¿Quién y cómo será la nueva figura del coordinador de bienestar escolar?

Todos los colegios del país deberán contar, desde el próximo curso, con un coordinador de bienestar para atajar cualquier tipo de violencia o acoso en las aulas, una nueva figura de la que de momento se desconocen los detalles de cómo se va a implementar y que algunos temen se hará a coste cero, sin la necesaria formación y coordinación.

Hace justo un año se aprobaba la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi), que obliga a tener operativos a partir de septiembre a estos coordinadores, un perfil que también recoge la Lomloe. Estos profesionales deberán estar en todos los centros educativos donde estudien menores de edad, ya sean públicos, privados o concertados.

Los últimos documentos elaborados por el grupo de trabajo del Observatorio Estatal de la Convivencia y las comunidades autónomas han entrado en más detalle de cuáles deben ser sus funciones y poner negro sobre blanco sobré cómo actuar ante situaciones de maltrato, acoso y violencia, explican fuentes del Ministerio de Educación.

Extremadura es de las pocas autonomías que ya han informado de cómo va a aplicar esta novedad. En sus colegios será un miembro del equipo directivo o una persona propuesta por la dirección. En la ESO pueden ser los educadores sociales y, en casos excepcionales por falta de disponibilidad, el profesional a quien designe la dirección del centro.

El secretario de enseñanza pública no universitaria de Comisiones Obreras, Héctor Adsuar, augura que «hay más comunidades que plantean este camino cuando, en realidad, habría que apostar por poner al menos a una persona más en plantilla para asumir adecuadamente estas funciones». En ese sentido, teme que «las administraciones autonómicas pretendan hacerlo a coste cero, lo que no es razonable ni aceptable».

Se necesita, insiste, a «un profesional más a jornada completa para que esto se haga bien y para ello se requiere inversión del Ministerio y de las comunidades; de lo contrario, lo que se va a hacer es sobrecargar a las plantillas». También, añade, hace falta formación: «Debe haber una oferta formativa suficiente y espacios dentro del horario laboral para tener al profesorado actualizado».

Ramiro Andrés Ortegón, presidente de la Plataforma PDA Bullying y profesor del Máster de Formación Permanente en Acoso Escolar de la Universidad Internacional La Rioja (UNIR), explica que «a día de hoy es difícil dar una visión general de cómo se va a implementar esta nueva figura y en Cataluña, La Rioja y otros territorios aún no se sabe cómo se desplegará«. En esta línea, apunta a que uno de los puntos clave será la formación: «Necesitamos personas formadas y, mientras no lo estén, esas funciones las asumen las administraciones».

En Cataluña, añade, «se deriva este tipo de cuestiones a los equipos de atención psicopedagógicos, que están desbordados porque se externaliza una función que es de los propios colegios». También augura que las comunidades optarán por que los equipos profesionales asuman las nuevas tareas, en lugar de «una apuesta económica para desarrollar esa figura», que será, detalla, «soporte de las comisiones de convivencia que ya existen o deberían existir y puente o persona referente de detección para recibir alertas de casos de todo tipo de violencia«.

Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, cree que los detalles de cómo se va a desarrollar esta figura se conocerán poco antes del comienzo del curso, como ha ocurrido con los protocolos de la covid: «Las principales dudas es quién tiene que ocupar ese puesto; si tiene que tener dedicación completa, así como la formación específica que debe tener esa persona», plantea.

A su juicio, puede ser que un profesional que se dedique a tiempo completo, pero «precisamente para favorecer la cercanía con el alumnado también sería interesante que fuera una persona con una parte de la jornada liberada y, desde luego, hay que asegurar que realmente haya unas horas que solo sea para eso».

Según los documentos del Observatorio Estatal de la Convivencia, entre las tareas que deberán desempeñar estos coordinadores figuran las de coordinar con la dirección del centro el Plan de Convivencia; fomentar una alimentación saludable en el colegio; potenciar el uso de métodos de resolución pacífica de conflictos; informar sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia, y elaborar estrategias para identificar situaciones de riesgo.