La compleja aplicación de la ley de libertad sexual
La ley recientemente aprobada de “solo sí es sí” sobre la libertad sexual, tiene flecos que muestran su vulnerabilidad: a pocos días de su aplicación, van ya siete las condenas sobre violaciones que han sido revocadas porque la ley es más mitigada que la anterior en esos casos. Ya los órganos correspondientes habían avisado al Gobierno de que se darían esos casos. Mientras que Podemos con Irene Montero culpan a los jueces, miembros del gobierno del PSOE piensan que habrá que revisar la ley. ¿De qué se trata?
En un tema de tanta trascendencia, es lógico que la ley evolucione, y en esta última el consentimiento expreso pasó a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales: quizá la poca definición de este punto llevó a algunos a asegurar que a partir de ahora lo seguro es que la otra parte firme un consentimiento informado, antes de cualquier relación sexual.
Se unifican los delitos sexuales, ahora el abuso sexual será agresión y hay un delito de acoso callejero. Su penalización se hace de forma progresiva y proporcional a la gravedad de los hechos (desde una multa, hasta 15 años para violaciones con dos circunstancias agravantes). La violación ahora son entre cuatro y diez años de prisión (y si hay agravantes se van sumando, hasta los 15 citados). Sin penetración, son ahora entre uno y cuatro años de prisión (se suman los agravantes, hasta siete).
La nueva ley supuso la reducción de algunas penas mínimas, pues como hemos dicho, la pena mínima del delito de agresión quedó en cuatro años, frente a los seis que había antes en el Código Penal. Ya el Consejo General del Poder Judicial avisó en febrero de 2021 en su informe preceptivo sobre el anteproyecto que provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior, puesto que el Código Penal establece el efecto retroactivo de la norma penal más favorable. Y esto es lo que está pasando en las sentencias de Madrid y otros lugares, probablemente serán docenas en unos días. En los casos de rebaja puede haber un error en la anterior sentencia judicial, cuando les bastó imponer la pena mínima sin añadir agravantes, pero ahora con la reducción de pena eso no puede cambiarse ya, pues no se puso una norma de la no retroactividad de la ley y por tanto hay que aplicar la nueva ley: “esto es lo que hay”. Es la consecuencia de unificarse los delitos de abuso y agresión sexual se rebajan las penas, y queda a discreción del juez si hay agravantes que las aumenten (violencia, intimidación, etc.).
Ya el Consejo General del Poder Judicial avisó en febrero de 2021 en su informe preceptivo sobre el anteproyecto que provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior
Muchos textos de la ley pueden ser mejores o peores que antes, sin duda son distintos, como que ahora las relaciones entre un adulto y una persona joven de entre 16 y 18 años ya no constituye delito si hay un consentimiento (si no se da por violencia o intimidación), y este es uno de los casos rebajados.
La vicepresidenta María Jesús Montero ha señalado que no se descartan cambios en la normativa.
Es sabido que ha habido machismo en la sociedad, pues hasta hace poco las mujeres no podían actuar en la vida pública (hasta mitad del siglo pasado las mujeres no votaban, por ejemplo). No sólo puede darse en la aplicación de leyes, según si el juez es machista o feminista, sino en la misma estructura legal, basta pensar que aunque el tribunal de Familia conceda la casa a la mujer, si está a nombre de la empresa de la familia del marido el tribunal que tramita los desahucios puede echar a la mujer (además de pagar las costas al actor de la demanda) de manera que la propiedad domina sobre el bien de la familia. Pero las leyes hay que hacerlas bien, y no llamar “machistas” a los jueces que la aplican, pues esos políticos que están cerrados en su ignorancia lo único que hacen es entorpecer el sistema. Se trata de legislar del modo que corresponde.
La oposición carga contra la ley del ‘solo sí es sí’, pero esto es harina de otro costal. La interpretación partidista de los actos políticos es inevitable, pues entiendo que hay una responsabilidad, y muchas chapuzas legislativas, sobre todo por no oír a los órganos consultivos y trabajar con prisa.