Advierten un posible fraude en la estabilización del profesorado interino

La plataforma señala en un comunicado que es responsabilidad de la Conselleria de Educación, que tiene competencias autonómicas, que estas plazas se cataloguen y se ofrezcan al Concurso General de Traslados (CGT), en este caso de este año. Reclama asimismo que todas las plazas que cumplan los requisitos para ser catalogadas, las 9.152 vacantes que se ofrecerán este año, sean vacantes a cubrir para el CGT en curso, en sintonía con la petición del sindicato CCOO-PV. Esto supondría que todo el profesorado, funcionario de carrera, que participa en el concurso podría acceder a estas vacantes, y dejaría libre sus plazas, que tienen en propiedad, y quedarían vacantes para el Concurso de Méritos.

Una solución, añaden, que daría cobertura legal a todas las vacantes ofrecidas y que asumiría la filosofía que comporta el trabajo público: «consolidar todas las vacantes donde primero elegirían el funcionariado de carrera y después el personal interino». Las mismas fuentes advierten que no hacerlo y ofrecer las plazas a un determinado colectivo específico, los interinos, sin ofertarlas primero al concurso de este año, comportará que los diversos colectivos afectados por este proceso acaben en procesos judiciales que «afectarán y paralizarán las adjudicaciones de las vacantes mencionadas».

Este problema, añaden desde la plataforma, «creado artificialmente por el sindicato mayoritario a la enseñanza STEPV, que se negó a los procesos de estabilización mediante las 14.000 plazas convocadas en 2016, y la Consellería de Educación al ofrecer estas plazas, que quedan ahora restantes, para el Concurso de Méritos, llevará a constituir un agravio comparativo, entre el profesorado funcionario de carrera y los interinos de larga duración».

También afectará al colectivo de profesorado que concursa desde otras comunidades autónomas, al funcionariado de carrera que ha aprobado oposiciones este año, al personal interino que lleva menos años trabajados, al personal que quería acceder al sistema público mediante un concurso oposición y otros colectivos.

La Plataforma per la Catalogació de Vacants ha pedido una reunión con la consellera de Educación, Raquel Tamarit y la directora general de Personal, María Ángeles Herranz, para explicar esta reivindicación, «sin ninguna respuesta por ahora», lamenta.