Los rectores creen que la actual propuesta de Estatuto del Becario es perjudicial

Critica además que no se haya contado con la CRUE en el proceso de negociación de Estatuto: «Es imposible justificar que, si el objeto de dicho proyecto normativo es la regulación de las prácticas académicas (universitarias), todo se esté decidiendo en el marco del Diálogo Social que protagonizan en exclusiva Gobierno, sindicatos y patronales». «Esta incomprensible laboralización de una actividad que es pura y esencialmente académica no tiene nada que ver con la mejora de la protección en Seguridad Social de los estudiantes en prácticas cuando reciben durante su desarrollo una beca –no un salario, porque si hay salario, es contrato de trabajo y no práctica académica– o con la necesidad de regular adecuadamente el desarrollo de las prácticas para evitar un posible uso incorrecto de las mismas», añaden.

Respecto de la situación actual, «no se aprecia ventaja material alguna, salvo el sinsentido de ofrecer prestaciones o subsidios sustitutivos de rentas de trabajo que no existen (incapacidad temporal o maternidad y paternidad, por ejemplo) o la novedad de que se atiendan en el ámbito de la Seguridad Social situaciones incapacitantes actualmente ya protegidas mediante otros instrumentos».

La «única novedad real» de la propuesta que se está negociando está en la posibilidad de «acumular carrera de seguro (días y meses cotizados para ganar pensiones el día de mañana, típicamente para la de jubilación). Pero, para eso, bastaría con establecer el alta y cotización ficticia, como ya se hace en algunas situaciones reflejadas en nuestro sistema de Seguridad Social». En su opinión, estas medidas «perjudicarían» la formación de los estudiantes, que «podrían ver significativamente reducida la oferta de prácticas que ahora desarrollan y que resulta muy valiosa para su preparación».

CRUE advierte, por último, de la desaparición en el nuevo Estatuto de las prácticas extracurriculares, «que ocasionará una discriminación entre estudiantes que van a poder empezar a sumar cotizaciones a la Seguridad Social, por ejemplo, los de Ciencias de la Salud, y estudiantes de otras titulaciones no podrán hacerlo». El número de personas en formación práctica no podrá superar el 20% de la plantilla de la empresa y tendrán derecho a compensación de gastos así como a vacaciones y días festivos, según recoge el último planteamiento del Ministerio de Trabajo para el Estatuto del Becario.

El documento fue calificado ayer de principio de acuerdo por UGT y CCOO, mientras que el Ministerio de Trabajo quedó a la espera del visto bueno interno de los sindicatos al texto previsto en los próximos días. Esa última propuesta –una normativa que comenzó a negociarse el pasado mes de abril– fija una serie de derechos para las personas en programas de formación práctica como la compensación de gastos «por una cuantía mínima suficiente» para compensar todos aquellos en los que se incurra como consecuencia de las prácticas, tales como de desplazamiento, alojamiento o manutención.

La empresa no estará obligada a abonar dichos gastos si existen otras becas o ayudas que los cubran o si es una formación práctica de carácter remunerado, «cuando la cuantía de dicha remuneración sea suficiente». Esta propuesta deja para un desarrollo normativo específico los derechos en materia de Seguridad Social, es decir cómo serán la cotizaciones de los becarios.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que la patronal está bloqueando el acuerdo en torno a este Estatuto que todo apunta saldrá adelante sin el visto bueno de la CEOE.

Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas ha acusado a la ministra de Trabajo de ignorarles en la redacción del futuro Estatuto, un texto que creen no mejora la calidad formativa de las prácticas ni da soluciones viables a los problemas. En un comunicado, la CREUP afirma que el Ministerio de Trabajo no ha tenido en cuenta sus reclamaciones para lograr unas «prácticas remuneradas y de calidad», y exige otra redacción.

La Coordinadora sostiene, además, que la remuneración de las prácticas es una de las principales políticas para eliminar el fraude, así como para dignificar la actividad formativa del estudiantado y permitir la permanencia de aquellas personas con menor capacidad económica en sus estudios. “Este texto no afronta las deficiencias en la calidad formativa de las prácticas, elimina las extracurriculares como una de las vías fundamentales de formación profesional del estudiantado y no establece una remuneración justa ni suficiente que sirva como mecanismo de protección de las personas con peor situación socioeconómica”, concluye el presidente de CREUP, Nicolás Hernández.