Madrid, Castilla y León, Galicia y Murcia instan al Gobierno a trabajar en una prueba única de acceso la Universidad

El vicepresidente, consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, se lo ha planteado a la ministra Pilar Alegría, en la Conferencia Sectorial celebrada ayer, donde ha resaltado que «hacer lo contrario es quebrar la igualdad de oportunidades y tratar de forma injusta a una parte del alumnado».

Durante los últimos veinte años, «se ha ido incrementando la disparidad entre los exámenes planteados en las distintas comunidades autónomas y los criterios de corrección», según Ossorio, quien ha precisado que ésta «es la reclamación más importante y frecuente de los estudiantes universitarios de Madrid» en la Oficina Especializada que tiene la región, por lo que su objetivo es solucionar esta situación y que sea una prueba única. Sin embargo, ha advertido el vicepresidente, el Ministerio «no va en esa dirección, ya que considera que algunos gobiernos autonómicos se van a oponer, y, por ello, hace dejación de sus competencias», según un comunicado de la Consejería de Educación.

«No puede ser que el Ministerio haga dejación de sus competencias porque unas regiones les parezca bien o mal», ha subrayado el consejero de Educación. Se trata de «un problema a nivel nacional» y «el grupo de trabajo que plantean parte de una premisa absolutamente incompatible con nuestra posición, y con el problema que padecen los estudiantes madrileños», ha señalado.

Según el portavoz del Ejecutivo madrileño, la propuesta inicial que ha realizado el Gobierno de España «empeora la actual, porque propone un modelo indefinido sostenido en PISA, con pruebas cuyo objetivo es evaluar un sistema educativo y no la aptitud de un estudiante para acceder a la Universidad». Ossorio ha opinado que es «un gravísimo error y una devaluación plantear una prueba imprecisa y multidisciplinar, como es la prueba de madurez, a la que se otorga un porcentaje elevado de la calificación final y que agrupa diferentes asignaturas: Historia de España y de la Filosofía, Lengua castellana, Literatura y Lengua extranjera». De esta manera, «no solo no se soluciona ninguno de los actuales problemas, sino que la situación empeorará ostensiblemente, ya que la prueba tendrá menos calidad y será más divergente», ha concluido Ossorio.

La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha mostrado por su parte su rechazo al nuevo modelo de acceso a la universidad que plantea el Ministerio y ha insistido en trabajar en una EBAU única para asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes y ha anunciado que si el Ministerio persiste en avanzar en esta dirección, Castilla y León se desligará del diseño del nuevo sistema de acceso.

Lucas ha vuelto a mostrar su disconformidad con el modelo. En primer lugar, porque no es una prueba única y no corregir este error provocará que el sistema siga siendo injusto: no puede haber 17 pruebas distintas para un distrito universitario único. Cada comunidad autónoma diseña su prueba con distinta estructura –o bloques de contenidos– y disparidad en los criterios de corrección.

Respecto a la evaluación del alumnado propuesta por el Ministerio, Rocío Lucas ha insistido en la falta de objetividad de dicha prueba y las consecuencias que eso tendrá para la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Finalmente, la Junta de Castilla y León considera que el nuevo modelo limita las competencias de las universidades en la prueba de acceso a la universidad y así lo ha manifestado también la titular de Educación.

También la Xunta exige a Moncloa una «participación real de las comunidades» en la consecución de una EBAU única «de consenso» igual para todo el alumnado que accede a un sistema universitario de distrito único. Esta ha sido la petición del conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, en la Conferencia Sectorial. Rodríguez, informa un comunicado, pidió a la ministra una colaboración real de todos en aras de una EBAU con criterios «básicos, homologables y uniformes», así como que se atrase un año el calendario de implantación de la nueva prueba.

El conselleiro ha lamentado que las propuestas gallegas no estén siendo escuchadas en las reuniones técnicas convocadas para abordar estructura y calendario y ha ofrecido, por tanto, una «última oportunidad» al Ministerio para tomarlas en cuenta. Si no es así, ha anticipado que el Gobierno gallego dejará de hacer aportaciones constructivas, si es que persisten y «continúan desechándolas».

Por último, ha demandado que estas reuniones sean presenciales y no por videoconferencia debido al calado de las decisiones que se han de tomar y al impacto de las mismas en la ciudadanía.

El Gobierno regional de Murcia ha planteado, por su parte, que la EBAU sea homogénea a nivel nacional y considera que el nuevo modelo que se plantea no va por esa línea garantizando una igualdad de los aspirantes en consonancia con el hecho de que España tiene un distrito universitario único.

Asimismo, desde la Consejería de Educación se ha hecho un llamamiento a la reflexión sobre el modelo competencial y los contenidos que el Ministerio pretende implementar en Bachillerato. Por ello, la consejera María Isabel Campuzano indicó que “la Región de Murcia quiere asegurarse de que esta propuesta no implique una rebaja de la exigencia para el alumnado ni de la calidad de su formación”. Además, Campuzano manifestó que la nueva propuesta de ejercicios con pruebas abiertas y respuestas diversas “puede implicar una pérdida en la objetividad de la calificación de los ejercicios y una dificultad añadida para compartir los mismos criterios en todas las comunidades autónomas”.

Desde la Consejería de Educación también se ha demandado al Ministerio una moratoria en la implantación de esta nueva EBAU “para seguir trabajando sin premura en llegar al máximo consenso posible en una cuestión tan importante como ésta”.

Por otra parte, entre los puntos tratados en el orden del día de esta reunión destaca la equiparación salarial del profesorado de Formación Profesional a la categoría A1, a lo que la Consejería se ha posicionado a favor. En este sentido, la consejera exigió al Ministerio que “tienen que colaborar con las comunidades autónomas en la provisión de los fondos necesarios para afrontar esta medida” e insistió en que “no tiene sentido legislar a nivel nacional y pretender que recaiga sobre los presupuestos autonómicos”.