Nueve de cada diez casos de acoso escolar siguen impunes en España
Es la denuncia del presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), Enrique Pérez-Carrillo, que cree que las cifras oficiales solo reflejan «la punta del iceberg» de lo que está pasando.
Las fuerzas de seguridad del Estado reciben de media un millar de denuncias de acoso (lesiones, amenazas, trato degradante…), pero organizaciones como Save The Children, la Unesco y Amnistía Internacional elevan los casos entre el medio millón y los tres millones de niños españoles afectados por este tipo de maltrato. Según Amnistía, el 96% de los casos identificados como sospechosos de acoso que recibió el número de atención telefónica del Ministerio de Educación (900 018 018) en sus dos primeros años de funcionamiento (2017 y 2018) no fueron denunciados a la inspección educativa.
Aparte de la disparidad de cifras, los protocolos que se aplican tampoco avanzan en atajar el problema, ya que muchas veces «se cierran en falso», añade Pérez-Carrillo, cuya organización, formada por psicólogos, pedagogos y educadores sociales, ha atendido a más de 4.000 víctimas de acoso en sus quince años de funcionamiento.
Uno de los problemas de los protocolos es que el propio centro educativo es «juez y parte» del proceso y su interés es que «no trascienda», «ocultando información a la Inspección de Educación, a quien le llega el informe de modo sesgado y acaba por desestimarlo». «El sistema es hoy un fraude institucionalizado que deja en la indefensión absoluta a la familia y a la víctima; lo habitual es que los padres desistan y cambien a su hijo de colegio». Si el traslado es de un centro público a otro público se suma la dificultad de que el cambio debe justificarse y si el acoso no se ha reconocido «se ven obligados a buscar un concertado/privado».
Uno de los problemas de los protocolos es que el propio centro educativo es "juez y parte" del proceso y su interés es que "no trascienda", "ocultando información a la Inspección de Educación, a quien le llega el informe de modo sesgado y acaba por desestimarlo"
Tampoco funciona la atención psicológica al menor maltratado, ya que suele llegar tarde y con una periodicidad insuficiente, explica Pérez-Carrillo, que recuerda que hace unos días le llegó una madre a cuya hija daban cita en seis meses y le ofrecían una consulta mensual en salud mental. Critica además que los centros no midan la incidencia del acoso, su personal docente carezca de la adecuada formación y la confidencialidad del protocolo, con lo que las familias no tienen posibilidad de asegurarse de que el relato del centro coincide con lo que su hijo ha testimoniado y sufrido.
Todo lo que está ocurriendo son «despropósitos que se conocen perfectamente», señala el presidente de Aepae, en cuya opinión se necesita una ley específica de ámbito estatal y un plan nacional de prevención e intervención, donde se responsabilice a las personas que hacen dejación de sus funciones, junto a recursos y protocolos mejorados. Su asociación ofrece en su página web un test online y anónimo para que la víctima pueda evaluar por sí misma –a través de preguntas– si está padeciendo maltrato y en qué grado de gravedad. Si el resultado es el nivel rojo, la recomendación es comunicarlo de forma inmediata al centro educativo y aportar el mayor número de pruebas (pantallazos, parte de lesiones, informe del psicólogo etc).
Se entiende por acoso cuando el maltrato es reiterado, tres o más veces. «Si se pueden concretar tres ocasiones seguramente han sido más, porque normalmente se oculta a los ojos del adulto», concluye el presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar.