «inaplicables» y, por tanto, «no frenarán los pasos a seguir».
El Supremo desestima así los recursos presentados contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de imponer el 25% de castellano en los colegios «Bogatell» y «Josefina Ibáñez de Abrera» porque «no se ha fundamentado suficientemente». La Generalitat aseguró que la decisión del TSJC podía ser «gravemente dañosa para los intereses generales» y argumentó falta de legitimación de los denunciantes, algo que el alto tribunal rechaza.
El TS también ha reprochado que el gobierno regional afirme «que el recurso se proyecta de forma generalizada sobre el sistema lingüístico, sin otra acotación y matiz», una circunstancia que «no aparece debidamente cumplimentada sino por referencias en exceso genéricas e indeterminadas».
El departamento de Educación de la Generalitat asegura que la decisión del Supremo está "desfasada" porque hace referencia a una legislación que "ya no está vigente"
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, valora «muy positivamente estas providencias porque demuestran que, independientemente de que estemos bloqueados con el 25%, los centros deben programar asignaturas en castellano», que, recuerda, «es lengua vehicular en la escuela catalana porque lo marca la ley».
Por su parte, el departamento de Educación de la Generalitat considera que los efectos de las providencias contra el recurso de casación han quedado «desfasados» porque hacen referencia a una legislación que «no está vigente, anterior a la aprobación de las leyes del catalán, que establecen que los proyectos lingüísticos de los centros no deben atender a porcentajes, sino a criterios pedagógicos».
En una entrevista en Rac1, la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà, insiste en que «estamos en un momento posterior a la sentencia del TSJC en que se ha aprobado un nuevo marco normativo con una mayoría y, por tanto, es inaplicable». Asegura así que «tanto las dos escuelas a las que se refiere el Supremo como otras diez más ya no tendrán que impartir el porcentaje de lengua castellana a partir del próximo curso».
Las actuales leyes del catalán establecen que los proyectos lingüísticos de los centros no deben atender a porcentajes, sino a criterios pedagógicos
"También ha recordado que los colegios que contaban con la obligación judicial de aplicar el 25% de castellano previos a la nueva legislación son objeto de estudio por parte del gabinete jurídico de la Generalitat.
En las sentencias del TJSC de marzo de 2021 que recurrió la Generalitat, se reconocía a las familias «una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable» que «en defecto de su concreción» se debe fijar en un mínimo del 25%.
El TSJC ya anuló el pasado año los proyectos lingüísticos de ambos centros por no contemplar «el carácter vehicular del castellano como lengua oficial, junto con el catalán, y anular igualmente cualquier otro proyecto lingüístico» en caso de que «incurra en igual defecto».