Los docentes interinos de Cataluña denuncian la falta de plazas en la estabilización
La protesta, convocada frente a la consellería de Educación en la Vía Augusta de Barcelona, está enmarcada en el «abuso de temporalidad» que sufren los docentes interinos, que suponen más del 40% de la plantilla en Cataluña.
Profesores con 3, 5, 10 o más de 20 años trabajados ven peligrar sus puestos, según los sindicatos. «La normativa europea obliga desde el año 1999 a reducir la temporalidad en el sector público y, sin embargo, ha crecido», ha explicado a Efe el portavoz de Pindoc, Víctor del Arco. Ahora, Europa ha establecido que para 2024 el porcentaje de temporalidad en el sector público no puede superar el 8%: «Desde la Administración, se legisla para la estabilización laboral, pero sobre la base de cumplir con los números y no con las personas», ha lamentado Del Arco. En este sentido, el Departamento ha convocado 12.859 plazas a concurso de méritos y cerca de 14.000 a oposiciones para los más de 60.000 interinos.
Para este concurso de méritos, para el que los sindicatos piden que se aumenten las plazas, «cuenta la experiencia laboral hasta 10 años y únicamente en ciertas especialidades», pero todavía no ha sido resuelto y ya están convocadas las oposiciones. Ante esta situación, Del Arco ha expuesto que «el personal que ya ha accedido a través de la primera vía se verá obligado a pagar por unas oposiciones en las que no hace falta que participe, pues ya está admitido en el concurso de méritos».
«Quienes llevamos años trabajando no podemos acceder en las mismas condiciones a estas oposiciones porque tenemos más responsabilidades familiares con las que cumplir que alguien más joven», ha argumentado. Además, ha declarado que «el personal docente con experiencia ya ha demostrado con los años que es capaz de hacer el trabajo para el que se le ha contratado».
Los sindicatos hablan de «fraude de ley» y denuncian que no se haya «convocado de forma oficial» la reunión de la mesa sectorial que debería celebrarse mañana para tratar la segunda fase del proceso. Desde Pindoc han «puesto en marcha todas las acciones posibles tanto individuales como colectivas» y «agotado la vía legal con impugnaciones, reclamaciones y denuncias».