El peor sistema para evaluar competencias

La nueva ley de Educación Lomloe (la octava en nuestra democracia) manifiesta una vez más el fracaso de nuestros políticos para la gestión de la Educación. Desde la Logse de 1990, aprobada por el PSOE con los votos en contra del PP, el sistema educativo contaminó la labor docente asfixiándola con la burocracia por la ilusión de los ideólogos de que la eficacia del sistema dependía de los informes que los profesores debían realizar, aunque no les quedara tiempo para preparar la clase. La insolencia de los pedagogos y demás especialistas justificó el intrusismo de la política en el sistema educativo.

En vez de confiar en el arte del docente para controlar, motivar y elevar a su madurez académica a un grupo de adolescentes inquietos, les obligaron a doblegarse a una carga burocrática absurda. No pretendo negar que dicha ley tuviera también aciertos, como el fortalecimiento y dignificación de la Formación Profesional, pero las deficiencias del sistema de evaluación –sobre todo en la ESO– fueron palpables. Como argumentaba un compañero: con este sistema, si se matricula a una vaca en 1º de la ESO, al cabo de cuatro años saldrá con el título. Eso sí, con un montón de informes convenientemente justificados. Tal vez su cociente intelectual no difiera mucho de quien ideó el sistema. Los resultados se pueden apreciar en la tasa de fracaso escolar de nuestro país batiendo récord en Europa.

Pero la avaricia política no conoce límites y en las siguientes reformas, lejos de paliar las graves deficiencias del sistema de evaluación, se incrementaron. En esta ocasión la excusa fueron las recomendaciones de Europa. Era necesario evaluar en competencias y no en contenidos. Estos –decían– eran la herramienta de un pasado basado en una educación memorística ya superada.

Ya entiendo que no es fácil hacer comprender a estos ideólogos y pedagogos, pero evaluar en competencia no consiste en rellenar una lista absurda de criterios de evaluación con ponderaciones artificiales (cada criterio de evaluación debe ponderarse en la programación con un porcentaje de la nota final). Evaluar en competencia es lo que llevamos haciendo varias décadas, aunque no utilizábamos esta expresión. Tampoco llamábamos al recreo “segmento de ocio” como los pedagogos de la Logse nos pidieron denominarlo.

Efectivamente, no es lo mismo “aprender contenidos”, “tener capacidad” que “ser competente” en algo. La mayoría de las personas, por ejemplo, tendrían capacidad de aprender un idioma extranjero, pero solo algunos logran aprenderlo, lo cual supone que pueden usarlo con solvencia de manera que les permite comunicarse convenientemente en situaciones reales. Esto significa que es competente o que ha alcanzado la competencia lingüística en un idioma extranjero. De la capacidad (que es mera potencialidad) hemos pasado a la competencia: al acto, a la ejecución solvente.

Pero los profesores siempre hemos evaluado en competencias, aunque no lo denomináramos así: un profesor de inglés, por ejemplo, nunca se limitaba a hacer exámenes de vocabulario, nunca se ha limitado a examinar contenidos sin más, sino que esos contenidos debían ser utilizados en situaciones concretas y de una forma conveniente. Y para ello ha utilizado diferentes recursos y herramientas de evaluación: pedir a los alumnos que prepararen una exposición, que investiguen un tema en internet, que lean e interpreten un texto, que hagan un debate en clase utilizando esa lengua, etc. y de esas herramientas y actividades el profesor iba ponderando el progreso del alumno y obtenía una calificación que el alumno comprendía y que era justa –si el profesor era también competente como docente–.

Pero la nueva ley pretende hacernos creer que antes no se evaluaba por competencias. Y evaluar competencias, proponen, consiste en despreciar los contenidos. Esto suena francamente mal. Pues sin la gramática o la sintaxis del inglés, ¿qué competencia se puede alcanzar?

Para comprender el error debemos remontarnos al origen de esta doctrina pedagógica. Las competencias aparecieron con la LOE en 2006 (se llamaban básicas) y siguieron en la Lomce de 2013 (a nueva ley, nueva denominación “competencias básicas” no vaya a ser que los docentes se hubiesen familiarizado), pero a los cerebros pensantes –o rumiantes– no se les ocurrió mejor proeza que idear un sofisticado sistema de estándares de aprendizaje con los que se suponía se iba a homogeneizar la evaluación… y con un par de molares (del rumiante) ametrallaron a los sufridos docentes con una interminable lista de estándares ¡alrededor de 75 diferentes en cada asignatura!, con los que se suponía que el profesor tenía que evaluar incansablemente a cada alumno reflejándolo en maravillosas tablas con minuciosas ponderaciones. Y todavía peor: debía reflejar al principio de curso –en una programación imposible– la ponderación exacta que iba a dar a cada uno de esos estándares para obtener la calificación del alumno.

