Colegios e institutos bilingües de Madrid contratarán sus pruebas de nivel de inglés

CCOO, ANPE, CSIF y UGT han coincidido en que «aumentará la sobrecarga» que ya sufren los equipos directivos de los centros, por lo que pedirán explicaciones a la Consejería en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación de este martes. Se trata de las certificaciones de nivel de inglés al finalizar 6º de Primaria y 4º de Secundaria, que deberían haberse realizado el pasado curso y que, con esta nueva medida, estos alumnos podrán obtener «antes de finalizar este año 2022».

Así lo comunicó la Consejería a los centros en una circular enviada el pasado jueves, en la que subrayaba «la excepcionalidad» de esta medida tras quedar desierta la licitación y dado que «ya no es factible la tramitación de un nuevo procedimiento». Por ello, se transferirá a cada centro educativo unas cantidades para financiar la obtención de certificaciones de nivel de los alumnos afectados, que actualmente cursan 1º de ESO y 1º de Bachillerato. La cantidad media estimada es de 105 euros por alumno y prueba en los centros donde estaban inscritos para examinarse alumnos de ambos cursos, y de 90 euros en los centros donde solo se examinarán los de 1º de ESO, añade la circular.

CCOO recalca la secuencia de «concursos declarados desiertos, bajas temerarias, recursos … que han llevado a la Consejería a pedir ayuda a los centros, rogando a los directores que asuman lo que ellos no han podido hacer», afirma su secretaria de Enseñanza, Isabel Galvín. «Les transfieren unos escasos fondos y un problema, envolviendo todo ello con la autonomía de gestión de los centros. En la práctica, cuando la consejería lo llevaba a cabo, estas pruebas se subcontrataban, acabando en manos de estudiantes universitarios bilingües, que aplicaban, sin apenas experiencia, unos protocolos rígidos para las pruebas escritas y orales», asegura.

Para Galvín, la solución sería «acordar con la red de 35 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) que hay en la región la realización de este procedimiento de acreditación, que podría programarse sin atropellos». O bien, en último término, «elaborar una prueba externa que podrían aplicar, en un determinado centro, profesorado de ese idioma de otros centros públicos, como hace la Consejería con otras pruebas diseñadas por la propia Consejería», según Galvín.

El sindicato ANPE pide «ver cómo resulta pero, en principio, suscita muchas dudas puesto que al intervenir diferentes entidades los resultados pueden no ser equiparables. Al margen de que nuevamente se carga a los centros de más responsabilidades con la burocracia que ello conlleva», explica su presidente, Andrés Cebrián. Desde CSIF ven positivo que «ese dinero de la licitación no se lo lleva una empresa privada y llegue a los centros educativos», pero se trata de «una carga más para los equipos directivos». Cada año la consejería «aumenta más y más su carga burocrática y esto es un añadido a la extensa lista de funciones que tienen que realizar», según Miguel Ángel González.

La UGT asegura que «ha apostado desde el inicio de estas pruebas, por que se realicen a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), con la compensación económica lógica para sus aplicadores y correctores. Para su secretaria, Teresa Jusdado, «lo coherente sería que la financiación que se va a trasladar a los centros se utilice para pagar el trabajo de realizar estas pruebas por parte del profesorado de las EOI que, voluntariamente, quieran llevarlas a cabo».