Crónica de una reforma anunciada: el año en que la ley Celaá cambió la educación española
Isabel Celáa, exministra de Educación y artífice de la actual Lomloe
Acaba el año y con ello toca hacer balance, tanto del que termina como del que se aproxima. 2023 será el año de aprobación de la tercera reforma universitaria de la democracia y el epílogo de la ley Celaá (Lomloe), que ya será de aplicación a todos los cursos de la enseñanza obligatoria tras una primera fase dificultades, prisas y retrasos. La novedad metodológica y pedagógica que ha supuesto aterrizar esta norma y la lentitud con la que las administraciones la han desarrollado ha sido un quebradero de cabeza para los profesores y estudiantes de los cursos impares de este año académico, el primero en el que se ha implementado la Lomloe.
El próximo curso 2023-24 les toca a los alumnos y alumnas de 2º, 4º y 6º de Primaria; 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 2º de Bachillerato y 2º de los ciclos formativos de grado básico. Todos ellos, al igual que sus compañeros de los años impares, lidiarán con nuevas materias, formas de ser evaluados y maneras de aprender con un enfoque más competencial: saber hacer o aplicar lo que se aprende a los problemas y retos del mundo real, no solo memorizar temarios inabarcables.
Otra de las novedades previstas por la octava reforma educativa de la democracia, que entró en vigor en enero de 2021, es la realización de las primeras evaluaciones de diagnóstico para los niños y niñas de 4º de Primaria y 2º de la ESO. Tendrán carácter censal, finalidad diagnóstica y deben valorar, como mínimo, el dominio de la competencia lingüística y matemática. Sus resultados podrán ser empleados por el centro para el diseño de sus planes de mejora.
Entre los desarrollos reglamentarios más importantes están los de los currículos (lo que se aprende y enseña en clase), los de evaluación y condiciones para pasar de curso y los de la propia organización del centro (a los que se concede mayor autonomía). Este pasado verano, con el curso ya empezado, se ha dado el caso de comunidades autónomas que aún no habían aprobado sus currículos –complementarios de los del Ministerio–, con lo cual el profesor no podía preparar su programación y las editoriales de libros de texto trabajaron con borradores para sacar adelante sus materiales en tiempo y forma.
El próximo año académico este problema no estará encima de la mesa, pero sí continuarán las dificultades que dicen tener muchos profesores para enseñar con enfoque competencial, debido a que no han recibido suficiente formación ni tampoco tiempo para familiarizarse con la nueva metodología, según la denuncia unánime de los sindicatos docentes.
Como novedad en 2023 se podrá completar el Bachillerato en tres años si concurren determinadas circunstancias, por ejemplo, en el caso de los deportistas de élite
En 2023 los estudiantes de Bachillerato serán los que se enfrenten a un mayor número de novedades, ya que los de segundo curso recuperan la asignatura de Historia de la Filosofía y, también en 2º, Historia de España comenzará en el año 1812, en vez de en la Prehistoria, como ocurre ahora.
Con carácter general será necesaria la evaluación positiva en todas las materias para obtener la titulación al acabar 2º curso, aunque excepcionalmente se podrá conseguir con una única materia pendiente siempre que se cumplan determinadas condiciones, como que no haya habido una inasistencia continuada y no justificada al instituto.
Como novedad se podrá completar el Bachillerato en tres años si concurren determinadas circunstancias, por ejemplo, en el caso de los deportistas de élite. Por otro lado, lo que sí podrán hacer desde este mismo momento es apartar la inquietud que sentían por la futura prueba de acceso a la Universidad (Ebau), que negocia el Ministerio de Educación con las comunidades. Finalmente, no habrá innovaciones en 2023-2024 y se aplaza el modelo hasta el 2028.
Para el primer semestre de 2023 está prevista la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria y que el pasado día 22 se aprobó en el Pleno del Congreso por un ajustado resultado. Entre sus prioridades figura la lucha contra la alarmante precariedad laboral de las plantillas y elevar la financiación del actual 0,7% del PIB al 1%.
El texto, sin embargo, no recoge ningún mecanismo que garantice dicho incremento presupuestario, sino que se limita a decir que el Gobierno y las administraciones autonómicas –que ponen ocho de cada diez euros en este ámbito– tienen la voluntad de alcanzar ese objetivo.
Otro compromiso de la cartera que encabeza Pilar Alegría es la definición del modelo de formación y de desarrollo profesional de los docentes, que, entre otras novedades, han tenido que asumir nuevas funciones, como las del coordinador de bienestar escolar, una figura que también les ha causado más de un quebradero de cabeza.
Se trata de una reforma educativa sustancial y delicada que no se ha abordado desde hace cuatro décadas y que se espera concluir con consenso en 2023, aunque los años electorales nunca son buenos compañeros de viaje para llegar a acuerdos.