La tarea docente pasó de la burocratización de la Logse al encorsetamiento asfixiante. ¡Válgame el cielo! Desde que Einstein describiera la teoría de la relatividad, no se había producido acontecimiento intelectual semejante. Tan profundo y misterioso que ningún docente de los que conozco fue capaz de llevar a cabo dicho sistema logrando una evaluación justa: o lograbas la apariencia formal pudiendo aprobar al que no lo merecía y suspender al que sí lo merecía, o, sencillamente, te saltabas a la torera (por la vaca) lo que habías elaborado con tanto esfuerzo en la programación. La misma Consejería de Educación de nuestra comunidad desistió años después enviando una tranquilizadora nota: es suficiente que la evaluación por estándares sea solo “aproximada”. O dicho en lenguaje torero: el sistema de evaluación de la ley es una hermosa boñiga de vaca. Una evidencia más del cociente intelectual de los ideólogos y pedagogos de la ley.

El problema no radica en cambiar el paradigma para que los docentes evalúen en competencias. Insisto, siempre habíamos evaluado en competencias aunque no lo expresábamos así. O, quizás, casi siempre, pues no puedo sino sospechar que los pedagogos de esta doctrina tuvieron profesores in-competentes que les hacían aprender de memoria la materia sin comprender ni razonar. Ahora bien, un mal docente no se mejora obligándole a elaborar una programación imposible. Al contrario, se empeorará su gestión.

Rellenar una tabla ponderando idealmente criterios de evaluación idealizados NO SIRVE PARA EVALUAR COMPETENCIAS. Su redacción, en los decretos, es pésima e irreal (he explorado varias asignaturas además de las que imparto). La recomendación de Europa de unificar un sistema educativo basado en la evaluación de competencias se ha traducido en una cascada de prótesis que termina en un engendro imposible de llevar a cabo. Lo triste es que todo ello revierte en el eslabón más débil: el alumno que actúa de cobaya y el docente que, si todavía mantiene su pasión por la docencia intentará amortiguar los envites de este engendro académico. El precio que ha de pagar es ansiedad, impotencia y frustración. Definitivamente, el sistema seguirá expidiendo títulos incluso al género vacuno.

El actual es el peor sistema para evaluar en competencias, al menos es el peor de los que se han inventado hasta ahora. Me van a permitir que justifique el tono sarcástico de mi reflexión: a un delito público corresponde una denuncia pública. Y este delito radica en un doble intrusismo. Intrusismo ideológico, pues los políticos se arrogan la potestad de educar a los menores de edad desde su propia perspectiva antropológica y ética (la perspectiva de género de Irene Montero contraria al feminismo radical); y ello con la excusa de transmitir valores constitucionales. E intrusismo pedagógico, pues los pedagogos se atribuyen la potestad de organizar los pormenores de la ejecución de las clases, con la excusa de la evaluación en competencias recomendada por Europa.

Y hago la denuncia en nombre de los compañeros a los que durante tantos años he visto penar al elaborar programaciones imposibles, frustrándose por ver alumnos –que necesitan repetir– pasar de curso porque el decreto ha decidido que la repetición ha de ser «excepcional». Alumnos frustrados que abandonan el Bachillerato porque se les hizo creer que también se les regalaría este título. ¿Acaso ignoran que un tercio de los alumnos de 1º de la ESO no tienen motivación académica alguna porque sus padres solo utilizan el centro educativo a modo de guardería? Y ¿no son conscientes de que somos nosotros, los sumisos docentes, quienes vamos a estrujarnos los sesos para lograr que el resto de compañeros no se contagien de la desmotivación de estas pobres víctimas de un ambiente familiar con desafecto? ¿Cómo se puede atrever un político y sus ideólogos a crear un sistema educativo sin siquiera asomarse a la experiencia docente?

¿Cómo se atreve un político de un signo u otro a utilizar el sistema educativo como herramienta para mantenerse en el poder? El pacto político será imposible mientras haya políticos sin escrúpulos que utilizan las leyes educativas para su propio interés. Aunque esto dañe irremediablemente a generaciones enteras de estudiantes y provoque ansiedad y frustración a una de las profesiones más nobles de la polis, la profesión del docente. Por el amor de Dios, abandonen de una vez el intrusismo en la docencia: dejen a los chavales en paz y respeten nuestro trabajo.