Novedades del curso escolar en Madrid tras el cambio de la Lomloe
Para el consejero Enrique Ossorio, la Lomloe es la ley más dañina en la historia de la Educación en España.
El curso escolar 2022-23 empezará el 7 de septiembre en la Comunidad de Madrid con novedades en los currículos implantadas por la Lomloe (Ley Celaá), que suscitó las críticas del Gobierno regional por su «carga ideológica» y desarrollo «caótico», que Madrid ha tratado de contrarrestar dentro de sus competencias.
En concreto, las modificaciones del currículo fijadas por la Lomloe, que entró en vigor en 2021, empezarán a implantarse en septiembre en los cursos impares (1º, 3º, 5º de Primaria; 1º y 3º de Secundaria y 1º de Bachillerato).
A la incertidumbre por los nuevos currículos y la confluencia de otras dos nuevas leyes –las de FP y Protección a la Infancia–, los sindicatos docentes añaden “los problemas crónicos que arrastra la Educación madrileña”, como el gasto por alumno más bajo de España, la falta de profesores, ratios elevadas, salarios inferiores a otras regiones y una carga lectiva mayor, entre otros.
A ello se añade, advierten algunos sindicatos, que Madrid “intensifique la utilización de la Educación” para “confrontar con el Gobierno central” a menos de un año de las elecciones autonómicas de mayo.
Tras aprobar el Ministerio de Educación este año los reales decretos de enseñanzas mínimas, las autonomías se han visto «apuradas» para aprobar los decretos de desarrollo de estos currículos, de cuya demora se han quejado tanto los editores de libros de texto como los equipos directivos de los centros.
La etapa de 0-3 años empieza a implantarse en colegios públicos, de modo pionero en España, con las primeras 2.000 plazas en 46 colegios.
La nueva materia de Valores Cívicos y Éticos se impartirá en 5º de Primaria con 1,5 horas semanales, lo mínimo que marca la Lomloe, para reducir su «carga ideológica», mientras se incrementa la Religión en media hora, hasta 1,5 semanales, frente a la propuesta del Gobierno de solo una.
Además de eliminar en Infantil (0-6 años) el contenido «Contribuir al desarrollo sexual», se reducen en Primaria, ESO y Bachillerato los conceptos «repletos de carga ideológica», como «perspectiva de género, ecosocial, ecodependencia o socioafectivo», según el consejero Enrique Ossorio, para quien la Lomloe es la ley «más dañina en la historia de la Educación en España».
Para evitar que los alumnos obtuvieran la titulación de ESO, Bachillerato y FP sin límite de suspensos, un decreto aprobado en mayo fija en 2/3 la mayoría cualificada de los equipos docentes para que un alumno promocione en Secundaria y en 4/5 en Bachillerato.
En el currículo de Infantil (0-6 años) se añade Ciencias y Lengua extranjera, además de 45 minutos diarios de lectura-escritura y de Matemáticas, y una clase semanal de Lenguaje musical.
En Primaria (6-12 años), se impartirá una hora más de Educación Física que lo fijado por el ministerio, y se priorizarán los resultados en Lengua y Matemáticas para promocionar, además de facilitar que los colegios ofrezcan Robótica y segunda Lengua extranjera.
En Secundaria y Bachillerato (12-18 años), Madrid evaluará con notas numéricas y dará Menciones honoríficas a quienes obtengan un 10, además de ampliar Historia con temas como la Transición democrática y la lucha contra ETA.
La Filosofía será de oferta obligada en 4º de ESO y se añaden como optativas Segunda Lengua Extranjera, Cultura Clásica y Ciencias de la Computación.
Para CCOO, implantar el próximo curso tres nuevas leyes –Lomloe, ley de FP y de Protección de la Infancia– requiere “inversión y Madrid es la región que menos invierte en Educación”, según su secretaria de Enseñanza, Isabel Galvín.
Se requieren “desdobles, refuerzos, nuevas programaciones, nuevos proyectos educativos, prácticas metodológicas que obligan a bajar las ratios y reducir el horario lectivo del profesorado para poder hacer todos esos cambios”.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “no está ocupado con los problemas reales de los centros, sino en confrontar permanentemente con el Gobierno de Pedro Sánchez, desatendiendo la educación madrileña sin un plan”, añade Galvín.
“Madrid tiene el profesorado peor pagado de toda España, con el complemento autonómico congelado desde 2006. Urge un proceso de equiparación retributiva con el resto de comunidades”, apostilla.
Desde ANPE expresan “preocupación por la tardanza en publicarse los currículos autonómicos”, y los problemas que “afrontarán los equipos directivos a la hora de organizar los centros. También requerirá formación por parte del profesorado porque este currículo es más competencial”, según su secretario de Organización, Esteban Serrano.
A su vez, CSIF recalca la falta de profesorado “año tras año. Como siempre, nos tememos que no van a estar todos los efectivos disponibles a 1 de septiembre”, explica su presidente Miguel Ángel González.
Sobre la nueva figura del coordinador de Bienestar, “se han dictado instrucciones y hay un curso de formación, pero no sabemos exactamente quién lo va a ejercer”. Además, hay oposiciones de varios niveles convocadas lo que hace augurar “un curso convulso que no comienza con toda la plantilla como debería ser”, concluye González.
La UGT prevé que “se intensifique la utilización de la Educación por parte de la Comunidad como herramienta de confrontación con el Gobierno central, por la proximidad de las elecciones autonómicas”, según su secretaria Teresa Jusdado.
“Empezaremos el curso con menos profesorado que el anterior, una falta importante de plazas de FP que calculamos en 20.000, y un aumento muy considerable de la financiación de la enseñanza privada a través de cheques escolares”, añade Jusdado.
La FAPA Giner de los Ríos subraya que “Madrid es la comunidad con menor inversión pública por alumno” y que “el gasto medio de las familias en Educación fue de 812 euros, frente a los 437 de la media nacional”, indica su presidenta, Carmen Morillas.
“Hemos solicitado una reunión con el consejero de Educación en reiteradas ocasiones pero no nos recibe desde el año 2020”, para hablar de centros en obras, la falta de contratación de docentes, la climatización insuficiente, la retirada aún pendiente de amianto o la falta de miles plazas de FP pública, precisa.
