El Defensor del Pueblo pedirá información sobre el uso del castellano en los colegios catalanes

De este modo, la adjunta al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, ha contestado a una carta enviada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) el pasado 27 de septiembre. En su escrito al Defensor del Pueblo, la AEB denunció una «campaña abierta de la Generalitat, asociaciones y sindicatos nacionalistas en la que se supervisa de forma estricta el uso exclusivo del catalán dentro y fuera del aula, tanto por alumnos como por profesores».

La entidad, que pidió la ayuda del Defensor ante el «abandono institucional» en su defensa del castellano en los colegios catalanes, denunció asimismo la «amenaza de la Generalitat de retirar el 25% de castellano a las familias que lucharon en los tribunales para conseguir que sus hijos estudiaran también en esta lengua».

Sobre el acoso o molestia que pudieran sufrir los alumnos por usar el castellano, Jiménez-Becerril ha señalado en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, que «tales conductas, de producirse, pueden llegar a suponer un ataque contra los valores superiores que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de derecho, como son los principios de libertad, respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que les son inherentes, en definitiva, los valores básicos e irrenunciables de nuestro modelo de convivencia».

La adjunta ha recordado que de este modo se dirigió el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, en un escrito enviado el pasado 14 de octubre. En la carta, el Defensor expresó que «en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional, las actuaciones de supervisión de esta institución deberán ir encaminadas a comprobar el respeto por parte de la Administración educativa de Cataluña de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución en el marco legal vigente».

Teresa Jiménez-Becerril ha añadido que «corresponde a las administraciones públicas competentes adoptar las medidas precisas para evitar estos perjuicios, siendo particularmente grave cuando la situación afecta a un menor en su entorno escolar y familiar, por las consecuencias que ello puede tener en su desarrollo y bienestar personal».

Sobre impartir el 25% de materias en castellano, la adjunta al Defensor del Pueblo ha señalado que «el ejercicio de un derecho legalmente reconocido, y más aún cuando este tiene el respaldo de una sentencia judicial firme, no debiera generar perjuicios a quienes lo insten».